Los fiscales renovaron el 31 de mayo su solicitud de orden de silencio contra el expresidente Donald Trump en el caso de los documentos clasificados, después de que la jueza federal rechazara anteriormente una solicitud, sin prejuicio y por razones de procedimiento.
«El Gobierno se mueve para modificar las condiciones de liberación del acusado Donald J. Trump, para dejar claro que no puede hacer declaraciones que supongan un peligro significativo, inminente y previsible para los agentes de la ley que participan en la investigación y el enjuiciamiento de este caso», dice la moción.
Los fiscales de la oficina del abogado especial, Jack Smith, habían solicitado la semana pasada una orden de silencio después de que el presidente Trump resaltara el hecho de que el FBI estaba autorizado a usar fuerza letal durante la redada en Mar-a-Lago, lo cual es un procedimiento estándar.
La jueza de distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, rechazó la moción porque los fiscales no habían consultado con la defensa adecuadamente, y la jueza criticó a los fiscales por esta falta de profesionalismo, advirtiendo que futuras instancias de tal conducta justificarían sanciones.
El gobierno argumenta que Trump pone en peligro al FBI
Los fiscales argumentaron que la orden de silencio es necesaria porque las declaraciones del presidente Trump sobre los agentes que allanaron su residencia podrían exponer a los agentes «al riesgo de amenazas, violencia y acoso».
Ellos argumentaron que sus comentarios sobre la redada «distorsionan» la situación y han sido «intencionalmente falsos e incendiarios». También afirmaron que los comentarios han llegado a crear una «impresión gravemente engañosa» sobre la intención de los agentes del FBI hasta el punto de «sugerir que eran cómplices de un complot para asesinarle». El comentario del «asesinato» fue atribuido a Steve Bannon.
El presidente Trump había escrito en un posteo en las redes sociales que el gobierno de Biden dio autorización para usar fuerza «letal» contra él. Ese mensaje se repitió con un lenguaje más fuerte en un flujo de correos electrónicos en la que él escribió: «¡Estaban autorizados a dispararme!»
En realidad, el FBI se había coordinado con la dirección del Servicio Secreto para registrar de forma segura el lugar y que se había puesto en contacto con el abogado del presidente Trump con antelación. La familia Trump no se encontraba en el lugar durante el registro y no se sacaron armas durante la redada. Después de que la autorización de «fuerza letal» apareciera en los titulares la semana pasada, el FBI emitió una declaración explicando que siguieron el protocolo estándar.
Los comentarios del presidente Trump continuaron después de que el FBI emitiera su declaración, y los fiscales argumentaron que se trataba de una caracterización errónea intencionada.
La corte, argumentaron los fiscales, «debería tomar medidas de inmediato para detener esta peligrosa campaña para desprestigiar a las fuerzas del orden».
Los fiscales planean llamar a algunos de esos agentes del FBI como testigos en el juicio y argumentar que el presidente Trump «irresponsablemente puso un blanco en la espalda de los agentes del FBI involucrados en este caso». Ellos utilizaron como ejemplo un ataque planeado en 2022 contra una oficina del FBI en Ohio por un partidario de Trump.
Conferencia de buena fe
Esta vez, los fiscales consultaron con el abogado de la defensa, y ambas partes acordaron no estar de acuerdo, concluyendo que «no era necesaria ninguna otra conferencia».
La defensa presentó una breve declaración oponiéndose a la moción, adjunta a la moción del gobierno.
«En cuanto al fondo, la posición del presidente Trump es que la modificación solicitada es una violación flagrante de los derechos de la Primera Enmienda del presidente Trump y del pueblo estadounidense, que en efecto permitiría al oponente político del presidente Trump regular sus comunicaciones de campaña a los votantes en todo el país», declaró la defensa.
Condiciones de liberación
La orden de silencio solicitada está estructurada de forma diferente a otras órdenes de silencio que se han impuesto al presidente Trump.
Los fiscales solicitan que se modifiquen sus condiciones de libertad, lo que significa que ya no se le permitiría estar en libertad bajo fianza antes del juicio si se descubre que ha violado la orden.
Los fiscales argumentaron que no es raro que a los acusados penales se les prohíba ponerse en contacto con testigos, aunque los jueces en varios casos de Trump han reconocido que las redes sociales han hecho difícil definir el «contacto».
Al presidente Trump se le han impuesto órdenes de silencio en otros tres casos, pero los fiscales solo se refirieron a estas órdenes de pasada para apoyar un argumento de que su solicitud no violaría la Primera Enmienda.
«Al igual que cualquier otro acusado penal, el Sr. Trump no tiene un derecho ilimitado a hablar», argumentaron los fiscales, haciendo referencia a un panel de la corte federal de apelaciones que confirmó una orden de silencio en un caso separado que el Sr. Smith está procesando.
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