Es casi un eufemismo decir que los candidatos republicanos hicieron una campaña dura sobre el control fronterizo en el período previo a las elecciones intermedias de 2022: Al tiempo que denunciaban el flujo de inmigrantes ilegales y drogas procedentes de México, muchos prometieron destituir al hombre al que culpaban en gran medida del desastre, al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Los republicanos han seguido atacando a Mayorkas desde que tomaron el control de la Cámara. El presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, que calificó de política «intencionada» la afluencia de más de 5 millones de inmigrantes ilegales a través de la frontera sur desde que el presidente Biden asumió el cargo, ha realizado varias visitas a la frontera entre Estados Unidos y México con otros republicanos, y la Cámara ha celebrado diversas audiencias sobre inmigración.
Pero a medida que el invierno se ha ido convirtiendo en primavera, el Partido Republicano ha tomado pocas medidas para destituir a Mayorkas. Los republicanos Andy Biggs, de Arizona, y Pat Fallon, de Texas, han presentado proyectos de ley cada uno, pero el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, del que debe salir cualquier iniciativa de impeachment, no ha retomado ninguna de las dos resoluciones.
Los grupos conservadores enfocados en la frontera sur dijeron a RealClearInvestigations (RCI) que el impeachment no surgió durante las reuniones recientes en Washington.
«Acabo de llegar del Capitolio y de un montón de reuniones con funcionarios y me informan de lo mismo; uno dijo que la conferencia está dividida, con un montón de republicanos ‘tipo George W. Bush’ a los que les encanta la mano de obra barata para la industria y la agricultura estadounidenses», dijo Todd Bensman, del conservador Centro de Estudios de Inmigración y autor de «Overrun: How Joe Biden Unleashed the Greatest Border Crisis in U.S. History”.
Bensman lo califica como una «vieja historia», pero la mano de obra barata es solo una parte. Los republicanos no están unidos en este tema porque algunos temen que seguir adelante con las conversaciones sobre el impeachment alejará a los votantes moderados que el Partido Republicano necesita para mantener el control de la Cámara de Representantes.
Incluso los republicanos que han atacado públicamente a Mayorkas ahora se muestran reticentes a hablar de un impeachment. RCI se puso en contacto con 16 miembros republicanos de la Cámara de Representantes en busca de comentarios. Ni Biggs ni Fallon respondieron. El representante de Virginia Bob Good, miembro del Freedom Caucus y copatrocinador de ambas resoluciones, declinó realizar alguna declaración oficial. Otros críticos abiertos de la administración, como Dan Crenshaw, de Texas, Tom McClintock, de California, y Matt Gaetz, de Florida, no respondieron.
Solo dos de los 16 miembros republicanos de la Cámara de Representantes aceptaron hablar oficialmente.
«He pedido repetidamente su impeachment y confío en que el presidente Jordan mantendrá su palabra de someter a Mayorkas a un impeachment por supervisar un aumento sin precedentes de actividades ilegales en nuestra frontera sur», dijo el representante Paul Gosar, de Arizona.
El representante Scott Perry, de Pensilvania, dijo que los funcionarios de la administración Biden han mentido sobre lo que han hecho en la frontera, pero se mostró más cauteloso sobre el impeachment, indicando que una actitud de esperar y ver puede estar detrás de la retórica agresiva.
«No estoy en el Comité Judicial y esto tendría que venir de ahí», dijo. «Mi esperanza es que al menos alguna información provenga de las audiencias porque algunos miembros tienen legítimamente algunas preguntas».
Perry y otros dijeron que les gustaría que el Comité Judicial defendiera el juicio político, un proceso que Jordan parece estar favoreciendo. Por el momento, sin embargo, el único paso concreto que han dado los republicanos es un gesto simbólico por parte del representante Chip Roy, de Texas, para intentar recortar el salario de Mayorkas del presupuesto del DHS.
