Opinión
Con la reciente votación del Senado para absolver al presidente Donald Trump, vale la pena recordar que un juicio de impeachment es, como describe el autor e historiador Victor Davis Hansen, un «procedimiento de acusación» y que en el Senado es donde realmente se celebra el «juicio».
También vale la pena señalar que el juicio, en primer lugar nunca debió haberse celebrado en el Senado, ya que Trump ya había dejado el cargo y era en ese momento un ciudadano privado. Este hecho ya había sido reconocido por John Roberts, el presidente de la Corte Suprema, quien se negó a presidir las audiencias del Senado.
En circunstancias más normales, el hecho de que el presidente de la Corte Suprema presida un juicio de impeachment en el Senado proporciona un equilibrio de poderes entre los poderes legislativo, judicial y ejecutivo de nuestro gobierno, tal y como establece la Constitución. Sin embargo, en este caso, fuimos testigos de cómo el poder legislativo (el Congreso) actuó en calidad de juez, enfrentándose directamente a un ciudadano privado.
El hecho de que hayamos visto las atribuciones del poder legislativo dispuestas en contra de un ciudadano privado —y sin restricciones judiciales— debería asustar a todos los estadounidenses. Lo que es peor, este giro de nuestra Constitución tuvo lugar en un entorno en el que solo había una escasa mayoría demócrata en el Congreso.
De hecho, es profundamente inquietante que siete senadores republicanos —Richard Burr de Carolina del Norte, Bill Cassidy de Luisiana, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, Mitt Romney de Utah, Ben Sasse de Nebraska y Pat Toomey de Pensilvania— hayan votado para condenar a Trump, dadas las ramificaciones constitucionales.
Sasse, quien se había erigido como defensor de la Constitución, intentó enmarcar su voto a favor del impeachment como una defensa de los poderes del Congreso:
«Este juicio es constitucional porque el presidente abusó de su poder mientras estaba en el cargo y la Cámara de Representantes lo impugnó mientras aún estaba en el cargo. Si el Congreso no puede responder con fuerza a un ataque de intimidación contra el Artículo I instigado por la parte principal del Artículo II, nuestro equilibrio constitucional se inclinará permanentemente. Un Congreso débil y tímido se someterá cada vez más a una presidencia envalentonada y con poder. Eso es inaceptable. Esta institución tiene que respetarse lo suficiente como para decirle al ejecutivo que algunas líneas no se pueden cruzar».
Utilizar la excusa de proteger los poderes del Congreso a expensas de proteger los derechos de los ciudadanos privados y defender nuestra Constitución revela los verdaderos motivos de estos senadores republicanos.
Aquí había una oportunidad para que el GOP se mantuviera unido y enviara un mensaje a los demócratas de que la defensa de la Constitución tiene prioridad sobre los deseos personales y el escenario político. En lugar de ello, estos siete republicanos optaron por la grandilocuencia política. Sasse, que ahora se enfrenta a una posible censura por parte del GOP de Nebraska el mes que viene, hizo inadvertidamente un sólido argumento a favor de la derogación de la 17ª Enmienda, la cual prevé la elección directa de los senadores por parte de los votantes en lugar de la selección —y destitución— por parte de los legisladores estatales.
Ahora, parece que a muchos en la izquierda les gustaría que se empleara la 14ª Enmienda para impedir que Trump vuelva a presentarse a las elecciones, concretamente en 2024.
La 14ª Enmienda se centra principalmente en la ciudadanía y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la Sección 3 de la 14ª Enmienda, que fue aprobada tras la Guerra Civil, prohíbe a los antiguos funcionarios de Estados Unidos que «participaron en insurrección o rebelión» aspirar a un cargo público. La Sección 3 se promulgó con el propósito de excluir a los antiguos oficiales confederados de ocupar cargos federales y estatales.
Pero no está del todo claro que la Sección 3 se aplique siquiera a un presidente de Estados Unidos. El lenguaje de la sección nombra específicamente a cualquiera que haya servido como «miembro del Congreso, o como funcionario de Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado». Mientras que los miembros del Congreso y los cargos federales y estatales inferiores aparecen en la lista, el presidente está específicamente omitido.
Además, Trump acaba de ser absuelto por el Senado del cargo de impeachment por incitación a la insurrección en una votación de 43-57 (se necesitan 67 votos para un veredicto de culpabilidad). La Sección 3 no establece específicamente cómo el Congreso podría aplicar las sanciones contenidas en ella, aunque sí establece que la prohibición puede ser levantada a través de una votación de dos tercios.
El jefe de la mayoría del Senado, Dick Durbin (D-Ill.), que votó a favor de la condena de Trump, destacó la falta de claridad, señalando que la «Enmienda 14 no es explícita sobre cómo se determina si alguien participó en una insurrección».
«Si ellos hubieran sido condenados por eso en un tribunal de justicia, entonces puedo entender cómo se puede utilizar como un predicado para prohibir que las personas se presenten a las elecciones. Pero aquí hay una cuestión realmente seria, si esa condena no ha tenido lugar, que el Congreso pueda tener una conclusión, o el Senado pueda tener una conclusión de que son culpables de insurrección y si eso sea suficiente», dijo Durbin.
