El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a los países poner fin a sus contratos con el programa estatal de médicos cubanos después que el régimen castrista no respondió una carta de la Organización de las Naciones Unidas en la que pide explicaciones por la forma de esclavitud moderna que estaría ocurriendo a través estos trabajos forzados.
“El régimen de Castro no respondió a la carta de las Naciones Unidas de los Relatores Especiales para la Esclavitud y la Trata de Personas en la que expresan su urgente preocupación por las amenazas, los bajos salarios y las malas condiciones de sus programas médicos en el extranjero”, escribió Pompeo en su Twitter.
The Castro regime failed to respond to the @UN Special Rapporteurs for Slavery and Trafficking letter expressing urgent concern about threats, low wages, and poor conditions of its overseas medical programs.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020
“Al reconocer el Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y el Tráfico de Personas, instamos a los países anfitriones a que pongan fin a los acuerdos contractuales con el régimen castrista que facilitan los abusos de los derechos humanos que ocurren en estos programas”, añadió a continuación.
As we recognize National Slavery and Human Trafficking Prevention Month, we urge host countries to end contractual agreements with the Castro regime that facilitate the #humanrights abuses occurring in these programs.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020
Urmila Bhoola, Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y Maria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial sobre la trata de personas, enviaron una carta a Cuba el 6 de noviembre con la y dieron un plazo de 60 días para una respuesta en relación a los presuntos abusos de derechos humanos sufridos por médicos de Cuba que participan en misiones de internacionalización, antes de revelar los datos al público.
El documento señala que “si bien la participación en las misiones de internacionalización es oficialmente voluntaria, muchos médicos se sienten presionados para acogerse a dichas misiones y temen represalias”. En muchos casos los médicos no recibirían un contrato de trabajo o una copia del mismo.
Además advierte tienen información de que el Gobierno de Cuba al recibir el dinero de los gobiernos anfitriones por el trabajo de los médicos pagaría a ellos solo una pequeña parte y en casos que los países paguen directamente al trabajador cubano, éste debe devolver al Gobierno de Cuba un porcentaje de su salario entre el 75% al 90% de lo recibido en el mes.
El Gobierno de Cuba además estaría “congelando” la parte recibida por los médicos, afirmando que accederían a ella únicamente tras su regreso, “pero, según la información recibida, muchas veces no reciben de la totalidad del monto que les corresponde”, dice la misiva.
Entre los puntos importantes destaca que los médicos son obligados a trabajar 48 horas por semana más 16 adicionales de guardia, lo cual aumenta a un total de 64 horas semanales, muchas veces incluyendo sábados y domingos.
“El exceso de horas trabajadas ilustra la explotación laboral a la cual estarían sometidos los médicos cubanos en el exterior”, destaca.
A ello se agrega que “la libertad de movimiento de los trabajadores cubanos en el país de destino estaría restringida y bajo vigilancia por funcionarios del Gobierno”.
Entre otras quejas notables, si un profesional decide retirarse del trabajo en el exterior, se califica como “abandono de misión de trabajadores civiles” bajo del Código Penal de Cuba que en su artículo 135 y al hacerlo, “incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años”.
“Las mismas sanciones son aplicadas a profesionales que después de cumplir una misión en el extranjero deciden establecerse en otro país. Como consecuencia, muchas familias están separadas lo cual tiene un fuerte impacto negativo en su bienestar”, añade,
En relación con las alegaciones mencionadas, Bhoola y Giammarinaro llamaron la atención al régimen de Cuba mencionando “las normas fundamentales establecidas en la Convención sobre la Esclavitud de 1926, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 4) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 8), que prohíben la esclavitud, la trata de esclavos y el trabajo forzoso en todas sus formas”.
“A este respecto, también quisiéramos llamar su atención sobre el Convenio Nº 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso y el Convenio Nº 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso, en los que se pide que se suprima el uso del trabajo forzoso u obligatorio”.
Las relatoras dieron plazo a Cuba responder en 60 días antes de hacer públicas sus demandas. El plazo venció el 6 de enero
Bhoola y Giammarinaro instaron al régimen cubano a proporcionar cualquier información o comentario en relación con las alegaciones, información detallada acerca de las medidas que ha tomado para dar a los médicos condiciones de trabajo y de vida dignas; decir de qué manera está evitando la separación familiar prolongada; indicar si Cuba tiene la intención de firmar el P029 – Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 e informar sobre los mecanismos de queja que que contarán los profesionales cubanos que quieran denunciar abuso o explotación laboral
La relatoras advirtieron que pasados los 60 días la carta y toda respuesta recibida «se harán públicas a través del sitio web de informes de comunicaciones. También estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos».
Denuncia a la Corte Internacional Penal
El pasado 8 de mayo, se presentó una denuncia frente la Corte Penal Internacional (CPI) contra la “esclavitud moderna” de los médicos cubanos.
“Las misiones médicas cubanas son un pretexto para una verdadera intervención como ha sucedido en el caso de Venezuela”, expresó Luis Almagro, Secretario General de la OEA. Agregó que “son una máscara para la mayor fuente de ingresos en divisas del régimen cubano”.
Así mismo, agregó que las ganancias del régimen cubano provienen “de la trata de decenas de miles de personas que son obligadas a salir al exterior, sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia, donde la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano”.
El ITP (pdf) menciona que si bien el régimen cubano tomó algunas medidas para combatir el tráfico sexual y trabajo forzado, no tomó ninguna acción ante el trabajo forzado de los programas de misiones médicas en el extranjero a pesar de los persistentes alegatos de que los oficiales cubanos amenazan e intimidan a los participantes para que sigan en el programa.
Según un estudio realizado por la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania en 2015, habían alrededor de 37.000 médicos cubanos trabajando en 77 países, la mayoría de ellos en Centroamérica, Brasil y Venezuela.
El código penal y laboral en Cuba prohíben conductas relacionadas con el trabajo forzado, como la privación de la libertad, la coerción, la extorsión, entre otros. Sin embargo, la ley cubana no prohíbe el trabajo forzado como se define en la ley internacional.
El artículo incluye informes anteriores de Pachi Valencia
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