Los proyectos de ley presentados por los representantes Biggs y Fallon sostienen que la conducta de Mayorkas cumple con el umbral constitucional para un impeachment, “crímenes graves y delitos menores”. El proyecto de ley de Fallon, H. Res. 8, alega que el secretario ha violado el juramento que hacen todos los miembros del gabinete de «defender fielmente» las leyes de Estados Unidos al no hacerlas cumplir:
• La Secure the Fence Act de 2006, que exige al secretario del DHS «mantener el control operativo de todas las fronteras internacionales terrestres y marítimas de Estados Unidos».
• La Ley de Inmigración y Nacionalidad que exige que el secretario del DHS “detenga a los extranjeros inadmisibles que lleguen a Estados Unidos o a los extranjeros que estén presentes en Estados Unidos sin inspección hasta que sean procesados”. En cambio, afirma, el enfoque de «captura y liberación» de Mayorkas ha permitido el ingreso al país de más de «1,000,000 de extranjeros ilegales».
Al hacer referencia a esas dos leyes, la resolución Biggs, H. Res. 582, también acusa a Mayorkas de violar la Ley de Servicios de Salud Pública al no proteger a los ciudadanos estadounidenses del “riesgo y la exposición y contraer COVID-19 al negarse a tomar las medidas necesarias para evitar que los extranjeros ilegales contagiosos ingresaran a Estados Unidos”.
En resumen, la resolución de Biggs concluye que Mayorkas debe ser sometido a juicio de impeachment porque «sus acciones han subvertido la voluntad del Congreso y los principios fundamentales de la Constitución».
RCI se puso en contacto en repetidas ocasiones con una docena de miembros demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes solicitando comentarios sobre un posible impeachment de Mayorkas y su reacción. Ninguno de ellos respondió.
Mayorkas ha declarado repetidamente que no tiene intención de renunciar, una sugerencia que el senador republicano Ted Cruz de Texas hizo nuevamente el martes cuando Mayorkas compareció ante una audiencia del comité del Senado. “Si usted tuviera algo de integridad, renunciaría”, dijo Cruz.
La polémica se produjo luego de que ambos se enfrascaran en una disputa verbal sobre la veracidad de las declaraciones de la administración sobre la frontera. Cruz citó los comentarios de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, de que la gente «no está cruzando la frontera a pie», junto con fotografías de personas haciendo precisamente eso. «Usted dice que se preocupa, señor secretario—pero eso es mentira», dijo Cruz.
Cruz volvió a acusar a Mayorkas de fingir luego de que el jefe del DHS no respondiera una pregunta sobre si Jean-Pierre mintió. Mayorkas calificó la acusación de Cruz de “repugnante”.
Sin embargo, el departamento se está preparando para un posible impeachment y está tomando medidas para la defensa de Mayorkas. Se firmó un contrato gubernamental con el bufete de abogados Debevoise & Plimpton para proporcionar asistencia jurídica al secretario; ese contrato solo entraría en vigor si el Comité Judicial presentara una moción de impeachment ante la Cámara de Representantes.
Debevoise & Plimpton no respondió a una petición de comentarios sobre el acuerdo. Funcionarios de la administración Biden familiarizados con esto dijeron que era necesario porque el impeachment de un secretario de gabinete es tan rara que ninguno de sus juristas tiene experiencia relevante.
Los términos del contrato no fueron revelados, aunque los funcionarios señalaron ejemplos en el pasado en los que los republicanos de la Cámara contrataron asesores legales externos para ayudarlos en una legislación que resultó ser legalmente complicada.
Un portavoz del DHS dijo que el contrato era necesario para «garantizar que la misión vital del Departamento no se vea interrumpida por los esfuerzos de impeachment sin precedentes, injustificados y partidistas de algunos miembros del Congreso, que ya han tomado medidas para iniciar los procedimientos».
La historia demuestra que la Cámara de Representantes puede actuar con rapidez si sus miembros así lo deciden. La mayoría demócrata, junto con un puñado de republicanos, votó a favor del impeachment del presidente saliente Trump apenas una semana después de los disturbios postelectorales en el Capitolio el 6 de enero de 2021.