Algunos defensores del uso de la Sección 3 se remiten a la Sección 5 de la 14ª Enmienda, que establece que «el Congreso tendrá poder para hacer cumplir, mediante la legislación apropiada, las disposiciones de este artículo». Tomar las Secciones 3 y 5 en conjunto ha llevado a algunos en el Congreso a promover la idea de que una mayoría simple de la Cámara y el Senado, junto con una firma presidencial, sería todo lo que se requiere para prohibir a individuos específicos —en este caso, Trump— de buscar un cargo en el futuro.
Sin embargo, el Artículo I, Sección 9, Cláusula 3 de la Constitución prohíbe específicamente al Congreso aprobar cualquier «ley de proscripción«, el cual es un término legal, con el objeto de utilizar un acto legislativo para declarar a un individuo específico culpable de un delito. En otras palabras, el Congreso no puede simplemente legislar la culpabilidad de Trump.
Los redactores de la Constitución se tomaron este asunto muy en serio y llegaron a prohibir a los estados la aprobación «leyes de proscripción» en el Artículo 1, Sección 10. Esta doble prohibición refleja el concepto subyacente del debido proceso, según el cual es el poder judicial, y no los órganos legislativos, el que determina la culpabilidad o la inocencia de un ciudadano.
Algunos argumentan que la 14ª Enmienda sustituye la prohibición original de la Constitución sobre «ley de proscripción» cuando se trata de la cuestión específica de la insurrección, pero eso está lejos de ser aclarado, y de nuevo, Trump fue absuelto de este cargo específico del impeachment. La 14ª Enmienda tampoco define cómo se determinaría que alguien participó en una insurrección.
Independientemente de cómo se enmarque el asunto de la 14ª Enmienda, la aprobación de una legislación por una mayoría simple de nuestro poder legislativo que prohíba al presidente Trump aspirar a un futuro cargo estaría sujeta a cuestionamientos y preocupaciones constitucionales importantes — y allí habrían argumentos legales inmediatos de que cualquier ley de este tipo viole la cláusula de ley de proscripción.
Además, antes de la aprobación de cualquier legislación de este tipo, los proponentes de la legislación estarían sujetos al filibusterismo, mediante el cual un senador se opone a una pieza específica de la legislación. Para anular esta objeción, la Regla de Cloture requiere 60 votos para poner fin al debate sobre la legislación, permitiendo un máximo de 30 horas de debate adicional. A continuación, se celebra una votación sobre la medida que se pretende bloquear mediante el filibusterismo.
En otras palabras, la «mayoría simple» de la que tanto se habla en los artículos de los medios de comunicación estaría, en la práctica, sujeta a un umbral de 60 votos en el Senado. Esto no impidió que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitara las opiniones de sus colegas demócratas en una carta del 10 de enero de 2021 en la que señaló que «sus opiniones sobre la 25ª Enmienda, la Sección 3 de la 14ª Enmienda y el juicio de impeachment están siendo evaluadas mientras nosotros continuamos».
Allí también se debatió la posibilidad de emplear una resolución del Congreso en lugar de una legislación real.
En un artículo del 15 de febrero, Gerard Magliocca, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana, escribió: «El Congreso podría adoptar una resolución concurrente en la que se constaten los hechos de la insurrección y se exprese su opinión de que el expresidente es ahora inelegible para ejercer su cargo en virtud de la Sección 3. Esta sería una declaración no vinculante de la opinión del Congreso que podría ser citada» en futuros litigios.
Una resolución concurrente que declare a Trump como inelegible para servir no es vinculante y no tendría «fuerza de ley», pero fue planteada por los demócratas como una táctica para arrojar una «nube de ilegitimidad» sobre una futura carrera presidencial de Trump.
Otra vía que discuten los demócratas es la aprobación de una legislación que establezca el tratamiento judicial de las demandas de la Sección 3. Como plantea Magliocca, «estas reclamaciones podrían ser asignadas a una corte federal e incluso a una corte específica». Además, según Magliocca, «el Congreso puede determinar el estándar de prueba que debe aplicarse en un caso de la Sección 3». En efecto, este tipo de legislación que se está considerando podría «autorizar a los fiscales federales a iniciar una acción civil contra cualquiera que ejerza un cargo público en violación de la Sección 3».
Daniel Hemmel, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, señala: «En violación de la Sección 3, la nueva ley podría autorizar a los fiscales federales a entablar una acción civil contra cualquiera que persiga un cargo público. Así, si Trump busca la Casa Blanca en 2024, el Departamento de Justicia podría acudir a los tribunales para inhabilitarlo».
Una vez presentada la acción, el asunto probablemente se aceleraría hasta la Corte Suprema. Al emplear el poder judicial, este proceso evitaría los problemas de la «ley de proscripción», pero estaría sujeto a un proceso intrínsecamente más largo y podría incluso no comenzar hasta el momento en que Trump declarara su candidatura.
Independientemente de cómo se desarrollen finalmente los distintos escenarios, es poco probable que los demócratas se limiten a abandonar los esfuerzos para impedir que Trump se presente a las elecciones de 2024. En sus esfuerzos por hacerlo, seguirán contorsionando los límites de nuestra Constitución en su desenfrenado celo.
Jeff Carlson es un colaborador habitual de The Epoch Times. Es titular de una licencia CFA y trabajó durante 20 años como analista y gestor de carteras en el mercado de bonos de alto rendimiento. También dirige el sitio web TheMarketsWork.com y se le puede seguir en Twitter @themarketswork.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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