Una decena de agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O en Barcelona han pedido al juez que les aplique la amnistía porque «en ningún caso» cometieron actos de tortura ni tratos inhumanos o degradantes, las dos excepciones que fija la ley para quedar fuera del perdón.
Así lo solicitan los abogados de nueve del medio centenar de agentes que investiga el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona por su intervención el 1-O para evitar el referéndum, en su caso en los puntos de votación situados en los institutos Pau Claris -cuatro de ellos-, Prosperidad, Ágora, Dolores Monserdá, Infante Jesús y Mediterránea.
Los agentes, representados por los abogados Javier Aranda y Sandra Melgar, del despacho Aranda, Melgar & Tasies Abogados, solicitan al magistrado en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, que en virtud de la ley de amnistía archive su procedimiento y extinga su responsabilidad criminal porque consideran que las exclusiones fijadas en la ley de amnistía no son aplicables «en ningún caso» a los hechos que se les imputan.
El escrito destaca que «prácticamente la totalidad» de los policías intervinieron el 1-O en Cataluña en defensa de la legalidad y del orden constitucional, «en cumplimiento de sus funciones» y actuando con la «proporcionalidad y la mesura necesaria», de acuerdo a una «compleja situación» y con los «escasos medios de que fueron dotados», para evitar «la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación».
Precisamente, la entidad Irídia, que ejerce de acusación popular y particular en esta causa abierta en Barcelona, la principal en Cataluña sobre las cargas policiales del 1-O, anunció ayer en un comunicado que se opondrá a que se amnistíe a los agentes ya que opina que tendrían que quedar excluidos por sus actos, que ve constitutivos de tortura o tratos inhumanos o degradantes.
Por el contrario, la defensa de estos nueve policías, a los que se atribuyen delitos de lesiones, remarca que no existe ningún fundamento para concluir que su actuación fuese constitutiva de estas excepciones para ser amnistiados.
La ley establece una tercera excepción, que en este caso no concurre en esta decena de agentes investigados, para aquellas intervenciones que provoquen resultado de muerte, aborto, lesiones o la pérdida o inutilidad de un órgano o de un sentido o una grave deformidad, una cuestión que sí que podría afectar a los escopeteros que vaciaron un ojo a Roger Español, que ya han sido procesados.
Además, subraya que las responsabilidades civiles de las conductas despenalizadas que los afectados pudieran considerar incorrectas, en los casos en que les hubiesen causado un daño acreditable, podrían ser reclamadas en procesos de responsabilidad patrimonial contra la administración pública.
El escrito resalta que el preámbulo de la ley de amnistía deja claro que con ella no se pretende la «criminalización» de los funcionarios que actuaron para evitar el 1-O y que además especifica que su objetivo es «aliviar» la situación procesal de los investigados.
En este sentido, apunta el escrito de la defensa que en el caso de esta decena de agentes están siendo investigados en base a «meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal, sino incluso administrativa».
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