Comentario
¿Tiene el Senado de Estados Unidos jurisdicción para juzgar al expresidente Donald Trump? No hay escasez de respuestas absolutas de sí y no flotando en los medios.
Pero aquí está la verdadera respuesta: no lo sabemos.
Antes de seguir adelante, permítanme aclarar una cosa: creo que, en el fondo, el artículo de impeachment contra el expresidente es absurdo.
Pero si un presidente puede ser acusado y condenado después de dejar el cargo es un tema completamente diferente.
Este ensayo puede resultar difícil de seguir para algunos lectores. Pero persevera: cuando llegues al final, comprenderás por qué la verdadera respuesta es: «No lo sabemos».
La Constitución es un documento legal. Durante al menos 500 años, la forma habitual en que los tribunales ingleses y estadounidenses interpretan los documentos legales ha sido buscar la “intención de los creadores” (pdf). Si no tenemos evidencia clara de la intención real de los creadores (o, más precisamente, su comprensión), nosotros examinamos el significado público de las palabras del documento cuando se hizo efectivo.
En el caso de la Constitución, los “hacedores” fueron los 1648 delegados a las convenciones estatales que ratificaron el documento entre 1787 y 1790.
No tenemos declaraciones claras de los ratificadores sobre si el juicio de impeachment cubría a exautoridades. Así que tenemos que preguntarnos cuál fue el significado público del lenguaje del juicio de impeachment de la Constitución en el período 1787-1790. ¿Cómo lo habría entendido el público en general?
Nosotros deberemos ignorar algunos de los «precedentes» que se están discutiendo ahora porque no responden a esa pregunta.
Por ejemplo, en 1797 el Senado expulsó al senador William Blount y luego la Cámara lo acusó. El Senado se negó a juzgarlo. Realmente no estamos seguros de por qué el Senado rechazó la jurisdicción. Pudo haber sido porque el Senado no pensó que un miembro del Congreso puede ser acusado, o porque Blount ya estaba fuera de la oficina, o ambos.
Una razón por la que podemos descartar el caso Blount es que es ambiguo. Una razón más importante es que las decisiones tomadas en 1797 por lo general son una prueba pobre de lo que los ratificadores de la Constitución entendieron en circunstancias muy diferentes varios años antes.
Aquí hay otro ejemplo de ruido de fondo: en 1876, el secretario de Guerra, William Belknap, fue acusado después de dejar el cargo. La mayoría de los senadores pensaron que podían juzgarlo, pero una minoría suficiente bloqueó la condena porque pensó que no podían. Este caso también es ambiguo. Pero también es inútil porque una decisión tomada en 1876 es cero evidencia de lo que los ratificadores de la Constitución creían casi un siglo antes.
Ahora veamos algunas pruebas relevantes: el texto de la Constitución y los hechos disponibles para quienes la ratificaron. Pasemos primero al artículo I (poder legislativo).
El Artículo 1, Sección 2, Cláusula 5 otorga un poder enumerado: «La Cámara de Representantes … tendrá el exclusivo poder de impeachment«. El Artículo I, Sección 3, Cláusula 6 otorga otro: «El Senado tendrá el poder exclusivo para juzgar todos los impeachment». (Énfasis añadido.)
Observe que la Constitución otorga estos poderes de acusación a las cámaras del Congreso individualmente, no al Congreso como legislatura federal. (Los tribunales llaman a este tipo de concesión una «función federal«).
¿Qué significaba la frase «Poder de impeachment» en 1787-1790? Existe buena evidencia de que incluyó procedimientos contra exautoridades e incluso contra ciudadanos privados que nunca habían sido autoridades. A lo largo de los debates constitucionales, el Parlamento británico llevó a cabo un famoso proceso de acusación contra un exgobernador colonial llamado Warren Hastings. George Mason mencionó el caso Hastings en la sala de la Convención Constitucional.
Además, algunas constituciones estatales autorizaron explícitamente el impeachment a exfuncionarios. Los comentarios en la Convención Constitucional y en los convenios estatales que ratifican las convenciones también pueden interpretarse como una aceptación de la acusación de exfuncionarios.
Pero ese no es el final de la historia. Pasemos a otras partes de la Constitución:
Después de los poderes enumerados para impugnar y juzgar los impeachment, el Artículo I agrega restricciones (Art. I, Sec. 3, Cláusulas 6-7). Aquí están:
“Ninguna persona será condenada sin la concurrencia de dos tercios de los [senadores] presentes (…) El juicio en casos de acusación no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, fideicomiso o beneficio en Estados Unidos: pero la Parte condenada será, no obstante, responsable y sujeta a Acusación, Juicio, Sentencia y Castigo, de acuerdo con la Ley”.
Aquellos que argumentan en contra de la acusación de un exoficial señalan que este pasaje se refiere a la destitución del cargo, que solo puede aplicarse a un oficial presente. Cierto. Pero, por otro lado, también permite la descalificación, que puede aplicarse tanto a los oficiales actuales como a los anteriores.
Sin embargo, en tercer lugar (como diría Tevye en “Fiddler on the Roof”), el artículo I especifica que un exoficial puede estar sujeto a procedimientos penales normales, lo que sugiere que esos son los recursos principales contra los exoficiales.
