El presidente Joe Biden anunció el American Jobs Plan, que se resume en los titulares como un programa de inversión de 2 billones de dólares en infraestructura y energía verde que se espera que impulse la creación de empleo, fortalezca al sector manufacturero e impulse la innovación.
Sin embargo, la mayor parte se destina a subsidios y gastos corrientes y viene con uno de los mayores aumentos de impuestos en la historia de EE. UU. Este ha sido aclamado como un nuevo «New Deal» y, muy parecido a su predecesor, es básicamente un aumento masivo a los subsidios a las áreas no productivas de la economía contra una serie de alzas de impuestos proteccionistas y equivocadas sobre las productivas.
El programa, según el Financial Times, se puede dividir en las siguientes áreas:
621 mil millones de dólares para infraestructura, transporte y vehículos eléctricos destinados a fortalecer el sector manufacturero y las comunicaciones en Estados Unidos. Sin embargo, esta cifra ni siquiera comienza a abordar las necesidades de infraestructura y transporte de Estados Unidos, lo cual se ha estimado que superan los 2.1 billones de dólares según McKinsey. En lugar de otorgar beneficios fiscales e incentivos al sector privado para financiar las necesidades reales de infraestructura del país, el plan gastará menos de un tercio de la cifra necesaria en inversiones, que serán dirigidas por políticos, generando importantes riesgos de eficiencia.
Además, el plan va por detrás, por ejemplo, de lo que han hecho la Unión Europea o China. La inversión en vehículos eléctricos no requiere más programas gubernamentales, ya que está prosperando a nivel mundial y en Estados Unidos. De hecho, los aumentos de impuestos anunciados por Biden probablemente perjudicarán a las empresas de vehículos eléctricos que obtienen ganancias y demuestran ser sostenibles solo para subsidiar a las que no pueden obtener ganancias.
561 mil millones de dólares para viviendas ecológicas, escuelas, energía y mejoras de agua. Esta parte tiene sentido, pero parece estar agregando elementos que podrían incluirse en cualquier presupuesto normal. Esto no debe ser una parte extrapresupuestaria y debe financiarse con incentivos fiscales, no con subsidios.
480 mil millones de dólares para subsidios al sector manufacturero e investigación y desarrollo. Es probable que esto no solo sea contraproducente, sino una pérdida neta también, ya que Biden apunta a financiarlo con el mayor aumento de impuestos en años. Nuevamente, es probable que dirija recursos de los sectores productivos a áreas no productivas y deficitarias.
400 mil millones de dólares para el cuidado de ancianos y discapacitados. Esta no debe ser una partida extrapresupuestaria y no debe incluirse en un plan de infraestructura. Hay cantidad suficiente de espacio en el Presupuesto Federal para impulsar el cuidado de personas mayores y discapacitadas mejorando la eficiencia y creando asociaciones público-privadas.
200 mil millones de dólares para banda ancha y capacitación laboral. Se trata de elementos importantes en los que la eficiencia y la transparencia son fundamentales. La extensión de la banda ancha debería ser una iniciativa de asociación público-privada impulsada por incentivos fiscales en el peor de los casos, y una iniciativa de plan de gastos de capital del sector privado en el mejor de los casos. Lo mismo ocurre con la capacitación laboral.
El plan parece ambicioso, pero no es probable que genere una mejora significativa en la tendencia de creación de empleo, ya que la mayoría de los fondos se destinarán a empresas que están trabajando hoy en día a una capacidad del 60 al 80 %, y donde no se requerirán particularmente nuevos puestos de trabajo. En la eurozona, por ejemplo, las Directivas de Energía Verde, el Plan Juncker y otras iniciativas nacionales no han creado el tipo de empleo que se prometió, con poca variación en la tendencia histórica del empleo a pesar de billones invertidos. IndustriALL, una federación de sindicatos de la UE, advirtió que el Pacto Verde Europeo probablemente acabará con 11 millones de puestos de trabajo sin dejar en claro cómo se compensarán estas pérdidas.
