El Departamento de Defensa de EE. UU. está deteniendo todas las acciones relacionadas con su mandato de vacunación contra el COVID-19 luego de que el presidente Joe Biden promulgara—la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2023—que incluye el fin del mandato, dijo el departamento el 23 de diciembre.
“La NDAA requiere que, a más tardar 30 días después de la promulgación, el secretario de Defensa rescinda el mandato de que los miembros de las Fuerzas Armadas se vacunen contra el COVID-19. Como resultado, el Departamento rescindirá el mandato y actualmente se encuentra en proceso de desarrollo de nuevas directrices. Durante este proceso, estamos deteniendo todas las acciones relacionadas con el mandato de la vacuna contra COVID-19″, dijo un portavoz del Pentágono a The Epoch Times en un correo electrónico.
“La salud y la preparación de nuestras fuerzas son cruciales para la capacidad del Departamento para defender a nuestra nación, y el secretario Austin continúa alentando a todos nuestros miembros del servicio, empleados civiles y personal contratista a vacunarse y ponerse los refuerzos para garantizar la preparación de nuestra fuerza total”, agregó el portavoz.
Biden firmó horas antes la NDAA a pesar de haber declarado a principios de mes que se oponía a poner fin al mandato, y de que la Casa Blanca indicó en un momento dado que el presidente podría vetarlo.
En un mensaje firmado, Biden no mencionó el fin del mandato, pero sí dijo que varias partes del proyecto de ley le parecían preocupantes.
El proyecto de ley establece que, a más tardar 30 días después de la promulgación de la legislación, el secretario de Defensa de EE.UU. «rescindirá el mandato de que los miembros de las Fuerzas Armadas se vacunen contra la COVID-19».
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, designado por Biden, impuso el mandato en agosto de 2021 y lo ha mantenido incluso cuando la eficacia de las vacunas ha caído en picado desde que la variante ómicron comenzó a circular a finales de ese año.
Los funcionarios del Pentágono se habían negado en los últimos días a realizar comentarios sobre el proyecto de ley, señalando que aún no se había terminado. Los militares se preguntan qué ocurrirá con ellos.
El proyecto de ley también exige que el secretario de Defensa presente ante el Comité de Servicios Armados del Senado y el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes un informe periódico sobre el mandato de vacunación. El informe incluirá el número de solicitudes de exención religiosa presentadas y denegadas, y el motivo de las denegaciones.
Cada sección militar ha rechazado la mayor parte de las solicitudes de exención religiosa y ha dado de baja a algunos miembros cuyas solicitudes fueron denegadas. Los jueces han impedido a tres de las secciones dar de baja a esos miembros, al considerar que el ejército infringía las leyes federales, incluida la Ley de Restablecimiento de la Libertad Religiosa, en el trato que daba a los miembros religiosos que solicitaban la exención.
El primer informe de Austin debe presentarse dentro de los 90 días posteriores a la promulgación del proyecto de ley.
Oposición
Biden enumeró varias disposiciones a las que se opone, incluida una que prohíbe el uso de fondos asignados por el Departamento de Defensa para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo al control de ciertos países extranjeros, y el proyecto de ley también prohíbe que los fondos transfieran a algunos de los detenidos a Estados Unidos.
«Desde hace tiempo, el poder ejecutivo considera que estas disposiciones merman indebidamente la capacidad del poder ejecutivo para determinar cuándo y dónde procesar a los detenidos de Guantánamo y dónde enviarlos una vez puestos en libertad. En algunas circunstancias, estas disposiciones podrían dificultar el cumplimiento de la sentencia firme de una corte que haya ordenado la liberación de un detenido en virtud de un recurso de habeas corpus, incluso limitando la flexibilidad del poder ejecutivo con respecto a su participación en delicadas negociaciones con países extranjeros sobre el posible traslado de detenidos. Insto al Congreso a que elimine estas restricciones lo antes posible», declaró Biden.
El presidente también se opuso a otras partes de la legislación que requieren que el presidente y otros funcionarios del Poder Ejecutivo presenten informes a las comisiones del Congreso. Los requisitos expondrán información clasificada altamente sensible, dijo Biden.
Otra parte del proyecto de ley exige que los designados presidenciales compartan información con los funcionarios del Congreso.
«Las conclusiones del Congreso en la sección 7201 de la ley dejan claro que el intercambio de información en cuestión está diseñado para garantizar que el Congreso disponga de información relativa a las amenazas de ciberseguridad y contrainteligencia para el propio Congreso», dijo Biden. «Por lo tanto, interpreto que los requisitos de la sección 7201 de la Ley se limitan al intercambio de información relacionada con dichas amenazas de ciberseguridad y contrainteligencia para el poder legislativo».
A pesar de oponerse a algunas partes del proyecto de ley de financiación, el presidente la promulgó.
Tanto la Cámara y el Senado aprobaron la legislación a inicios de este mes en votaciones bipartidistas. Su presupuesto asciende a USD 858,000 millones.
Reacciones
Varios miembros elogiaron el proyecto de ley.
El representante Michael McCaul (R-Texas), quien vio incluidos varios de sus proyectos de ley, entre ellos la Ley de Política de Taiwán, dijo que el proyecto «¡hará de nuestro mundo un lugar más seguro!».
La Ley de Política de Taiwán asigna casi USD 4500 millones en ayuda de seguridad a Taiwán, designa a Taiwán como aliado principal y pretende reforzar la defensa de Taiwán como forma de contrarrestar al Partido Comunista Chino.
La senadora Jeanne Shaheen (D-Conn.) dijo que la legislación de financiación de la defensa combatiría el tráfico de fentanilo, impulsaría las cadenas de suministro nacionales y ayudaría aún más a Ucrania en su guerra con Rusia con otros USD 800 millones para Ucrania.
“Estoy orgullosa de haber dado forma a la nueva ley anual de defensa”, dijo.
Los opositores a la legislación dijeron que esta contenía gastos innecesarios, como la ayuda a Ucrania.
“La NDAA de 2023 está sobredimensionada y contiene elementos woke que no mejoran la preparación militar», dijo el representante Andy Biggs (R-Ariz.).
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