Las autoridades canadienses han congelado los activos financieros de personas y empresas presuntamente implicadas en las protestas en curso en Ottawa anunció el 20 de febrero Mike Duheme, subcomisario de la Policía Montada de Canadá (RCMP) de la policía federal.
Duheme dijo en una conferencia de prensa que la RCMP congeló 206 productos financieros, incluyendo cuentas bancarias y corporativas, y reveló la información de 56 entidades asociadas a vehículos, individuos y empresas.
La RCMP también repartió 253 direcciones de bitcoin con intercambiadores de moneda virtual y congeló una cuenta de procesamiento de pagos valorada en 3.8 millones de dólares, dijo Duheme.
No está claro qué ocurrirá con el dinero que ha sido congelado por las instituciones financieras.
«Seguimos trabajando en la recopilación de información relevante sobre personas, vehículos y empresas y seguimos en comunicación diaria con la institución financiera para ayudarles», dijo Duheme.
La viceprimera ministra Chrystia Freeland dijo el 15 de febrero que los bancos podrían congelar las cuentas personales y de empresas de cualquier persona sospechosa de estar vinculada a las protestas, y que no necesitarían una orden judicial para hacerlo.
Las plataformas de crowdfunding y los proveedores de servicios de pago que utilizan quedarían ahora sujetos a las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y los cambios abarcarían todas las formas de transacciones, incluidas las de criptomonedas, explicó Freeland.
«Los bloqueos ilegales han puesto de manifiesto el hecho de que las plataformas de crowdfunding y algunos de los proveedores de servicios de pago que utilizan no están totalmente contemplados en la Ley sobre el Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo», dijo Freeland.
Su anuncio se produjo en el momento en que el Primer Ministro Justin Trudeau invocó la Ley de Emergencias por primera vez en la historia de Canadá para hacer frente a las repercusiones de las protestas en curso contra los mandatos y restricciones de COVID-19 por parte de los camioneros y sus partidarios.
Antes del anuncio de Freeland, se habían recaudado 10 millones de dólares canadienses (8 millones de dólares) en GoFundMe para apoyar a los camioneros canadienses que protestan contra las órdenes COVID-19.
Sin embargo, el 4 de febrero la plataforma dijo que ya no daría los miles de millones de dólares que se habían recaudado a los organizadores y que, en su lugar, enviaría el dinero a organizaciones benéficas establecidas que han sido «verificadas por GoFundMe».
Sin embargo, un día después la plataforma cambió de rumbo y dijo que reembolsaría automáticamente los fondos a los donantes.
En respuesta, los republicanos de la Cámara de Representantes instaron el 10 de febrero a los demócratas a celebrar una audiencia para examinar lo que denominaron «silenciamiento de las grandes empresas tecnológicas» y acusaron a la plataforma de crowdfunding con fines de lucro de «discriminar selectivamente a ciertas personas al cancelar su capacidad de organizar fondos a través de su plataforma de crowdfunding».
En una carta (pdf), el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise (R-La.) y el representante James Comer (R-Ky.) también acusaron a GoFundMe de intentar «defraudar a los contribuyentes trabajadores de millones de dólares en donaciones recibidas en apoyo de una organización que promueve la libertad individual, al tratar de desviar ese dinero lejos de ellos y en su lugar canalizarlo a otras causas no relacionadas».
Los legisladores del GOP también pidieron a GoFundMe que proporcionara todos los documentos y comunicaciones relacionados con su decisión.
GoFundMe no respondió a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Tras el anuncio de GoFundMe de que redirigiría el dinero recaudado a organizaciones benéficas, los organizadores de la caravana de protesta crearon la recaudación de fondos «Freedom Convoy 2022» en GiveSendGo.
Sin embargo, el 10 de febrero el gobierno de la provincia de Ontario, en Canadá, solicitó con éxito una orden judicial para congelar los millones de dólares recaudados en esa plataforma hasta nuevo aviso.
Mientras tanto, algunos críticos han dicho que la medida del gobierno canadiense de utilizar poderes financieros para sofocar las protestas de los camioneros supone una extralimitación innecesaria.
La consultora de delitos financieros Vanessa Iafolla, experta en asuntos relacionados con el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo a The Epoch Times: «Estos nuevos poderes son una amplia extralimitación y no creo que sean medidas necesarias para mantener el orden público».
Iafolla afirmó que la medida sienta un peligroso precedente, ya que podría permitir a los gobiernos perseguir económicamente a los manifestantes por sus convicciones políticas en futuras protestas.
«En una democracia vibrante y madura, los ciudadanos y el gobierno deberían ser capaces de tolerar el desacuerdo y la disidencia, y nuestros derechos estatutarios a la protesta no deberían ser dejados de lado de forma tan torpe y antidemocrática», afirmó.
Los organizadores del Convoy de la Libertad en Ottawa han dicho repetidamente que su protesta es pacífica.
Pero en una conferencia de prensa virtual celebrada el 18 de febrero, Freeland y varios ministros del gabinete federal defendieron su decisión de utilizar amplios poderes financieros en medio de las protestas, afirmando que la economía y la democracia de Canadá «se enfrentan a una amenaza grave y financiada por el extranjero».
«No se puede permitir que estos bloqueos y ocupaciones ilegales usurpen la autoridad de gobiernos elegidos democráticamente. No se puede permitir que amenacen la paz, el orden y el buen gobierno y no se permitirá que lo hagan. Estos bloqueos y ocupaciones ilegales terminarán y terminarán para siempre», dijo Freeland.
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