Este miércoles se presentó una segunda denuncia en Argentina contra el régimen de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad, esta vez interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), una organización argentina que defiende los DD. HH. en América.
La denuncia de la CALIDH se hizo pública este jueves y fue presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4 de Argentina, ubicado en Buenos Aires, en contra de funcionarios del régimen de Nicaragua bajo el principio de la jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad.
El principio legal de jurisdicción universal, sostiene que algunos delitos son tan atroces que pueden ser juzgados en cualquier lugar, y en Argentina están implementados en la Ley 26.200 “Ley de implementación del Estatuto de Roma” y el Artículo 118 de la Constitución Nacional que reconoce la jurisdicción universal.
“En nombre del equipo de CALIDH, como su secretario ejecutivo, presenté una denuncia por delitos de lesa humanidad ante la justicia argentina contra funcionarios nicaragüenses. Nuestro compromiso es con la justicia, memoria y reparación para las víctimas y sus familiares”, dijo Danny Ramírez-Ayérdiz, el secretario ejecutivo para el litigio internacional del Centro, en Twitter.
La denuncia va dirigida en contra del líder de la dictadura nicaragüense, Daniel Ortega Saavedra, y su esposa Rosario Murillo, que ostenta el cargo de vicepresidenta.
Además de los funcionarios del régimen: Francisco Diaz, primer Comisionado y director de la Policía Nacional; Ramón Avellán, comisionado subdirector de la Policía Nacional; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud de Nicaragua; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Ramona Rodríguez, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua; Alba Luz Ramos Vanegas, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
“CALIDH considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma”, dice el comunicado del Centro, con fecha del 3 de noviembre de 2022.
El comunicado señala que bajo ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil se cometieron crímenes de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, además de desaparición forzada de personas, etc.
Además de la denuncia, el centro dijo que envió al Juzgado Federal cuatro informes que ha presentado ante órganos de vigilancia de tratados de Naciones Unidas y relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostrando su profunda preocupación por la situación de los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense.
También envió al juzgado un resumen de los casos que actualmente están siendo procesados por el Centro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que representa a víctimas de los delitos denunciados.
El 5 de octubre pasado, la justicia argentina inició una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega, su esposa Rosario Murillo y otros funcionarios en Nicaragua.
La primera denuncia presentada fue interpuesta por los abogados argentinos Darío Richarte, profesor de DD. HH. y Derecho Penal Internacional, y Diego Pirota.
En ese momento, Richarte recordó que la justicia Argentina tiene una amplia tradición en materia de defensa de los DD. HH., además de la aceptación del principio de jurisdicción universal, y agregó: “Así que somos optimistas en el avance de la investigación para establecer las responsabilidades penales de Ortega y sus cómplices”.
Otras investigaciones bajo el principio de la jurisdicción universal en Argentina
La justicia argentina en diciembre del 2021 inició investigaciones por crímenes de lesa humanidad por el genocidio de los rohinyá—una minoría étnica musulmana que viven principalmente en el estado de Rakhine, frontera con Bangladesh—presuntamente cometidos por el ejército de Birmania, también conocido como Myanmar.
Otra investigación que llevó a cabo la justicia argentina fue por la denuncia de genocidio cometido por el Partido Comunista Chino (PCCh) contra aproximadamente cien millones de practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa, crimen de lesa humanidad que hasta el día de hoy continúa cometiéndose en China. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en 2005.
Esto ocurrió mientras se encontraba en el país el entonces secretario del Comité Central del Partido Comunista de la República Popular de China y director de la Oficina 610—conocida como la “Gestapo china”—, el exfuncionario Luo Gan.
La denuncia llevó al entonces Juez Octavio Aráoz de Lamadrid, a cargo del Juzgado Federal Nº 9 a una ardua investigación de 4 años de duración y una vez que consideró que había reunido las pruebas suficientes pidió la captura para indagar a los jerarcas chinos.
El 17 de diciembre de 2009, de Lamadrid pidió a la Interpol la captura internacional de Luo Gan, ejecutor de la persecución, y el autor intelectual de la persecución, Jiang Zemin, exlíder del régimen chino por haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Jiang Zemin, decidió prohibir Falun Dafa en 1999 y lanzó, a partir de entonces, una intensa campaña de propaganda difamatoria y un genocidio sin precedentes contra cien millones de personas, que incluye hasta hoy: arrestos arbitrarios, torturas, lavado de cerebro, trabajo forado y la sustracción de órganos de practicantes de Falun Dafa vivos.
Con información de Michael Washburn.
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