Opinión
El 10 de agosto, el canadiense Robert Schellenberg perdió una apelación contra una sentencia de muerte, pronunciada en un tribunal del noreste de China. En China, la «justicia» normalmente es rápida en estos asuntos. Excepto que la guillotina del Partido Comunista Chino (PCCh), al menos por el momento, probablemente se detenga por la política de alto perfil del caso. Beijing está intentando utilizar la vida de Schellenberg como garantía para detener la extradición de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou. En realidad, si matan a Schellenberg, Wanzhou con seguridad sería extraditada de inmediato.
La noticia de la última sentencia de muerte contra Schellenberg conmocionó a la opinión pública canadiense. El ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau, dijo acertadamente que Canadá condena la decisión. Luego vino el pronunciamiento, el 11 de agosto, de una sentencia de prisión de 11 años contra otro rehén por el caso de Meng, el empresario canadiense Michael Spavor.
La declaración de Garneau decía: «Hemos expresado repetidamente a China nuestra firme oposición a este castigo cruel e inhumano y seguiremos colaborando con los funcionarios chinos al más alto nivel para conceder el indulto al Sr. Schellenberg».
Garneau continuó: «Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos y condenamos la naturaleza arbitraria de la sentencia del Sr. Schellenberg».
La líder conservadora de Canadá, Erin O’Toole, fue más allá. Les dijo a los periodistas el 10 de agosto: “La negación de las apelaciones de Robert Schellenberg debe verse como lo que es: un gobierno extranjero que planea quitarle la vida a un canadiense por razones políticas. El uso de la pena de muerte ya es bastante malo, pero imponerla por razones políticas es imperdonable”.
La violencia política es el elemento de definición central del terrorismo.
O’Toole señaló con astucia que el tratamiento reprobable de los tres canadienses demuestra que los canadienses no están seguros en China. “Los canadienses simplemente disfrutaron celebrando los asombrosos logros de nuestros atletas en Tokio. Sé lo duro que están entrenando nuestros atletas para Beijing, pero nos estamos acercando a un punto en el que no será seguro para los canadienses, incluidos los atletas olímpicos, viajar a China”.
Los atletas canadienses no son los únicos en riesgo en China. Todos los atletas y ciudadanos de las democracias, y de cualquier otro lugar, están en riesgo. Los llamados Juegos del Genocidio de Beijing, que deberían llamarse así debido a los genocidios duales contra los uigures y Falun Gong, deberían moverse, por la seguridad de los atletas y de los espectadores y para presionar a Beijing para que detenga sus políticas genocidas.
Calvin Chrustie, asociado senior de una empresa de seguridad canadiense, le dijo por correo electrónico a The Epoch Times que “el arresto y la detención de canadienses deberían reforzar lo que muchas democracias occidentales y sus instituciones de seguridad han estado aconsejando a sus ciudadanos y empresas. China es como Irak, Somalia, Afganistán, Venezuela, etc., para los viajeros. Ya sea para empresas o para los Juegos Olímpicos, el riesgo seguirá siendo alto y la capacidad para resolver y mitigar la amenaza es baja”.
La sentencia original contra Schellenberg, por presunto tráfico de drogas, era de 15 años de prisión. Apenas unas semanas después del arresto en Canadá de Meng Wanzhou, a finales de 2018 por presunto fraude bancario por tratos con Irán, China reabrió el caso de Schellenberg bajo la acusación más grave de tráfico internacional de drogas, cuya pena máxima es la muerte.
China volvió a condenar a Schellenberg y luego dictó la pena capital. Al parecer, Beijing planeó que la amenaza de muerte causara terror entre los canadienses.
Spavor fue detenido el 10 de diciembre de 2018, poco después del arresto de Meng. Si se extradita a Meng a Estados Unidos, Spavor y otros canadienses pueden volver a ser condenados y sentenciados al igual que Schellenberg. No hay estado de derecho en China, solo gobierna para los intereses contraproducentes del Partido Comunista Chino (PCCh).
Michael Kovrig, un exdiplomático canadiense, fue detenido el mismo día que Spavor, por el mismo presunto delito. Kovrig aún enfrenta cadena perpetua. No se han hecho públicas las pruebas contra los Michaels, los diplomáticos canadienses no han podido asistir a sus comparecencias ante el tribunal, como es su derecho, y los dos están encarcelados en condiciones aisladas e inhumanas.
En marzo, el primer ministro Justin Trudeau dijo: «Su detención arbitraria es completamente inaceptable, al igual que la falta de transparencia en torno a estos procedimientos judiciales».
El embajador de Canadá en China, Dominic Barton, dijo que no es una coincidencia la última sentencia de muerte contra Schellenberg.
China anunció la sentencia de muerte a Schellenberg justo antes de una decisión en el caso de extradición de Meng. Esta es China apuntando con un arma a la cabeza de Canadá y diciendo: «Alégrame el día».
Robert Oliphant, secretario parlamentario del ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, calificó las detenciones de Kovrig y Spavor como «secuestros selectivos». Canadá califica la detención y las amenazas de China contra Schellenberg, Spavor y Kovrig como una «diplomacia de rehenes».
Los tres son ciertamente rehenes. Pero «diplomacia» es un término demasiado digno para el PCCh.
Considere los secuestros arbitrarios de ciudadanos honrados, y una amenaza de muerte que conmociona a un público canadiense aterrorizado. Considere la posibilidad de un supuesto director financiero corporativo, en una empresa apoyada por el PCCh, que supuestamente perpetra un fraude bancario y un acuerdo ilícito con Irán.
Una ejecución de Schellenberg por su poco creíble trafico de drogas a China no sería la primera ni la última contra un canadiense debido a decisiones tomadas desde Beijing. Desde otro lado, el fentanilo y otras drogas ilegales chinas inundan Canadá a través de sus puertos de la costa oeste.
En abril, se descubrió un laboratorio ilegal de fentanilo en la Columbia Británica, tal laboratorio es capaz de producir suficiente opioide sintético en tres semanas como para matar a todos los canadienses.
Un consultor de seguridad canadiense, que pidió permanecer en el anonimato, le escribió a The Epoch Times sobre «las conexiones entre la importación de precursores chinos y la producción de fentanilo en la parte baja del continente». Continuó, «las redes que importan estos precursores tienen conexiones directas con organizaciones criminales asiáticas».
El modo en que Beijing, que tiene a toda China bajo vigilancia, ha mirado hacia otro lado mientras el fentanilo chino y sus precursores inundan Canadá y Estados Unidos, donde el opioide está matando a decenas de miles de personas anualmente, no sólo está vinculado al crimen organizado, sino que, dada la aquiescencia del Estado, debería considerarse un crimen contra la humanidad.
De hecho, el régimen chino está utilizando el fentanilo como una forma de aterrorizar a las democracias para que cumplan con las muchas demandas de Beijing.
Esto, junto con otras formas de agresión del PCCh, debe reconocerse como una forma de terrorismo. El académico de la Universidad de Chicago, Teng Biao, y la abogada internacional de derechos humanos Terri Marsh, han argumentado lo mismo.
China se esfuerza por construir y pulir las apariencias de un gobierno legítimo. Pero la verdad, como debería ser evidente a partir de los casos de Schellenberg y de los dos Michaels, por no mencionar la introducción de fentanilo por parte de China en Norteamérica, es que el PCCh está más cerca de ser una organización terrorista. Y, esa organización terrorista está buscando pronunciar una sentencia de muerte sobre la democracia.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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