Los fiscales contratados para investigar las órdenes de registro ejecutadas en un periódico de Kansas, y los domicilios de un editor y un reportero, afirman que el jefe de policía que dirigió la operación violó la ley, obstruyendo su investigación.
Según los fiscales especiales Marc Bennett y Barry Wilkerson, el exjefe de policía de Marion, Gideon Cody, indujo a un testigo o informante a retener o retrasar injustificadamente la presentación de un testimonio o información.
Los fiscales se negaron a proporcionar más información, diciendo que los detalles se incluirán en los documentos que se acompañarán en la presentación de cargos en contra de Cody. Él fue acusado de dar instrucciones a la propietaria de un restaurante local para borrar los mensajes de texto que intercambiaron antes de que se ejecutaran las órdenes de allanamiento.
La propietaria dijo que el Sr. Cody le pidió que borrara los mensajes por miedo a que la gente se hiciera una idea equivocada de su relación, que según ella era profesional y platónica.
En un número de teléfono móvil que se cree que pertenece a Cody, se dejó un mensaje de voz solicitando comentarios. No está claro quién podría representarle en el posible caso penal. Sus abogados de múltiples demandas federales sobre la redada no devolvieron un mensaje telefónico solicitando información.
El Sr. Cody fue puesto en retiro en septiembre de 2023, aproximadamente un mes después de que se ejecutaran las órdenes de allanamiento. En octubre de 2023, dimitió.
Cody y los agentes bajo su mando llevaron a cabo órdenes de allanamiento en el Marion County Record, el domicilio de Eric Meyer, director del Record, y Phyllis Zorn, reportera del Record, basándose en la sospecha de que los empleados del periódico infringieron las leyes estatales al obtener el registro de conducir de la propietaria de un restaurante.
Pero Bennett, fiscal del distrito del condado de Sedgwick, y Wilkerson, fiscal jefe del condado de Riley, consideraron que los empleados del periódico no violaron ninguna ley.
Los empleados obtuvieron originalmente el historial de conducción de una fuente. El Sr. Meyer dio instrucciones a Zorn para que consultara el registro con el Departamento de Hacienda de Kansas. El Sr. Zorn pudo acceder al registro en el sitio web del departamento, con la ayuda de un empleado del mismo.
«Phyllis Zorn no cometió ningún delito según la ley de Kansas cuando obtuvo el registro de conducir de Kari Newell», dijeron los fiscales. Más tarde añadieron que Meyer tampoco cometió ningún acto delictivo.
El marido, ya separado de la propietaria del restaurante y concejala del condado de Marion, Ruth Herbel, junto con una mujer de la localidad, que recibió el historial de conducción de parte del marido, y se lo envió a Zorn y Herbel, no infringieron ninguna ley porque la información era de acceso público, no estaba alterada y no se utilizó para estafar a la propietaria, según el informe de la fiscalía del 5 de agosto.
Las órdenes fueron el resultado de un proceso de investigación apresurado, que se basó en un aparente error de concepto de los funcionarios del condado de Marion sobre cómo funcionaba el sitio web del Departamento de Hacienda de Kansas, determinaron los fiscales. El proceso incluyó no esperar a que la Oficina de Investigación de Kansas, que había sido consultada por Cody, analizara las acusaciones antes de solicitar y ejecutar las órdenes.
Los fiscales dijeron que no había pruebas de que Cody o los agentes cometieran delitos al elaborar y ejecutar las órdenes porque pensaban que se había infringido la ley.
«Dicho de otro modo, no es un delito según la ley de Kansas que un agente de la ley lleve a cabo una investigación deficiente y llegue a conclusiones erróneas», escribieron los fiscales.
Pero Cody, sí obstruyó la justicia, concluyeron.
No está claro si los funcionarios del condado de Marion planean acusar al Sr. Cody de un delito grave o de un delito menor. Cualquiera de los dos es posible.
Seth Stern, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, dijo en un comunicado que Cody debería enfrentarse a otros cargos además de obstrucción a la justicia. «La redada en sí fue criminal», dijo el Sr. Stern, agregando que «Cody no es ni mucho menos el único culpable».
El Sr. Meyer dijo que está agradecido de que los fiscales descubrieran que el personal del periódico no cometió ningún delito, aunque cuestionó por qué les llevó todo un año. También expresó su frustración por el hecho de que el Sr. Cody sea el único funcionario que se espera que se enfrente a un proceso penal.
«Lo que creo que está ocurriendo aquí es que se le ha utilizado como chivo expiatorio», dijo el Sr. Meyer.
La empresa matriz del periódico, el Sr. Meyer, y tres empleados o exempleados presentaron demandas federales contra la ciudad de Marion y funcionarios y exfuncionarios locales, incluido Cody.
Con información de The Associated Press.
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