El Gobierno mexicano consideró este lunes que el país «se ha convertido en una enorme fosa clandestina» al presentar un plan de búsqueda de desaparecidos, que según sus registros rebasan las 40.000, el cual integra la participación de familiares de las víctimas y atiende peticiones de organismos internacionales.
«Se estima que actualmente existen 40.000 personas desaparecidas, más de 1100 fosas clandestinas y alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses lo que da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a DD.HH. que estamos enfrentando», dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en conferencia.
Apuntó que el objetivo fundamental es diseñar con las familias y los organismos las bases generales y políticas publicas para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas además de prevenir, investigar y sancionar a los responsables.
«Buscamos desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar de mejor manera las tarea de búsqueda en todo el país que, lamentablemente, se ha convertido en una enorme fosa clandestina», apuntó.
Encinas señaló que la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja en la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y en la creación el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) y el Instituto Nacional de Identificación Forense.
Acerca del SNB, que Encinas espera que quede instalado en marzo, contó que a dicho organismo, creado por la Administración anterior dos semanas antes de finalizar su gestión, se le asignó un presupuesto de 468 millones de pesos (unos 24 millones de dólares) en 2018, de los cuales solo aplicaron 6 millones de pesos (unos 300.000 dólares).
El funcionario señaló como reto fundamental la implementación de comisiones de búsqueda estatales en los 32 estados de México y recordó que actualmente 20 entidades están sin decreto, cuatro ya están formadas y otras ocho están en proceso.
«El objetivo es tener todos los registros posibles en un solo banco de datos con lo cual tendremos certeza de la magnitud de problema y enfrentarlo de manera más eficiente», señaló.
Además de la buscar a personas desaparecidas, Encinas apuntó que «la prioridad será la búsqueda de personas con vida, debemos actuar de manera inmediata para recuperar a personas ligadas a la desaparición forzada y enfrentar problemas vinculados a la trata de personas».
Encinas dijo que para las familias de las víctimas «la verdadera reparación del daño en estos casos, es la aplicación de la justicia y castigo a los responsables».
En tanto, el presidente López Obrador manifestó «su pesar por su el sufrimiento de las víctimas y tienen nuestro compromiso de hacer todo lo que este a nuestro alcance, todo lo que humanamente sea posible para saber de los desaparecidos y ayudar a los familiares».
El plan presentado es el resultado de una serie de consultas que el nuevo Gobierno mexicano llevó a cabo desde el periodo de transición (julio-noviembre de 2018) con colectivos, organizaciones, familiares de las víctimas y en atención a peticiones de organismos internacionales.
Además, dichos organismos, entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Cruz Roja Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), brindarán asesoría técnica al Gobierno mexicano.
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