LANSING, Mich.—Una organización conservadora a favor de la Constitución con sede en el oeste de Michigan ha pedido a la Oficina de Elecciones del estado que investigue lo que alega es la «elusión ilegal» de la Ley de Financiamiento de Campañas de Michigan.
El grupo, llamado «Michigan Freedom Fund», señala el informe de financiamiento de campaña presentado recientemente por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer , que muestra que, desde enero de 2021, su comité de reelección aceptó un total de USD 3.4 millones a través de 154 donaciones, todas las cuales superó el límite legal de USD 7150 en donaciones individuales.
En un comunicado, el portavoz de Whitmer, Mark Fisk, calificó las acusaciones de Michigan Freedom de «falsas» y «sin mérito».
La campaña de Whitmer afirma que todo es perfectamente legal bajo una determinación de hace décadas del exsecretario de Estado de Michigan, Richard Austin. Al abordar el problema a mediados de la década de 1980, Austin reconoció que, dado que los grupos que buscaban destituir a un funcionario electo estatal no tenían un límite en la cantidad de dinero que sus contribuyentes individuales podían donar, era «injusto» que un funcionario electo defendiéndose de un esfuerzo de destitución debiera tener a sus donantes limitados, por lo que eliminó los límites.
No está claro por qué Austin, en cambio, no impuso un límite de donación similar a los donantes a favor de la destitución.
Whitmer ha sido objeto de docenas de esfuerzos de destitución por su uso de los poderes de emergencia de gobernadora para poner al estado bajo confinamiento durante la pandemia y por no cumplir con sus propias reglas. Whitmer despertó la ira del público por su muy publicitada marcha en una gran manifestación política, visitando una taberna llena de gente, y volando a Florida durante el apogeo de los confinamientos.
A pesar de todo, los índices de aprobación de Whitmer continúan rondando el 50 por ciento y está estableciendo récords de recaudación de fondos en años no electorales, aprovechando al máximo la llamada «brecha de Austin».
La directora ejecutiva del Michigan Freedom Fund, Victoria Sachs, dijo en un comunicado: “La gobernadora Whitmer está infringiendo deliberadamente la ley y tomando millones de dólares de las élites de Hollywood y Nueva York porque cree que las reglas no se aplican a ella».
En una queja de seis páginas a la Oficina de Elecciones con fecha del 28 de julio, Michigan Freedom Fund afirma que el Secretario de Estado de Michigan no tenía autoridad para enmendar la clara intención de la Ley de Financiamiento de Campañas de Michigan por su decisión de eliminar los límites, y que cualquier cambio debe ser aprobado por la legislatura.
La queja también afirma que muchas de las donaciones más grandes de Whitmer que excedieron el límite de USD 7150 fueron aceptadas por la campaña después de que el último de los esfuerzos de destitución fracasó al no obtener las 1,062,647 firmas registradas válidas de votantes requeridas dentro del plazo legal de 60 días. La denuncia sostiene que, para estas donaciones, no existía una campaña de destitución del cual defenderse.
Esto es cuestionado por la campaña de Whitmer, que afirma que aún se están abriendo camino varios esfuerzos de destitución a través de la burocracia electoral estatal o están siendo apelados en los tribunales.
Fisk también ha insistido en que las donaciones de campaña no gastadas recibidas durante el proceso de destitución pueden ser desviadas legalmente para pagar los gastos de campaña regulares, una afirmación con la que algunos expertos en leyes electorales y muchos republicanos no están de acuerdo.
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