Un periodista acusado de cuatro delitos menores por estar en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, dijo que apelará la denegación de un juez federal de su derecho a poseer y portar un arma de fuego sobre la base de una alegación de que amenazó a «legisladores federales de alto rango» durante la incursión.
Stephen Michael Baker, de 64 años y residente en Raleigh (Carolina del Norte), dijo que se quedó perplejo cuando leyó la minuta del 14 de mayo emitida por el juez federal Christopher Cooper en Washington.
«Todo esto no solo es el colmo del absurdo, sino que no es en absoluto de lo que se me acusa», declaró Baker a The Epoch Times el 16 de mayo.
«Es una mentira que le han contado los servicios de prisión preventiva, que es una división del tribunal, y ni siquiera el Departamento de Justicia o el Gobierno, que me ha acusado de cuatro delitos menores no violentos y que no ha argumentado por sí mismo que yo sea una amenaza para la sociedad», dijo el Sr. Baker.
Dijo que su abogado, William Shipley, está preparando una apelación acelerada ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Baker, columnista de Blaze Media que estuvo en el Capitolio como periodista independiente el 6 de enero, se entregó al FBI en Dallas el 1 de marzo. El vídeo en el que se le ve siendo conducido esposado desde la caseta de vigilancia del FBI hasta un sedán que le espera se hizo viral y acumuló millones de visitas en la plataforma de redes sociales X.
Fue acusado en una querella criminal de entrar y permanecer a sabiendas en un edificio o recinto restringido sin autorización, conducta desordenada y perturbadora en un edificio o recinto restringido, conducta desordenada en un edificio del Capitolio y desfilar, manifestarse o formar piquetes en un edificio del Capitolio.
El Sr. Baker se declaró inocente de todos los cargos durante una vista celebrada el 4 de abril en Washington. En su auto de 14 de mayo, el juez Cooper denegó la petición del Sr. Baker de modificar las condiciones de su libertad provisional para permitirle poseer un arma de fuego. La decisión se basó en un informe del Sistema de Libertad Condicional y Servicios de Prisión Preventiva de los EE.UU. que alegaba que el Sr. Baker profirió amenazas mientras se encontraba en el Capitolio el 6 de enero.
«Estos problemas de seguridad se ven agravados por las supuestas declaraciones amenazadoras del Sr. Baker dirigidas a funcionarios públicos concretos durante los disturbios del 6 de enero de 2021», escribió el juez Cooper, sin especificar las amenazas ni los supuestos objetivos.
El juez también denegó la petición del Sr. Baker de que no se le exigiera notificar a los servicios de prisión preventiva antes de entrar en el Distrito de Columbia.
El juez Cooper dijo que encontraba la notificación requerida «apropiada dada la gravedad de su supuesta mala conducta dentro del Capitolio el 6 de enero, que supuestamente iba dirigida a legisladores federales de alto rango».
Baker negó rotundamente haber proferido amenazas.
«Nunca he amenazado a nadie antes, durante o después de mi estancia en el Capitolio», dijo. «¿Se está sentando algún tipo de nuevo precedente legal según el cual llamar a un legislador [improperio] o [improperio] o algo peor tomando unas copas con un amigo es ahora motivo para denegar a alguien la Segunda Enmienda y los derechos de privacidad?».
Comentario sobre la presidenta Pelosi
La declaración de los hechos del FBI en el caso alega que el Sr. Baker, tras pasar por el despacho de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), observó los daños causados por algunos de los alborotadores.
«Se llevaron el despacho de Pelosi y no podría haberle pasado a un [improperio] más digno», dijo Baker, según el documento.
El Sr. Baker dijo que el comentario fue hecho en la noche del 6 de enero mientras él y un colega creaban un video reflejando los acontecimientos del día. Los comentarios se hicieron en un hotel de Virginia después de las 8 de la tarde de ese día, dijo.
«¿Hay un solo adulto estadounidense que no sea culpable de este nuevo delito de utilizar un lenguaje colorido para describir a los legisladores federales de alto rango?». preguntó Baker.
En una petición presentada el 19 de abril, el Sr. Baker dijo al juez Cooper que necesitaba un arma de fuego para protegerse porque había recibido amenazas desde su detención y al menos dos acosadores le seguían por todo el país.
Los fiscales federales se opusieron a su solicitud de arma de fuego, alegando que comparte habitualmente su ubicación en línea.
«Su empleo no requiere que posea un arma de fuego y ha presentado un argumento insuficiente en relación con la defensa propia», escribió la fiscal federal adjunta Anita Eve en una presentación judicial del 3 de mayo. «Aunque ha alegado que tiene un supuesto acosador que sigue sus movimientos, es Baker quien publica regularmente en Internet y comparte información sobre su ubicación».
El Sr. Baker ha condenado los cargos presentados contra él, argumentando que el gobierno está más molesto por sus palabras —especialmente su cobertura crítica del 6 de enero de la Policía del Capitolio de EE.UU.— que por lo que creen que hizo el 6 de enero.
«Como he señalado sistemáticamente desde el primer juicio a los Guardianes del Juramento, las acusaciones del 6 de enero tienen más que ver con las palabras que asustan que con cualquier otra cosa», declaró a The Epoch Times. «Arrojar una manta mojada —o más exactamente un telón de acero— sobre el discurso desaprobado».
La cuestión de que un periodista del 6 de enero pida mantener el derecho a un arma de fuego antes del juicio no carece de precedentes.
En una orden de marzo de 2022, el juez de distrito Timothy Kelly a la petición del entonces acusado Stephen Horn de llevar un arma de fuego como protección. El Sr. Horn, de 25 años, periodista también afincado en Raleigh, fue posteriormente declarado culpable por un jurado de Washington de cuatro delitos menores cometidos el 6 de enero y condenado en enero a un año de libertad condicional.
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