Alegando que se han excedido, las iglesias de Minnesota y los propietarios de pequeños negocios han presentado una demanda federal para anular las órdenes de emergencia del gobernador demócrata, Tim Walz, que en gran medida han cerrado la sociedad civil y han paralizado la actividad económica en el estado.
El cierre en Minnesota comenzó el 17 de marzo.
La demanda de derechos civiles es una de las más de 40 demandas presentadas en las últimas semanas que cuestionan las políticas de cierre que están en vigor en varios estados del país y que tienen por objeto contener el virus del PCCh, que causa la enfermedad COVID-19. La administración Trump ha prometido tomar medidas legales contra los gobernadores que continúan imponiendo duras reglas de cierre incluso después de que la crisis haya pasado en sus estados.
Una moción para una orden de restricción temporal contra el estado fue presentada por los demandantes en la corte federal el 18 de mayo.
La demanda viene después de que otro grupo, la Coalición Libre de Pequeños Negocios de Minnesota, presentó una acción legal separada en la corte estatal luchando contra los decretos del gobernador. La demanda legal de la Coalición alega favoritismo: «La disparidad es aparente; las grandes corporaciones son favorecidas sobre las pequeñas empresas».
Litigios a favor de la libertad
Doug Seaton, presidente del Upper Midwest Law Center, con sede en Minneapolis, que presentó la nueva demanda, explicó las razones de la misma. El Upper Midwest Law Center se describe a sí mismo como un bufete de abogados sin fines de lucro y de interés público cuya misión es «iniciar un litigio a favor de la libertad para protegerse contra el exceso del gobierno, las agendas de intereses especiales y la corrupción y los abusos de los sindicatos públicos».
«El esquema [del gobernador] de seleccionar ganadores y perdedores económicos cerrando completamente algunos negocios mientras permite que otros permanezcan abiertos viola el debido proceso de la 14ª Enmienda de los negocios demandantes y la igualdad de derechos de protección», según Seaton.
Este esquema también constituye «una toma bajo la 5ª Enmienda y su prohibición de que los fieles se reúnan, viola los derechos de la 1ª Enmienda de las iglesias y los individuos. La Constitución requiere que el gobernador respete los derechos individuales de todos los ciudadanos en todo momento, adaptar estrechamente cualquier restricción, y aplicar las mismas reglas a todos».
Entre los demandantes están: la Iglesia Bautista Northland de St. Paul; el Centro Cristiano Living Word, que celebra servicios en tres ciudades; Glow In One Mini Golf LLC de Blaine; y Myron’s Cards and Gifts Inc., que tiene tiendas en cinco ciudades.
Seaton le dijo a The Epoch Times que las órdenes ejecutivas no tienen sentido.
«Las pequeñas empresas están siendo castigadas de manera anticompetitiva», dijo.
El gobernador ha señalado a las pequeñas empresas para el cierre «aunque las tiendas de grandes almacenes no puedan hacer nada mejor que cumplir con las directrices de los CDC».
«El mini golf ha sido cerrado, mientras que las tiendas de licores pueden operar», dijo.
«Todos los salones están cerrados a pesar de que tienen licencia», dijo. Esto está sucediendo a pesar de que «saben cómo manejar la sanidad y las infecciones».
El 18 de mayo, Walz relajó algunas de sus restricciones a los negocios. Algunos están ahora autorizados a abrir al 50 por ciento de su capacidad respetando el distanciamiento social, pero los bares y restaurantes todavía no están autorizados a recibir clientes para comer dentro. Los cines y los estadios siguen cerrados.
Seaton dijo que se alegraba de que «toda la presión legal y pública haya obligado al gobernador a retirarse un poco», pero su última orden «es aún peor para las iglesias y otras instituciones religiosas y mantiene las restricciones sobre los negocios relacionados con el cuidado personal».
Las iglesias son señaladas «para el cierre continuo, incluso si se puede mantener el distanciamiento social, mientras que el Mall of America y muchos grandes lugares comerciales pueden operar».
No hay retroalimentación
A Andrew Hulse, copropietario de dos salones de belleza en los suburbios de Minneapolis y uno de los demandantes en la litigación, se le ha prohibido abrir sus negocios, aunque a los peluqueros de mascotas se les permite hacerlo. En conjunto, los salones emplean a unas 20 personas, dijo.
El gobernador ha proporcionado una fecha provisional para la reapertura del 1 de junio, pero no está claro qué es lo que la próxima orden de implementación de la política proporcionará realmente, dijo Hulse a The Epoch Times en una entrevista.
Tratar con las autoridades durante la pandemia ha sido frustrante, dijo.
«No ha habido ninguna capacidad de proporcionar ningún proceso debido, ninguna manera de buscar una compensación y ninguna manera de proporcionar ninguna retroalimentación directa para que pudiéramos trabajar con alguien sobre cómo reabrir de forma segura», dijo Hulse.
«En nuestras peluquerías todas las estaciones de peluquería son semi-privadas con tres paredes alrededor», explicó.
«Estamos trabajando con algunos de nuestros vendedores que proveen desinfectantes de grado hospitalario. Hemos sido capaces de adoptar las mejores prácticas, pero no hemos sido capaces de ponerlas en práctica. Es un ambiente extremadamente controlado mucho más que caminar por Walmart y recoger una manzana que 20 personas han tocado antes que tú».
Hulse dijo que sus salones pueden abrirse sin poner en peligro al público.
«Mi abuela tiene 95 años y vive en la misma ciudad en la que nosotros vivimos. No vamos a hacer nada para ponerla en peligro. No vamos a poner a nuestros empleados o al público en peligro. Sentimos que podemos poner en marcha procedimientos que mantengan a nuestros empleados, invitados y familias a salvo y no se nos ha permitido hacer eso. Ha sido una persona la que ha tomado decisiones para cada negocio en el estado».
La oficina de Walz no respondió a las peticiones de comentarios de The Epoch Times.
Demandas en otros estados
Los juicios en otros estados para frenar los poderes de emergencia del ejecutivo han dado resultados variados.
La Corte Suprema de Wisconsin rechazó las órdenes del gobernador demócrata Tony Evers de quedarse en casa el 13 de mayo. El tribunal rechazó una petición de poner su orden en espera durante seis días para permitir al gobernador y a los legisladores elaborar nuevas reglas.
El presidente Donald Trump alabó el dictamen en Twitter, diciendo que la gente de Wisconsin «quiere seguir con sus vidas». El exfiscal general de EE.UU. Eric Holder, que sirvió en la administración de Obama, lo denunció, diciendo que el fallo del tribunal fue motivado por la política y la ideología y que «insensiblemente pone vidas en riesgo».
El 16 de mayo, un juez federal emitió una orden temporal bloqueando la orden del gobernador demócrata de Carolina del Norte, Roy Cooper, que prohibía los servicios religiosos en interiores de más de 10 personas. «No hay ninguna excepción de pandemia en la Constitución de Estados Unidos o en la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda», escribió el juez James C. Dever III.
En abril, el juez de distrito Justin Walker prohibió al alcalde de Louisville, Kentucky, Greg Fischer, que prohibiera los servicios religiosos bajo techo. La orden de Fischer era «asombrosa», «más allá de toda razón» e «inconstitucional», escribió Walker.
El 18 de mayo, un juez del estado de Oregón anuló las restricciones a las reuniones en iglesias y las reglas de quedarse en casa decretadas por la gobernadora demócrata Kate Brown. Más tarde, el mismo día, la Corte Suprema de Oregón suspendió la orden del juez, lo que permitió que el decreto de Brown siguiera vigente.
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