La sentencia del 23 de junio de 2022 del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso New York State Pistol y Rifle Association versus Bruen ha llevado a algunos tribunales a replantear qué constituye realmente un caso de Segunda Enmienda.
Bajo la decisión Bruen, las leyes de armas deben ajustarse al texto de la Segunda Enmienda y coincidir con una ley similar de la época en que se ratifique la enmienda para ser consideradas constitucionales.
Antes de la decisión Bruen, los tribunales usaban una prueba de ponderación de medios para determinar si el propósito de la ley violaba la enmienda.
Desde la sentencia, muchas decisiones anteriores, como los procedimientos de concesión de licencias y prohibiciones de porte de armas de fuego, han sido anuladas.
Este nuevo criterio ha llevado a los defensores de la seguridad de las armas a reactivar los periodos de espera para la compra de armas, que desaparecieron en gran medida tras la implantación del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS, por sus siglas en inglés) como medida para reducir las muertes por armas de fuego.
En la actualidad, 10 estados -Hawaii, California, Washington, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Rhode Island, Florida, Illinois y Maine- y el Distrito de Columbia exigen periodos de espera para compras de armas de fuego.
Los tribunales de distrito de Colorado y Nuevo México han confirmado los períodos de espera en esos estados. Sin embargo, el caso de Nuevo México, Ortega contra Grisham, sigue su curso.
El periodo de espera de 10 días de California fue impugnado por la Fundación Second Amendment. Los activistas por los derechos a portar armas dicen que están planeando emprender acciones legales en Maine por su recientemente adoptado periodo de espera de 72 horas.
La Ley Brady de Protección contra la Violencia Armada de 1993 establecía un periodo de espera de cinco días, que fue anulado en 1998 cuando comenzó a funcionar el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales.
Algunos tribunales han dictaminado que la Segunda Enmienda permite los periodos de espera, ya que solo regula la compraventa de armas de fuego, no las armas en sí.
El 13 de noviembre de 2023, un juez de Colorado dictaminó que la Segunda Enmienda garantiza el derecho a poseer y portar armas, pero no el derecho a tomar posesión inmediata de un arma al comprarla.
En el caso Rocky Mountain Gun Owners y Alicia García contra [el gobernador de Colorado] Jared Polis, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. John L. Kane dictaminó que los demandantes no habían demostrado un perjuicio significativo por la aplicación de un período de espera de tres días para la compra de un arma en Colorado.
García es un instructor de armas de fuego con sede en Colorado, oficial de seguridad en el campo de tiro, tirador de competencia y coleccionista de armas.
Kane escribió que un período de espera no infringe la Segunda Enmienda bajo el estándar establecido por NYSRPA versus Bruen.
«A partir de esta lectura del texto simple [de la Segunda Enmienda], está claro que la conducta relevante afectada por el período de espera —la recepción de un arma de fuego pagada sin demora— no está cubierta», escribió Kane en la sentencia de noviembre.
El debate
Tom Grieve, abogado residente en Wisconsin y presentador de un canal de YouTube especializado en la Segunda Enmienda, aseguró que un periodo de espera obligatorio viola el concepto de derechos inalienables.
Dijo que infringe la Segunda Enmienda en virtud del hecho de que la Segunda Enmienda es el único derecho al que se aplica.
«¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de ir a la iglesia [en virtud de la Primera Enmienda]?», preguntó a The Epoch Times.
David Plank, director de comunicaciones de Colorado Ceasefire, dijo a The Epoch Times que ninguna ley es perfecta y que los beneficios de un período de espera superan los costos.
Durante el período de espera, las personas pueden evitar situaciones peligrosas, permanecer cerca de familiares y amigos, y acceder a otras herramientas de autodefensa, dijo.
«Hay otras formas de protegerse además de comprar un arma», añadió.
Los demandantes de Colorado sostienen que se les vulneraron sus derechos amparados por la Segunda Enmienda y que se vieron obligados a gastar tiempo y dinero adicionales por una ley que hace poco por evitar muertes o delitos.
García alega que el periodo de espera le costó un negocio porque no pudo obtener una escopeta a tiempo para asistir a un evento en Virginia. Dijo que perdió la oportunidad de atraer a nuevos clientes.
Kane escribió que las pruebas presentadas por el Estado indicaban que el periodo de espera podía evitar muertes por armas de fuego.