Según un estudio de 2016, “¿Hacia una economía de energía verde? Realizando un seguimiento de los efectos en el empleo de las tecnologías bajas en carbono en la Unión Europea«, la transición energética de la UE entre 1995 y 2009 creó 530,000 puestos de trabajo. Un tercio de los puestos de trabajo creados en la UE fueron consecuencia de efectos indirectos, y en 21 de los 27 Estados miembros el efecto total en el empleo fue positivo. La pregunta es si la gran inversión, estimada en más de 500,000 millones de dólares, justifica la creación de 530,000 puestos de trabajo en una plantilla de más de 210 millones. También vale la pena señalar que las tasas medias de desempleo y desempleo juvenil de la UE no han disminuido significativamente considerando la intensa inversión.
En Estados Unidos, sin embargo, los trabajos de energía verde y tecnología prosperaron debido a los incentivos fiscales, al tiempo que llevaron el desempleo a un mínimo histórico en 2019. Hay factores claros de rigidez laboral en Europa que impactan estas tendencias laborales, pero parece haber una clara conclusión: Los empleos en energía verde e infraestructura aumentan más rápido y permanecen más tiempo cuando la política se orienta hacia incentivos fiscales en lugar de subsidios.
El principal problema del plan de Biden es que está promoviendo en gran medida por la política y el sector público. Incluye casi el 40 % de los subsidios a las corporaciones locales y al sector público, que pueden reducir la productividad y la eficiencia, como ya sucedió en el pasado.
Ingresos
Por el lado de los ingresos, las cifras son tremendamente optimistas. Un aumento de 695 mil millones de dólares en los ingresos por impuestos corporativos desde el nivel actual es una fantasía y ni siquiera considera los efectos negativos de elevar el impuesto corporativo a una tasa que sería la más alta en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), considerando tasas efectivas y nominales para la mayoría de las empresas.
Un aumento del impuesto sobre la renta global de 495 mil millones de dólares. Nuevamente, una cifra extremadamente optimista ya que nunca se ha alcanzado una cifra similar de ingresos extraordinarios por este concepto y porque no supone ningún impacto negativo.
Un aumento de 217 mil millones de dólares en impuestos al cerrar las lagunas de ingresos «intangibles». Esta cifra es simplemente inventada y proviene de suponer que todas las corporaciones están evadiendo impuestos, pero el principal riesgo es generar incertidumbre en empresas con varias divisiones y márgenes compartidos.
54 mil millones de dólares para la eliminación de los beneficios fiscales para los combustibles fósiles y medidas de «acuerdos contra la inversión». La industria energética ya está de rodillas; pensar que estas medidas serán positivas para los ingresos es simplemente no comprender la industria. En cuanto a las medidas del “acuerdo anti-inversión” (cuando una empresa estadounidense transfiere su sede fiscal al país de una empresa con la que se fusionó o adquirió), este error ya lo cometió Biden con el presidente Barack Obama. Entre 2007 y 2014, más empresas salieron de Estados Unidos con destino a países más favorables a los negocios que en todo el período que comprende de 1981 a 2003, según el Servicio de Investigación del Congreso. Incluso se llevó a Burger King, que se trasladó afuera del país.
Obviamente, el plan será rechazado por republicanos y algunos demócratas por el aumento de impuestos, pero no podemos ignorar los riesgos de una transferencia tan masiva de riqueza de los sectores productivos y que pagan impuestos para subsidiar el gasto público.
La administración Biden afirma que el plan es neutral en cuanto a ingresos, pero no lo es. Primero, incluye estimaciones tremendamente optimistas de nuevos ingresos. En segundo lugar, esos ingresos se generarán durante 15 años, mientras que el gasto se planificará para los próximos ocho años; en el valor actual neto no hay neutralidad. En tercer lugar, incluso si creyéramos en los ingresos optimistas, ni siquiera comienza a abordar los grandes déficits acumulados por las administraciones anteriores debido al aumento del gasto obligatorio. Los demócratas dicen que esto no es importante porque los déficits se pueden financiar a costos bajos y respaldados por la Reserva Federal. Sin embargo, si los déficits no importan, ¿Por qué la necesidad de un gran aumento de impuestos?
El espíritu de este plan es bueno, pero debe hacerse con incentivos fiscales y subsidios más bajos. Es probable que la ejecución sea política y deficiente. ¿El riesgo? Ya hemos visto los resultados de programas similares en la UE y Japón.
Daniel Lacalle, Ph.D., es economista en jefe del fondo de cobertura Tressis y autor de «Freedom or Equality», «Escape from the Central Bank Trap» y «Life in the Financial Markets».
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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