Con la mayoría de diputados oficialistas avanzó al pleno de la Cámara baja del Congreso mexicano el gasto público proyectado para 2024 en México, sin recursos para atender la recién emergencia por el azote del huracán Otis en la costa del sureño estado de Guerrero y recortes a organismos autónomos.
El dictamen fue avalado por 32 votos del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) en sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el recinto legislativo de San Lázaro.
En contraste, las bancadas de oposición en la cámara de Diputados, que sumaron 24 votos en contra, criticaron que no se hayan destinado recursos para la recuperación de Acapulco, uno de los sitios turísticos más importantes del país y que recientemente sufrió el golpe del huracán Otis, como categoría 5.
Sin embargo, los diputados oficialistas prometieron que en la próxima discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, programada para el próximo lunes 6 de noviembre, presentarán cambios al dictamen del gasto público para 2024 para que los recursos remanentes se destinen al fondo de recuperación para Acapulco.
“Estamos proponiendo que se canalicen, en un (artículo) transitorio, todos esos recursos para constituir un fondo para la reconstrucción de Acapulco”, dijo el líder de los diputados oficialistas de Morena, Ignacio Mier.
En total, los diputados de Morena, PT y PVEM avalaron un presupuesto de poco más de 9 billones de pesos (más de 500 millones de dólares), en el que más del 67 por ciento se destinará al gasto identificado con el desarrollo social, viéndose beneficiados los apoyos gubernamentales, con enfoque especial en la pensión de adultos mayores.
Dentro de estos recursos, el dictamen propone una reducción a órganos autónomos por más de 13,000 millones de pesos (unos 722 millones de dólares), entre ellos el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el instituto Nacional Electoral (INE), que han sido fuertemente criticados por el presidente López Obrador por el costo de sus estructuras administrativas y altos salarios.
El mayor ajuste es para el PJF con una reducción de más de 6400 millones de pesos (355 millones de dólares), casi 8 por ciento menos de lo solicitado por el aparato de justicia en el país.
En tanto, para el organizador de las elecciones en México, el INE, el recorte presupuestal supone casi 5000 millones menos para su presupuesto de 2024.
La Cámara de Diputados es el órgano legislativo en México facultada por mandato constitucional de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) cada año y tiene como límite el 15 de noviembre para enviarlo al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
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