Los defensores de las actuales políticas fronterizas del gobierno dicen que el argumento de los conservadores es erróneo. El enfoque de la administración Biden es básicamente una relajación de la estrategia más estricta de la administración Trump. Como tales, equivalen a diferencias políticas entre los dos principales partidos políticos y están muy lejos de ser «delitos y faltas» que justificarían un impeachment.
Pero, como anteriormente informó RCI, las políticas del presidente Biden han marcado una diferencia radical con las de su predecesor, desde el primer día de Biden en el cargo, cuando firmó siete órdenes ejecutivas sobre inmigración que, entre otras cosas, suspendían las deportaciones.
Hans von Spakovsky, miembro principal de la conservadora Heritage Foundation y coautor del informe de febrero, «The Case for Impeachment of Alejandro Nicholas Mayorkas Secretary of Homeland Security«, defendió el argumento del impeachment frente a los liberales que lo ridiculizan como algo puramente político.
«Se afirma de manera inexacta e incorrecta que estamos confundiendo los requisitos de la Ley de Inmigración y Naturalización con las políticas de la administración Trump», dijo. «Nuestro análisis no se basa en estar en desacuerdo con las políticas implementadas por Mayorkas, sino con su violación a la ley federal de inmigración».
«Creo que hemos expuesto en nuestro documento cuáles creemos que son las bases para el impeachment», dijo von Spakovsky a RCI. Incluyen las afirmaciones de que Mayorkas:
– “Incumplió y contravino deliberadamente las leyes que está encargado de ejecutar fielmente».
– “Abusó repetidamente de la autoridad de su cargo, entre otras conductas, incitando a una avalancha de extranjeros a cruzar la frontera sur de EE.UU. con sus políticas y declaraciones».
– “Traicionó la confianza del pueblo mintiendo al Congreso y ocultando información y engañando al público en un esfuerzo por ocultar y suprimir la naturaleza y las consecuencias de sus abominables políticas».
Von Spakovsky agregó que «las equivocadas prioridades de Mayorkas han provocado un enorme retraso en el sistema de adjudicación que perjudica injustamente a los muchos miles de ciudadanos estadounidenses y solicitantes legales cuyos asuntos de inmigración se retrasan muchos meses».
Aunque von Spakovsky y otros argumentan que el impeachment está justificado “de acuerdo con la historia y las tradiciones constitucionales de Estados Unidos”, también sería una medida muy inusual. Solo un miembro del gabinete ha sido sometido a juicio político, el secretario de Guerra del Presidente Ulysses S. Grant, William Belknap, en 1876, pero dimitió el mismo día en que la Cámara votó unánimemente en su contra.
El fiscal general Harry Daugherty en 1922 y el secretario del Tesoro Andrew Mellon en 1932 también se enfrentaron a un posible proceso de impeachment por parte de la Cámara, pero el primero dimitió en 1924 y el segundo abandonó el gabinete y se convirtió en embajador de Estados Unidos en Inglaterra.
Los partidarios del impeachment también señalan los peligros que ha creado la porosa frontera de la administración Biden. Además de las cuestiones humanitarias de cientos de miles de personas que emigran a través de México hacia Estados Unidos, y del dinero que han pagado a los cárteles mexicanos para facilitar su paso, la frontera sur se ha convertido en el principal conducto para el mortífero fentanilo ilícito.
Scott Perry dijo que a sus electores les gustaría que los republicanos hicieran algo más que limitarse a hablar de la crisis fronteriza, aunque señaló que Mayorkas es el agente que lleva a cabo las políticas establecidas por el presidente Biden.
“Es un caos allá abajo con el fentanilo y los cárteles que ganan millones de dólares”, dijo.
«La mayoría de nuestros electores están angustiados por eso y quieren que se solucione, y muchos querrían que se rindieran cuentas de cómo ocurrió. En última instancia, el presidente es responsable, así que ¿por qué no acusarlo?».
Pero en cuanto a lo que podría ocurrir realmente con Mayorkas, Perry reconoció que no estaba seguro.
«Tengo la sensación de que con las audiencias del Comité Judicial estamos trabajando en ese sentido», dijo. “Eso se destinará a la investigación de hechos que necesitamos para convencer a algunos de nuestros miembros escépticos”.
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