«En aras de la claridad, salvar aproximadamente a 100 personas en Colorado este año supera el daño agregado de gastos mínimos de tiempo y oportunidades de negocio sacrificadas», señala la decisión de Kane.Plank, propietario de un arma, y dijo que apoya el período de espera.
Afirmó que su organización apoya las leyes de almacenamiento de armas, las órdenes de protección de riesgo extremo —como las leyes de bandera roja— y otras medidas.
«Nuestra agenda se enfoca en la prevención de la violencia armada», afirmó. «Esto era algo que nos pareció bien».
Quienes se oponen a la ley aseguran que los datos son vagos y no demuestran de forma concluyente que el periodo de espera haya evitado suicidios o delitos.
Al mismo tiempo, los periodos de espera han costado la vida a víctimas de violencia doméstica, afirmó García, demandante de Colorado. La autoprotección es competencia del individuo, no del Estado, añadió, y prometió recurrir la decisión.
«No es la posición ni el lugar [de un juez] determinar las necesidades de los demás», dijo García a The Epoch Times. «No hay limitaciones en la importancia de mi vida».
Según la ley, la compra de un arma no puede completarse hasta al menos tres días después de que un vendedor de armas con licencia inicie una comprobación de antecedentes, como exige la ley estatal o federal, o haya recibido aprobación para transferir el arma y completado una comprobación de antecedentes, lo que ocurra después.
El objetivo es ofrecer un periodo de «reflexión» a personas con tendencias suicidas o que estén pensando en cometer un delito. Sus defensores argumentan que los estudios han demostrado que los periodos de espera reducen los suicidios entre un 7% y un 11% y los homicidios con armas de fuego hasta un 17%.
El gobernador de Colorado, Polis, firmó la ley el 28 de abril de 2023 y entró en vigor desde el 1 de octubre.
Plank reconoció que existen dudas sobre la información. Dijo que para la mayoría de las personas, los datos son solo una parte del proceso de toma de decisiones.
«Realmente depende de dónde vengas. Si uno es muy inflexible [en uno u otro lado del debate], no le satisfará ninguna de las investigaciones disponibles. La investigación muestra algún beneficio [de seguridad], y eso es bueno», dijo Plank.
La diputada republicana Stephanie Luck, del estado de Colorado, no está convencida. Votó en contra del proyecto de ley, diciendo que las pruebas presentadas por los defensores de seguridad de las armas no eran convincentes.
Señaló que el estudio no mostraba cuántas armas, si es que había alguna, se habían obtenido en los tres días siguientes a la muerte que se les atribuía.
Tampoco pudieron demostrar que los periodos de espera impidieran que las personas encontraran otros medios para hacerse daño a sí mismas o a los demás. Cree que hay otra razón por la que los grupos de control de armas luchan por los periodos de espera.
«Los periodos de espera no tienen que ver con la seguridad, sino con el control», declaró Luck a The Epoch Times.
Dijo que hay casos documentados en los que mujeres resultaron heridas o muertas durante los periodos de espera.
García, la demandante de Colorado, coincidió. Dijo que, como mujer hispana de baja estatura, considera su arma una herramienta vital.
«No puedes decir [a un acosador]: ‘Por favor, no me hagas daño en los próximos tres días», dijo García a The Epoch Times. «Mi pistola es el igualador».
Plank dijo que es probable que se establezcan periodos de espera en todo el país, ya que la gente busca otros medios de prevenir las muertes por armas de fuego. Hasta ahora, los tribunales han confirmado los periodos de espera.
Norma de Maine
Maine tiene una de las leyes más recientes, un requisito de periodo de espera de 72 horas, que entró en vigor el 9 de agosto.
Joshua Raines, vicepresidente de Gun Owners of Maine, dijo que su organización pedirá a un juez una orden judicial contra la norma que describió como una «reacción instintiva» al tiroteo masivo del 25 de octubre de 2023 en Lewiston, Maine.
En ese crimen, un veterano del ejército con problemas de salud mental documentados acabó con la vida de 18 personas e hirió a 13.
Raines dijo que la falta de aplicación de las leyes existentes permitió que se produjera ese tiroteo. Al igual que García, Raines dijo que el período de espera pondrá en peligro a la gente.
«Para ellos, tener que esperar una cantidad adicional de tiempo [para adquirir un arma] es inconcebible», dijo. «Podrían estar esperando el resto de sus vidas».
Siga a Yeny Sora Robles en X: @YenySoraRobles
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