Un nuevo cargamento de combustible proveniente de Irán se ha encaminado hacia Venezuela. En esta oportunidad, la ruta será rodear el Cabo de Buena Esperanza de África con dirección hacia el Océano Atlántico, para llegar al territorio caribeño.
Estas embarcaciones forman parte de la flota que arribó en mayo a las costas venezolana, para llevar gasolina a la nación sudamericana, cuya crisis por la escasez de combustible ha alcanzado niveles preocupantes en medio de la pandemia; en las estaciones de servicio no hay gasolina, solo largas filas de venezolanos durante varios días que aspiran surtir sus vehículos «cuando llegue», lo que ha desatado entre otras cosas la viveza criolla de algunos que han almacenado el recurso y ahora lo revenden a niveles exorbitantes.
Según la agencia Reuters, los buques «Forest» y «Fortune» fueron cargados en Irán el mes pasado. En su interior, cada uno lleva 300,000 barriles de combustible llenados en la terminal de Bandar Abbas en agosto.
Aunado al Forest y Fortune, también está otro barco que participó en aquel primer envío a Venezuela y cuyo dispositivo de ubicación ahora está apagado. La sospecha va por la misma línea: se dirige al territorio suramericano.
Sin embargo, este último barco petrolero llamado «Faxon» tiene una ruta desconocida, por las medidas de encubrimiento que tomó para esquivar los radares que puedan localizarlo y confiscar la carga.
Este sería el tercer cargamento que envía el régimen de Hasan Rohaní a Venezuela. Un hecho que sube la tensión entre Teherán y Washington, pues busca evadir las sanciones impuestas a la dictadura de Nicolás Maduro por parte del presidente Donald Trump.
En mayo, Venezuela recibió una primera carga de combustible proveniente de Irán. La flotilla era conformada por cinco buques y fue recibida por una algarabía conformada por los trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), al llegar.
El segundo cargamento no contó con la misma suerte. A mediados de agostó el Gobierno de Estados Unidos confiscó cuatro buques que también llevaban cerca 1.1 millones de barriles de combustible, tras la emisión de una orden judicial, aprobada por un juez del distrito de Columbia.
La incautación se ejecutó tras una serie de alegatos presentados por cuatro fiscales que aseguran que en esta transacción, donde intervenía Venezuela, hay beneficios directos a la Guardia Revolucionaria de la teocracia islámica, una organización terrorista.
Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.
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