El exfiscal general Edwin Meese y dos académicos presentaron un escrito de amicus curiae ante la Corte Suprema en el que afirman que el nombramiento del abogado especial Jack Smith por parte del Departamento de Justicia (DOJ) fue inconstitucional y que toda acción contra el presidente Donald Trump debería declararse nula y sin efecto.
«Esta Corte debe rechazar la solicitud de certiorari de Smith antes del juicio por la sencilla razón de que carece de autoridad para pedirlo», según la presentación del miércoles de Meese y dos académicos constitucionales. «Tampoco tiene autoridad para llevar a cabo el enjuiciamiento subyacente. Esas acciones solo pueden ser llevadas a cabo por personas debidamente designadas como funcionarios federales para cargos federales debidamente creados.»
La presentación del miércoles argumentó que el fiscal general Merrick Garland también «excedió su autoridad estatutaria y constitucional» cuando Smith fue nombrado el año pasado para supervisar dos casos federales dirigidos contra el presidente Trump. El fiscal general ha citado un estatuto para el nombramiento, pero el estatuto no está «ni remotamente autorizado el nombramiento por el Fiscal General de un ciudadano privado para recibir el poder extraordinario de aplicación de la ley penal bajo el título de Asesor Especial», dijo la presentación.
«Al no estar revestido de la autoridad del Gobierno federal, Smith es un ejemplo moderno del emperador desnudo», decía. «Indebidamente nombrado, no tiene más autoridad para representar a Estados Unidos en este Tribunal que Bryce Harper, Taylor Swift o Jeff Bezos. Ese hecho es suficiente para hundir la petición de Smith, y el Tribunal debería denegar la revisión.»
El escrito argumentaba que tanto los estatutos como la Constitución no permiten al fiscal general nombrar a un ciudadano privado, que nunca ha sido confirmado por el Senado, como fiscal federal sustituto bajo el título de ‘abogado especial'». El escrito añadía: «Eso es lo que ocurrió el 18 de noviembre de 2022».
A principios de este mes, el equipo de Smith instó a la Corte Suprema a revisar rápidamente una apelación sobre si el presidente Trump tiene inmunidad judicial relacionada con su caso de elecciones federales. Los abogados del presidente han argumentado en los tribunales de apelación que tenía inmunidad absoluta porque era el presidente.
En una presentación presentada el miércoles, los abogados del presidente Trump instaron a la Corte Suprema a rechazar la petición de Smith y permitir que el sistema de tribunales de apelaciones de Estados Unidos escuche su próxima apelación, mientras que han afirmado que el abogado especial quiere una condena antes de las elecciones de 2024.
Los profesores de Derecho Steven Calabresi, de la Universidad Northwestern, y Gary Lawson, de la Universidad de Boston, se unieron a Meese, fiscal general del presidente Ronald Reagan, para presentar la petición al alto tribunal.
«Creo que el Tribunal Supremo, cuando aborde en última instancia estas cuestiones relativas a la cláusula de nombramiento, llegará a la misma conclusión que el ex fiscal general Ed Meese, el profesor Gary Lawson y yo en el informe amicus curiae que hemos presentado hoy ante el Tribunal Supremo. El nombramiento de Jack Smith como Consejero Especial fue inconstitucional, y todas las medidas que ha tomado desde su nombramiento son ahora nulas y sin efecto», escribió Calabresi en un artículo publicado para Reason el 20 de diciembre.
Sostuvo que la forma correcta en que el Sr. Garland debería haber nombrado a un abogado especial «es pedir a uno de los mejores fiscales de EE.UU. confirmados por el Senado ahora en el cargo para procesar los casos derivados de los acontecimientos del 6 de enero de 2021, o el caso de uso indebido de documentos clasificados, para ser abogado especial permitiendo que el fiscal de EE.UU. procese los casos en todo el país y no solo en uno de los 93 distritos, cada uno de los cuales tiene su propio fiscal de EE.UU. confirmado por el Senado».
Cuando fue nombrado abogado especial, el Sr. Smith era entonces investigador de crímenes de guerra contratado por el gobierno de Kosovo. Anteriormente, fue fiscal del distrito central de Tennessee.
«Los estatutos orgánicos que rigen el Departamento de Justicia permiten al fiscal general una gran discreción a la hora de mover en el tablero de ajedrez del DOJ a los nombramientos actualmente confirmados. No permiten al fiscal el poder de crear una reina oficial inferior solo porque alguien fue en algún momento en el pasado un oficial superior o inferior del DOJ», escribió.
El Departamento de Justicia aún no ha presentado una respuesta a sus demandas ante la Corte Suprema.
«No queremos que los futuros fiscales generales de Estados Unidos (…) puedan elegir a cualquier abogado matón duro de la calle y darle poder de la forma en que el fiscal general Merrick Garland ha dado poder al ciudadano privado Jack Smith», argumentó Calabresi. «Piensen en lo que eso habría provocado durante la era McCarthy o en las Administraciones de Grant, Harding, Truman o Nixon, en todas las cuales un fiscal general era corrupto».
Tras la presentación de Smith, los magistrados indicaron que decidirían rápidamente si atenderían el caso. La breve orden de la corte no señaló lo que haría en última instancia.
El equipo del abogado especial subrayó que si el tribunal no acelera el asunto, no habrá oportunidad de considerar y resolver la cuestión en el actual mandato.
«Estados Unidos reconoce que esta es una petición extraordinaria. Este es un caso extraordinario», escribieron los fiscales. «El Tribunal debería conceder el certiorari y establecer un calendario de sesiones informativas que permita que este caso se argumente y resuelva lo antes posible».
Con información de The Associated Press.
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