Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron dos operaciones de contrabando de personas cerca de la frontera de Texas la semana pasada, lo que resultó en el arresto de más de 200 extranjeros ilegales en dos semi-remolques, dijo la agencia.
La agencia federal dijo en un comunicado de prensa del 7 de diciembre que los agentes de la Patrulla Fronteriza de dos puestos de control cerca de Laredo, Texas, frustraron los intentos de contrabando y descubrieron a 218 personas de los países de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Ecuador y Nicaragua.
En la noche del 4 de diciembre, agentes de la CBP —con la ayuda de un agente canino— detuvieron un semi-remolque que se acercaba al puesto de control al oeste de Freer, Texas, para una inspección de inmigración, y descubrieron 138 individuos escondidos y apretados dentro del remolque. Se descubrió que todos los individuos estaban presentes ilegalmente en Estados Unidos.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a las personas, junto con el conductor, un ciudadano estadounidense. Fueron puestos bajo custodia en espera de la investigación.
En un segundo incidente en la noche del 5 de diciembre, los agentes de la CBP intentaron detener un semi-remolque cuando se acercaba al puesto de control de la I-35. Sin embargo, el conductor no se detuvo en el punto de inspección principal, aunque finalmente cumplió las órdenes de los agentes.
Un total de 80 personas fueron encontradas hacinadas dentro del semi-remolque, y fueron puestas bajo arresto en espera de la investigación de Seguridad Nacional.
El vehículo fue incautado por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.
La CBP dijo en el comunicado que en el momento del arresto, la mayoría de los 218 individuos no llevaban ningún equipo de protección personal (PPE) a pesar de que estaban confinados en espacios reducidos en los remolques.
El agente jefe de la patrulla del sector de Laredo, Matthew Hudak, dijo en un comunicado que los dos incidentes ilustran la peligrosa cantidad de contrabando de personas que se produce utilizando grandes vehículos comerciales.
«Estos vehículos no están hechos para transportar personas, poniendo a los extranjeros en riesgo de lesiones que amenazan su vida y no ofrecen ninguna protección contra el COVID-19 u otras enfermedades infecciosas», dijo.
A todos los individuos se les realizó una evaluación médica y no se encontró que ninguno requiriera atención, dijo la CBP.
A principios de este año, la CBP anunció que había descubierto el túnel de contrabando transfronterizo más largo que se haya encontrado a lo largo de la frontera sudoeste de Estados Unidos y México, después de una «desafiante» operación de varios años.
La CBP dijo en un comunicado de prensa del 29 de enero que el túnel transfronterizo ilícito fue descubierto por primera vez en agosto de 2019 y se extendía más de tres cuartos de milla desde un sitio industrial en Tijuana, México, hasta la zona de San Diego.
Con alrededor de cinco pies y medio de altura y dos pies de ancho, el túnel contaba con un extenso sistema de rieles y carros, ventilación, cables y paneles eléctricos de alto voltaje, un elevador en la entrada del túnel y un elaborado sistema de drenaje.
En los últimos años, el presidente Donald Trump ha intensificado los esfuerzos para abordar las advertencias de la CBP sobre los esfuerzos orquestados por los traficantes de personas para traer individuos a Estados Unidos.
A principios del año pasado, el gobierno de Trump puso en práctica los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), más conocidos como la política de «Permanecer en México», en un intento por frenar el flujo de inmigrantes ilegales y evitar los casos de refugiados fraudulentos o no meritorios. La política envía a los migrantes de regreso a México mientras esperan que un tribunal procese sus solicitudes de asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que se evaluaba la eficacia de los MPP (pdf) en octubre de 2019, en el que se determinó que la política había demostrado eficacia operativa al reducir el número de detenciones de inmigrantes ilegales y restablecer la integridad del sistema de inmigración.
Con información de Janita Kan.
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