La campaña del gobierno para presionar a las plataformas de las grandes empresas tecnológicas como Twitter, para que repriman la supuesta desinformación viola la Constitución de Estados Unidos, según una nueva demanda.
El director de Salud Pública de EE. UU., Vivek Murthy, ha presionado repetidamente a Twitter y otras plataformas para que supriman la desinformación sobre el COVID-19, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho que el presidente Joe Biden cree que es responsabilidad de las empresas de redes sociales «dejar de amplificar el contenido no fiable, la desinformación y la información errónea, especialmente en relación con el COVID-19, las vacunas y las elecciones».
Estas y otras declaraciones similares dejaban claro que el gobierno exigía que se actuara y contemplaba la posibilidad de imponer sanciones a las plataformas que no intensificaran la censura, afirma la demanda de 65 páginas.
Murthy, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y otros funcionarios de la Administración Biden «no solo están en colusión, sino que están utilizando a Twitter y a otras empresas tecnológicas para llevar a cabo su objetivo de silenciar las opiniones que difieren de los mensajes de la Casa Blanca sobre el COVID-19», dice la demanda, y añade: «Este control transforma la iniciativa del director de Salud Pública en una acción gubernamental».
Alegando que el esfuerzo del gobierno condujo directamente a su suspensión de Twitter, tres críticos de los confinamientos y otras políticas duras impuestas en respuesta al COVID-19 demandaron al HHS, a Murthy y al director del HHS, Xavier Becerra.
El científico Mark Changizi, el abogado Michael Senger y el padre de familia Daniel Kotzin quieren que un tribunal federal de Ohio declare que la iniciativa viola la Primera Enmienda de la Constitución; que la campaña de Murthy contra la desinformación carece de autoridad legal; que la petición del gobierno para que Twitter y otras empresas entreguen información sobre «fuentes de desinformación» viola la Cuarta Enmienda, ya que no se ha concedido ninguna orden judicial; y que Twitter y otras empresas no tienen ninguna obligación de censurar contenidos y no serán sancionadas si deciden no hacerlo.
Según la demanda, Changizi, de Ohio, fue suspendido permanentemente en diciembre de 2021 por un posteo en el que afirmaba que la gripe es más mortal que el COVID-19 para los niños, que las vacunas no han sido estudiadas a largo plazo y que las vacunas contra el COVID-19 no frenan la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.
«Todos estos puntos de vista son compartidos por algunos científicos, incluida la directora de los CDC, Rochelle Walensky, quien señaló en agosto de 2021 que las vacunas no detienen la transmisión», señala la demanda.
Kotzin, de Colorado, fue suspendido por postear que la pandemia terminaría cuando la mayoría de las personas se hubieran infectado con el COVID-19, una opinión muy extendida, dado que las vacunas disminuyen rápidamente su protección contra la infección y proporcionan poca protección inicial contra la variante ómicron del virus.
Senger, de California, fue suspendido permanentemente por alegar que las medidas de mitigación no funcionaban contra el COVID-19. Esa creencia se basaba en investigaciones, incluido un estudio publicado en enero.
«Es difícil exagerar el cinismo del gobierno federal al pretender que respeta los derechos de la Primera Enmienda de los ciudadanos estadounidenses mientras trabaja explícitamente con una empresa cuyo director general dice que ‘no se va a atener a la Primera Enmienda’ para silenciar a los ciudadanos estadounidenses en la plataforma más utilizada para el discurso político», dijo Senger en un comunicado.
Twitter y el HHS no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Changizi, Kotzin y Senger están siendo representados por la New Civil Liberties Alliance, que se describe a sí misma como un grupo de defensa de los derechos civiles no partidista y sin ánimo de lucro.
«El director general de Salud Pública cree aparentemente que puede hacer lo que quiera, llegando incluso a reclutar la fuerza empresas tecnológicas para sofocar las perspectivas de quienes difieren del gobierno en las políticas de COVID. Pero el Congreso no le ha dado la autoridad para coaccionar a las plataformas de redes sociales para que censuren las voces de aquellos con los que no está de acuerdo, y de hecho no podría haberle dado este poder», dijo Jenin Younes, asesor de litigios del grupo, en un comunicado. «La demanda del director general de Salud Pública ha convertido la censura de Twitter en una acción gubernamental. Por lo tanto, esta supresión de la expresión basada en el punto de vista viola los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión de nuestros clientes».
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