Los prestatarios que se oponen a la medida del presidente Joe Biden de condonar préstamos estudiantiles a un coste de 1 billón de dólares o más han pedido a la Corte Suprema que vea su caso.
Biden dio a conocer el plan en agosto, en una medida que, según los críticos, era un intento constitucionalmente dudoso de ayudar a los demócratas en las elecciones al Congreso del 8 de noviembre. Aunque la Oficina Presupuestaria del Congreso dijo que el plan podría costar unos 400,000 millones de dólares, un estudio de Wharton School de la Universidad de Pensilvania estima que el precio podría superar el billón de dólares.
El gobierno citó la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes de 2003 (Ley HEROES), que puso temporalmente en pausa los pagos e intereses de los préstamos estudiantiles durante la reciente pandemia. A principios de este año, el gobierno dijo que gozaba de autoridad de emergencia en virtud de la ley como consecuencia de la pandemia para proceder a la condonación parcial de los préstamos estudiantiles.
El programa de condonación de deudas ya había sido suspendido por un tribunal federal.
En el caso Biden contra Nebraska, el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito de EE. UU. impidió que el programa siguiera adelante, emitiendo una orden judicial a escala nacional. Cuando la Administración Biden pidió a la Corte Suprema que anulara la orden, el alto tribunal denegó la solicitud y dictaminó (pdf) el 1 de diciembre que escucharía los argumentos orales sobre el caso en febrero.
Pero en el caso actual, conocido como Departamento de Educación contra Brown, expediente judicial 22A489, la procuradora general de EE. UU., Elizabeth Prelogar, pidió (pdf) a la Corte Suprema el 2 de diciembre que dejara en suspenso otra sentencia del juez Mark Pittman, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Fort Worth, Texas. Pittman sostuvo el 10 de noviembre que Biden excedió su autoridad constitucional al crear el programa de condonación de préstamos. Pittman, nominado por Trump, dictó una medida cautelar a nivel nacional para bloquear el programa.
En el caso, la prestataria Myra Brown fue considerada inelegible para el alivio del préstamo y Alexander Taylor argumentó que era elegible para un alivio de $ 10,000. Afirman que el Departamento de Educación les negó indebidamente la oportunidad de participar en el proceso público de comentarios y que habrían instado a la agencia a proporcionar un mayor alivio de la deuda.
El abogado de los prestatarios, John Michael Connolly de Consovoy McCarthy en Arlington, Virginia, presentó un escrito (pdf) ante la Corte Suprema argumentando que el Departamento de Educación violó la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Educación Superior al decidir «los detalles clave del programa a puerta cerrada, incluyendo qué personas recibirán la condonación de la deuda, qué cantidad de su deuda será condonada y qué tipos de deuda calificarán».
«El resultado era previsible: algunos se beneficiarán generosamente, otros se verán perjudicados y otros quedarán totalmente al margen».
Connolly dijo al alto tribunal que el caso no debía consolidarse con el de Nebraska.
Los «diferentes hechos, reclamaciones y situación» de los casos Brown y Nebraska «hacen posible que la decisión del Tribunal en Nebraska no resuelva este caso».
Prelogar presentó un escrito (pdf) ante el alto tribunal el 8 de diciembre en el que le instaba a suspender la orden de Pittman.
Pero Prelogar dijo que estaba de acuerdo con la otra parte en que, como mínimo, el tribunal debería aceptar escuchar los argumentos orales sobre el caso.
El tribunal debe escuchar el caso junto con el caso de Nebraska, agregó.
Los estudiantes prestatarios carecen de legitimación para impugnar el programa de alivio de la deuda, escribió.
No pueden, por un lado, «alegar que se han visto perjudicados» porque el plan del gobierno les proporcione un alivio de la deuda demasiado pequeño, y al mismo tiempo pedir al tribunal que dictamine que el gobierno «no puede proporcionar ningún alivio de la deuda en absoluto, ni a ellos ni a nadie».
The Epoch Times se puso en contacto con el Ministerio de Justicia y con Connolly para pedirles comentarios, pero al momento de la publicación de este artículo no había recibido respuesta de ninguno de los dos.
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