Un juez de la Audiencia Nacional española decretó este jueves prisión provisional para el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, detenido ayer miércoles en Málaga (sur de España) y reclamado por México por un fraude de 280 millones de dólares.
El juez tomó declaración a Lozoya por videoconferencia -aún no ha sido trasladado a Madrid- y a continuación decidió su envío a prisión por «fundado riesgo de fuga», al no tener arraigo en España y ante la gravedad de la pena que se le puede imponer, de 15 años de prisión.
Las autoridades mexicanas, que tienen ahora 45 días para presentar la solicitud de extradición, le atribuyen un delito de «operaciones con recursos de procedencia ilícita», que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español.
Lozoya, sobre el que pesaba una orden de busca y captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, fue director de Pemex entre 2012 y 2016, con el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y estaba en busca y captura desde mayo de 2019.
Detenido ayer en una lujosa urbanización de la zona turística de la Costa del Sol por la Policía Nacional, Lozoya se opuso a ser entregado a México y declaró que llegó a España hace solo dos días.
Sin embargo, la Policía Nacional informó de que había sido localizado en la provincia de Málaga a principios de este año, tras meses de investigaciones en colaboración con la Fiscalía mexicana.
El juez destaca también en su auto que en el momento de su detención iba dentro de un taxi de una empresa privada y con una licencia de conducir mexicana falsificada como identificación: llevaba su fotografía, pero el nombre correspondía a otra persona, «de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia».
De acuerdo con la normativa que regula las extradiciones, el juez indica que se mantendrá esta medida de prisión durante 45 días, plazo que tienen las autoridades mexicanas para remitir a España la solicitud de entrega por vía diplomática ante el Ministerio de Asuntos Exteriores o directamente ante el de Justicia.
Según la información facilitada por la Policía Nacional, el presunto fraude lo habría cometido entre 2012 y 2013 como responsable de un «entramado de corrupción» acusado de recibir sobornos de Odebrecht.
Tras su fuga comenzó la colaboración entre la Fiscalía mexicana y la Policía Nacional, gracias a la cual se obtuvieron indicios que situaban a Lozoya en diferentes localidades españolas, pero «el alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales» complicaban su localización, según la Policía española.
De acuerdo con la orden de detención internacional emitida por México, Lozoya adquirió un bien inmueble «con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita» y con el propósito de ocultar el origen de esos fondos, en colaboración con otros dos imputados, su hermana Gilda Susana Lozoya y el empresario Alonso Anciara Elizondo, detenido también en España en mayo del año pasado.
Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que se logrará la extradición de Emilio Lozoya.
“Yo pienso que sí (será extraditado) porque la Fiscalía está realizando su trabajo muy bien. Les recuerdo que es una institución autónoma, no hay consigna específica. Si hablamos de consigna, lo que queremos es que se destierre la corrupción de México y esto se está llevando a cabo en el marco de la legalidad», comentó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
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