Decenas de jóvenes, hombres y mujeres opositores, son perseguidos por la Policía Nacional en una isla de Nicaragua, luego de un enfrentamiento entre las partes por razones políticas, que dejó varios heridos y presos, informó este martes una defensora de los derechos humanos.
Los disidentes huyeron desde ayer hacia las zonas boscosas de la Isla de Ometepe, en el Gran Lago de Nicaragua, para evitar ser capturados por policías y “paramilitares” sandinistas, que llegaron a reforzar a los agentes locales, tras el enfrentamiento ocurrido la madrugada del lunes, dijo a Efe la defensora de los derechos humanos Haydée Castillo.
“La situación es bastante complicada, el pueblo (Esquipulas, escenario del enfrentamiento) está militarizado, hoy llegaron refuerzos de la Policía, antimotines, grupos de personas, hay jóvenes, mujeres, y adultos, huyendo en la montaña, perseguida con técnica canina”, sostuvo Castillo.
La preocupación por los que huyen se debe a que las selvas de Ometepe, de un tamaño similar al archipiélago de Islas Caimán y compuesta por dos volcanes, ocultan grandes abismos y ofrecen pocas opciones para alimentarse.
Versiones encontradas
El enfrentamiento que los llevó a huir ocurrió el lunes, cuando un grupo de jóvenes intentaba colocar la bandera nacional de Nicaragua en un poste del tendido eléctrico, algo que el régimen de Ortega mantiene bajo estricta prohibición, según denunciaron los isleños.
No obstante la Policía Nacional informó que la disputa se dio cuando una patrulla atendió una denuncia sobre un grupo de personas ebrias lanzando piedras hacia una vivienda, de las cuales arrestó a cinco, mientras que un oficial fue capturado por los pobladores y liberado horas después.
La versión policial ha sido desestimada por organizaciones que defienden los derechos humanos, ya que supuestamente no se corresponde con las acciones estatales, como la suspensión del transporte acuático, el corte de la energía eléctrica, y la presencia de cientos de agentes fuertemente armados, que persiguen con perros a ciudadanos desarmados.
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Antecedentes
La situación es similar a la de 2018, durante el levantamiento popular contra el dictador Daniel Ortega, en el que cientos de pobladores se escondieron durante días en los paredones de la Laguna de Masaya para huir de los ataques armados de la Policía y paramilitares, que dejaron decenas de muertos en la ciudad del mismo nombre.
Los movimientos opositores Unidad Nacional Azul y Blanco, y Alianza Cívica por la justicia y la Democracia, lanzaron un “S.O.S. por Ometepe”, para buscar denunciar el caso a nivel internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “los hechos de violencia en Esquipulas, Isla de Ometepe”, y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) llamó a “deponer la violencia» e instó «a las autoridades a respetar y proteger la vida, integridad y libertad de los habitantes de la comunidad”.
“Incapacitados para gobernar”
Castillo reiteró que la falta de respeto por la vida de los ciudadanos «es una muestra más de que Ortega está incapacitado para gobernar, porque representa un peligro para la vida de los nicaragüenses, no solamente los opositores, sino de todos, tal como lo muestra al negarse a tomar medidas frente al COVID-19».
El conflicto sociopolítico ha dejado 328 muertos, según la CIDH, aunque el Grupo de Monitoreo Azul y Blanco, que incluye casos posteriores a los ataques armados de julio de 2018, tiene una lista de más de 700 víctimas mortales.
Más de un millar de personas han ido a la cárcel en los dos últimos años al parecer por rechazar a Ortega o su familia, de las cuales 70 permanecen presas, según los opositores, mientras que la cantidad de exiliados sobrepasa los 100,000.
Nicaragua no vivía un conflicto de tales magnitudes desde los años 1980 a 1990, también bajo el régimen de Ortega, quien actualmente lleva más de 13 años consecutivos en el poder, los tres últimos con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
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