Una exagente de policía que desafía la norma del gobierno federal de Estados Unidos, que regula las llamadas armas fantasma que se pueden ensamblar en casa, instó el 13 de agosto a la Corte Suprema a anular la directriz.
La nueva presentación judicial anticipa los argumentos que se presentarán cuando la Corte Suprema atienda el caso de alto perfil, Garland vs. VanDerStok, lo que está previsto para el 8 de octubre.
El peticionario es el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. La principal demandada, que en realidad interpuso la demanda original, es Jennifer VanDerStok, una profesora de instituto y expolicía de Texas, que quiere fabricar sus propias armas de fuego.
«Arma fantasma» es un término utilizado para describir un arma de fuego casera que carece de número de serie y, por tanto, no puede ser rastreada por las fuerzas del orden.
Aunque algunos estados regulan las armas caseras, las organizaciones de control de armas llevan años intentando prohibir o regular las armas caseras y los kits de montaje de las armas a nivel federal, pero no han conseguido persuadir al Congreso para que actúe.
El presidente Joe Biden afirmó que las pistolas de fabricación privada, que a menudo se fabrican con kits de armas, son las «armas preferidas por muchos delincuentes».
La directriz que se encuentra en litigio es la norma gubernamental sobre «armazón o receptor», que data de abril de 2022. Esta obliga a las personas que ensamblan armas de fuego caseras a añadirles números de serie. La norma también obliga a comprobar los antecedentes de los consumidores que compran kits de armas a los distribuidores.
Las piezas de armas que se envían no dejan de ser armas y están sujetas a las leyes vigentes, argumenta el gobierno.
En junio de 2023, el juez de distrito Reed O’Connor no estuvo de acuerdo. El juez bloqueó la norma y determinó que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE. UU. (ATF), que forma parte del Departamento de Justicia (DOJ), fue más allá de su autoridad estatutaria al regular «componentes de armas de fuego parcialmente fabricados, productos de armas de fuego relacionados y otras herramientas y materiales».
En julio de 2023, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. dio la razón al juez O’Connor. En septiembre de 2023, el juez redujo su medida cautelar, pero el DOJ dijo al Quinto Circuito que estaba ignorando la orden de la Corte Suprema de octubre de 2023, que restablecía temporalmente la norma.
También en octubre de 2023, el Quinto Circuito dijo que no estaba de acuerdo con el argumento del DOJ, pero al mismo tiempo consideró que la orden judicial de O’Connor «se extendía demasiado» porque afectaba a personas que no participaban en el litigio.
La Corte de Circuito anuló la parte de la medida cautelar que se aplicaba a los clientes de kits de armas, afirmando que lo hacía basándose en las garantías del gobierno federal de que «no aplicará la Regla Final contra los clientes que compren “armazones o receptores” regulados y que, por lo demás, estén legalmente autorizados a comprar armas de fuego».
El gobierno federal apeló la sentencia, presentando una petición ante la Corte Suprema el 7 de febrero, que se la concedió el 22 de abril.
En el nuevo escrito presentado el 13 de agosto, la Sra. VanDerStok afirma que la Ley federal de Control de Armas (GCA) de 1968 regula las armas de fuego, que se definen como «cualquier arma (incluida una pistola de iniciación) que expulse un proyectil por la acción de un explosivo, o que esté diseñada o pueda convertirse fácilmente para ello», y «el armazón o el receptor de cualquier arma de este tipo».
Más o menos en la misma época, un reglamento definía «armazón o carcasa» como «la parte de un arma de fuego que aloja el martillo, el cerrojo o bloque de cierre y el mecanismo de disparo, y que normalmente está inserta en su posición delantera para recibir el cañón».
El cerrojo cierra el extremo posterior del cañón e impide la salida de gases.
Esa definición «no decía nada sobre precursores de armazones o receptores o kits de piezas», dice el escrito.
Pero en abril de 2022, la ATF creó una norma que ampliaba la definición de «arma de fuego». La norma definía «armazón o receptor» para abarcar «precursores que “pueden ser fácilmente (…) convertidos para funcionar como un armazón o receptor”».
La norma definió arma de fuego «para incluir los kits de piezas de armas que “puedan ser fácilmente (…) convertidos para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo”». La norma también modificó la definición de «armazón o carcasa» para abarcar el «alojamiento únicamente del bloque de cierre (en el caso de las carcasas) o de un componente del mecanismo de disparo (en el caso de las armazones)», dice el escrito.
Los cambios incluidos en la norma «son incoherentes con la definición de arma de fuego de la GCA», y los kits de piezas no son «armas de fuego» en el sentido de la ley, dice el escrito.
Cuando el Congreso aprobó el estatuto, eligió «centrarse en el mercado comercial de armas de fuego en lugar de la fabricación privada de armas de fuego para uso personal», lo que es una parte clave. Esto significa que la ley no cubre «los artículos utilizados en la fabricación privada de armas de fuego que la ATF intenta regular».
Solo el Congreso, no la ATF, puede hacer los cambios que la ATF desea, dice el escrito.
En su petición, el DOJ argumentó previamente que la norma debería mantenerse porque «deja claro que un kit de piezas de armas que permite a un comprador ensamblar fácilmente un arma operativa es un “arma de fuego”».
«Esas disposiciones de la norma reflejan el significado llano de las disposiciones pertinentes» de la GCA, que el Quinto Circuito “no analizó de manera significativa”.
La interpretación de la corte de circuito «frustraría el diseño de la Ley y haría trivialmente fácil eludir los requisitos centrales de las leyes federales sobre armas de fuego», según la petición.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para pedirle comentarios sobre el nuevo escrito, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
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