El artículo II de la Constitución (poder ejecutivo) identifica primero al presidente; luego enumera sus poderes y deberes (pdf) y los de algunos otros funcionarios ejecutivos; finalmente, la Sección 4 define un método para remover oficiales:
«El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán destituidos de su cargo por acusación y condena por traición, soborno u otros delitos y faltas graves».
Los que se oponen a condenar a Trump confían en esta sección. Señalan que este pasaje, al igual que el anterior, parece aplicarse solo a las personas en funciones: «El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles (…) serán destituidos de su cargo». Ellos están respaldados por una guía legal que, cuando se traduce libremente del latín, dice lo siguiente: si un documento enumera algunas cosas (por ejemplo, presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles), entonces eso sugiere que el documento excluye otras cosas (por ejemplo, exoficiales).
Llevemos eso más lejos: nosotros sabemos que la Constitución de Estados Unidos excluye la acusación de ciudadanos privados que nunca han sido autoridades, aunque la Constitución no lo dice explícitamente. ¿Por qué sabemos esto? Porque los ciudadanos privados que nunca han ocupado un cargo no forman parte de la frase «presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles».
Nosotros también sabemos que es inconstitucional acusar a un miembro del Congreso. ¿Por qué? Misma razón: no están en la lista de los que pueden ser acusados.
Además sabemos, o mejor dicho, deberíamos saber que no se puede acusar constitucionalmente a una persona (ni siquiera a Donald Trump) por cuestionar una elección o decirle a una multitud que camine «pacíficamente» hasta el Capitolio de Estados Unidos. ¿Por qué? En parte porque la Constitución nos dice que los motivos para el impeachment son «traición, soborno u otros delitos graves y faltas [graves]». La lista implica que se excluyen otras razones.
Hay algo de historia que respalda la opinión de que la Constitución no permite la acusación de un exoficial: durante los años 1776 a 1786, casi todos los estados redactaron nuevas constituciones estatales. En general, los últimos restringieron el impeachment más que los anteriores, porque los estadounidenses estaban reduciendo progresivamente la ley de impeachment británica.
También sabemos que los redactores de la Constitución de Estados Unidos fueron particularmente influenciados por las constituciones de Nueva York y Massachusetts. Gran parte de la redacción de impeachment de Estados Unidos rastrea su lenguaje. A diferencia de algunas constituciones estatales anteriores, las de Nueva York y Massachusetts implicaban que los exoficiales no pueden ser acusados.
Veamos otra variable: cuando usted lee un término en un documento legal, es útil conocer las razones («políticas») detrás de él. Sabemos que una razón para el impeachment es deshacerse de las malas autoridades. Pero también existe una política para disuadir la mala conducta en el cargo. Esto aboga por permitir el juicio político de exoficiales, porque la disuasión es más fuerte si sabe que puede ser acusado después de que termine su mandato.
Sin embargo, otra política constitucional más, una que se impregna en todo el documento, en sentido contrario. Es para desalentar (aunque no siempre para prohibir) acciones consideradas retroactivas (pdf) o injustas.
Desde hace varias semanas, he estado señalando en los medios de comunicación que la prohibición de la Constitución de las «actas de acusación» argumenta en contra del impeachment a un exoficial. (También me complace informar que algunos otros comentaristas se dieron cuenta).
Un «acta de acusación» es una declaración legislativa de que una persona determinada es culpable de un delito grave. La prohibición de la Constitución de los certificados de cumplimiento es un buen ejemplo de su política contra la retroactividad y otras injusticias similares.
De alguna manera, el impeachment y la condena de un exoficial es análogo a un acta de acusación: es un decreto legislativo que saca a un ciudadano de la vida privada y lo castiga sin las protecciones normales del debido proceso del sistema judicial.
En términos coloquiales, podemos decir que a la Constitución no le gusta ese tipo de cosas. Así que podría decirse que no le gusta acusar a ciudadanos privados que resultan ser exoficiales.
Puede ver cómo va la evidencia en ambas direcciones. Una de las razones por las que la pregunta aún no tiene respuesta es porque hemos permitido que el campo de la erudición constitucional se convierta en el dominio exclusivo de los profesores de derecho, pocos de los cuales tienen los antecedentes y la capacitación necesarios para el trabajo. Además, muchos prefieren defender su agenda política (generalmente de izquierda) en lugar de investigar e informar objetivamente. Esto ayuda a explicar por qué los profesores de derecho mantuvieron un largo debate sobre el significado de la frase del impeachment «graves … delitos menores» sin consultar los libros de derecho del siglo XVIII y los estatutos que podrían haber respondido a la pregunta (pdf).
Tal vez algún día un verdadero erudito determine si la Constitución permite la impugnación de una persona que dejó su cargo. Por otra parte, tal vez nunca se responda a la pregunta.
Robert G. Natelson es un destacado constitucionalista y antiguo profesor de derecho constitucional. Es investigador principal de jurisprudencia constitucional en el Independence Institute de Denver. Entre sus muchas publicaciones constitucionales se encuentra «New Evidence on the Constitution’s Impeachment Standard:‘high … Misdemeanors’ Means Serious Crimes” (Nueva Evidencia del estándar juicio político de la Constitución: ‘graves … delitos menores’ Significan Serios Crímenes), de la Federalist Society Review, vol 21, p. 24 (2020).
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
