La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi (D-Calif.), anunció durante una conferencia de prensa el 12 de mayo que los demócratas presentarán una ley que otorgará al presidente Joe Biden nuevos y amplios poderes para imponer límites de precios a las compañías petroleras.
En el último año, el precio de la gasolina aumentó drásticamente. Según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento de Trabajo, los consumidores pagan hoy en día un 43.6 por ciento más por la gasolina que hace un año.
Aunque ambos partidos reconocen que los precios están subiendo a un ritmo casi sin precedentes, los republicanos y los demócratas sugieren causas muy diferentes para el fuerte aumento.
Los republicanos culpan del aumento de los precios a las «políticas energéticas antiestadounidenses» de Biden, incluida su temprana decisión de detener la construcción del oleoducto Keystone XL y de establecer una moratoria para el arrendamiento de tierras federales a las empresas de petróleo y gas natural.
Los demócratas, por su parte, sostienen que el aumento se debe a la invasión rusa de Ucrania y a los «precios abusivos» de las empresas petroleras y de gas natural.
Pelosi anunció el 12 de mayo que los demócratas intentarían contrarrestar esta supuesta especulación de precios mediante un proyecto de ley que se presentará esta semana.
El proyecto de ley, denominado «Consumer Fuel Price Gouging Prevention Act», otorgaría a Biden el poder de «emitir una declaración de emergencia energética que haga ilegal el aumento de los precios del gas y de la energía doméstica de forma explotadora y excesiva, lo que forma parte del plan de negocio de estas empresas», dijo Pelosi.
«Mientras las familias luchan por pagar precios más altos en el surtidor, las compañías petroleras y de gas están registrando beneficios récord, con las siete mayores compañías petroleras anunciando recompras que podrían sumar 41,000 millones de dólares solo este año», dijo Pelosi.
«Una y otra vez vemos que los precios de la gasolina suben, a veces cuando el precio del petróleo baja», continuó. «Hay que poner fin a los precios abusivos. Se trata de una gran explotación del consumidor, porque es un producto que el consumidor debe tener».
«Reitero, el alza de impuestos de Putin en el surtidor forma parte de esto y uno pensaría que las compañías petroleras compensarían eso en lugar de explotar la oportunidad (…) Así que lo que hace este proyecto de ley es que hay que abordar el fraude en los precios, incluyendo nuevas herramientas en la FTC [Comisión Federal de Comercio] para abordar esos abusos», además de los nuevos poderes que otorgaría al presidente.
En un correo electrónico enviado al The Epoch Times, el Instituto Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute), que aboga por políticas que incentiven la extracción y el refinado del petróleo, denunció el proyecto de ley como una «postura política».
«En lo que respecta a los precios de la gasolina, los estadounidenses buscan soluciones, no posturas políticas», dijo el vicepresidente senior de Economía y Asuntos Regulatorios del Instituto Estadounidense del Petróleo, Frank Macchiarola. «Esta es una industria de tomadores de precios, no de creadores de precios, y repetidas investigaciones en profundidad de la Comisión Federal de Comercio han demostrado que los cambios en los precios de la gasolina se basan en factores de mercado y no se deben a un comportamiento ilegal».
«El precio en el surtidor que los estadounidenses están pagando actualmente es una función del aumento de la demanda y el retraso de la oferta, combinado con la agitación geopolítica y la incertidumbre política de Washington».
El proyecto de ley, cuando se presente en la Cámara, probablemente se aprobará por una votación más o menos igualitaria.
Sin embargo, en el Senado, donde la mayoría de la legislación debe superar un umbral de 60 votos de filibusterismo antes de poder pasar a una votación por mayoría simple, es probable que el proyecto se estanque.
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