La ONG de acción jurídica y defensa pro-democrática Prisioners Defenders (PD) denunció este martes al régimen cubano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por «tortura» a «presos políticos» en esa isla caribeña.
En un informe publicado este martes y presentado ante el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura de la ONU, PD apunta a «quince prácticas de tortura» que, según ellos, el régimen cubano habría practicado a «101 presos políticos actualmente procesados».
«El Estado cubano tiene un extenso historial de violaciones de derechos humanos, entre ellas, la tortura en Cuba es sistemática y generalizada», apunta la organización en el escrito con vistas al período de sesiones del Comité contra la Tortura que se celebrará del 19 de abril al 13 de mayo.
En esa línea, aseguran que la tortura «es una de las violaciones de derechos humanos más comunes en las prisiones de Cuba, especialmente grave y universal para los detenidos y presos considerados contrarrevolucionarios», una clasificación específica para «los presos políticos o de conciencia».
La «represión sube» desde las protestas de julio
Además, la organización alude a las protestas masivas del pasado 11 de julio y asegura que desde entonces «Cuba ha exhibido los índices de represión más altos registrados en décadas con más de 5000 detenciones arbitrarias y más de 1167 prisioneros políticos».
«Activistas, opositores y civiles manifestantes han sido procesados por ejercer la libertad de expresión pacíficamente, hoy se encuentran en prisión, siendo torturados», reclama el documento.
A pesar del aumento de esas prácticas, según denuncia PD, no se trata de una situación nueva: «durante décadas el Gobierno cubano ha acosado y maltratado a los prisioneros políticos y también a sus familiares. Esta denuncia demuestra que el 100% de los presos políticos sufren algún tipo de tortura».
Quince tipos «sistemáticos y generalizados de tortura»
Prisioners Defenders indicó además que el régimen de la isla utiliza «quince tipos sistemáticos y generalizados de tortura» y reveló que «el 77% de ellos ha sido sometido a cinco o más tipos distintos».
El 65.91% de los procesados ha sido sometido a amenazas para ellos, su integridad, su seguridad y la de sus seres queridos», manifiestan y recuerdan que el 11 de julio fueron «detenidos y encarcelados miles de manifestantes», en «algunos casos varios miembros de una misma familia».
Este hecho «ha permitido al régimen represor innovar su práctica de sometimiento intencionado a angustia torturando al prisionero en presencia de su familiar».
Además, tildan de «generalizado» el «uso de celdas de castigo plagadas de insectos, humedad, con camas de cemento y sin ventilación» algo que «sumado a las altas temperaturas de estos cubículos en verano y frío intenso en invierno, son espacios insoportables» donde aparecen enfermedades.
Más de la mitad de los procesados consultados afirman haber sido sometidos a «agresiones físicas directas», según critican, y la «violencia practicada sobre ellos con frecuencia provoca la fractura de costillas y la pérdida de conocimiento».
Uso prolongado de esposas e incomunicación
La organización denuncia el «uso prolongado de esposas como forma de tortura» con la finalidad de «inmovilizar y degradar al prisionero».
Destacan la práctica conocida como “shakira” que consiste en «esposar al reo por la espalda, de pies y manos, para que quede inmovilizado sobre el piso de la celda, dañando articulaciones y músculos».
«Otra versión de shakira consiste en colgar a la víctima de los barrotes o el techo y dejarlo suspendido por horas o días, lo cual infringe un sufrimiento terrible, dejando secuelas permanentes», revelan.
La incomunicación es también una de las prácticas que la organización critica, cuando el «84.09% de los procesados fueron privados de la comunicación con sus familiares, allegados o abogado durante períodos que oscilan entre las 72 horas hasta más de 3 meses».
A su vez, el 29.55% de los procesados asegura haber sido sometido a «desorientación intencionada» y el 76.14% de los procesados aseguran haber sido sometidos a algún tipo de «humillación, degradación o maltrato verbal por parte de las autoridades o sus auxiliares».
El estudio se desarrolló tomando una muestra de 101 prisioneros políticos y familiares de presos; 87 de los casos fueron recabados de forma aleatoria sobre el universo de prisioneros políticos y 14 fueron recabados sobre casos de tortura ya conocidos y difundidos.
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