Un grupo de contribuyentes de Wisconsin presentó el 19 de octubre una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos para poner fin al plan de condonación de préstamos estudiantiles anunciado por el presidente Joe Biden en agosto.
La solicitud de emergencia fue presentada ante la jueza Amy Coney Barrett, que se encarga de las emergencias de Wisconsin y tiene la opción de actuar por su cuenta o remitir la petición al tribunal de nueve jueces. Los contribuyentes argumentaron que el tribunal debería desechar el programa de Biden porque invade ilegalmente el poder de gasto del Congreso.
«El ataque a nuestra separación de poderes —y al principio de que el poder de gasto corresponde exclusivamente al Congreso— es extraordinario, y quizá sin precedentes», escribió la Asociación de Contribuyentes del Condado de Brown en los documentos judiciales (pdf). «Estamos asistiendo a un aumento gigantesco de la deuda nacional logrado por un completo desprecio de las limitaciones de la autoridad constitucional de gasto».
La propuesta de Biden condonaría hasta 10,000 dólares en préstamos estudiantiles federales a quienes ganen menos de 125,000 dólares al año en el caso de los individuos o 250,000 dólares en el caso de los matrimonios o cabezas de familia, y hasta 20,000 dólares a los beneficiarios de las becas Pell que cumplan el umbral de ingresos. Según se informa, la Casa Blanca podría comenzar a procesar las solicitudes de condonación de préstamos este fin de semana.
El 14 de octubre, el Departamento de Educación de EE. UU. abrió su aplicación de condonación de préstamos estudiantiles para la prueba beta. El sitio web se lanzó el 17 de octubre con un mensaje: «La Administración Biden-Harris está proporcionando hasta 20,000 dólares en alivio de la deuda de préstamos estudiantiles para los prestatarios elegibles».
Sin embargo, el grupo de contribuyentes argumentó: «No hay ninguna justificación legal para esta usurpación presidencial del poder constitucional de gasto, que está reservado exclusivamente al Congreso», y argumentaron que tal medida «se basa en una ley aprobada en circunstancias diferentes para lograr diferentes propósitos para diferentes beneficiarios».
Se han presentado varias demandas relacionadas contra el gobierno de Biden. Los seis estados de Arkansas, Iowa, Kansas, Misuri, Nebraska y Carolina del Sur, liderados por los republicanos, presentaron una demanda en septiembre para bloquear el programa, argumentando (pdf) que Biden no tiene poder para emitir un alivio de la deuda sin una ley del Congreso.
Mientras tanto, la Libertarian Pacific Legal Foundation demandó en septiembre al Departamento de Educación de Estados Unidos ante un tribunal federal de Indiana. Un juez denegó la solicitud de pausa del programa federal.
A principios de octubre, un juez federal había desestimado el caso de la Asociación de Contribuyentes del Condado de Brown, diciendo que el grupo carecía de capacidad legal para demandar a la administración.
Los funcionarios federales no han emitido una respuesta pública o una presentación judicial a la petición de emergencia del grupo.
Los republicanos y algunos demócratas de los estados más disputados han criticado el programa. Por ejemplo, el representante Tim Ryan (D-Ohio), que se postula para un escaño en el Senado de Estados Unidos, dijo en un comunicado que está «pagando los préstamos estudiantiles de mi propia familia» y que la medida «envía el mensaje equivocado a los millones de habitantes de Ohio que no tienen un título y que trabajan igual de duro para llegar a fin de mes».
Coste
Las acciones ejecutivas de Biden que cancelan parte de la deuda de los préstamos estudiantiles costarán unos 400,000 millones de dólares, alrededor de una cuarta parte de los fondos adeudados, dijo el 26 de septiembre la Oficina Congresional del Presupuesto (CBO, por sus siglas en inglés).
Al 30 de junio, 43 millones de prestatarios tenían 1.6 billones de dólares en préstamos estudiantiles federales. Unos 430,000 millones de dólares de esa deuda serán cancelados, estimó la CBO. La CBO proyectó previamente que algunos de los fondos cancelados por la acción de Biden habrían sido condonados de todos modos.
De los 37 millones de prestatarios con préstamos directos del gobierno federal, la CBO estimó que el 95 por ciento de los prestatarios cumplen los criterios de ingresos para ser elegidos y que el 45 por ciento de los prestatarios con ingresos elegibles verán cancelada toda su deuda pendiente. En agosto, la Casa Blanca dio a conocer una estimación del «flujo de caja» de los reembolsos de préstamos no efectuados de 24,000 millones de dólares al año, o unos 240,000 millones de dólares a lo largo de una década, suponiendo que el 75% de los prestatarios elegibles lo soliciten.
El caso en cuestión es Brown County Taxpayers Association vs Biden, 22A331.
Con información de Reuters.
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