El profesor de economía Doug Allen quería saber por qué tantos de los primeros modelos utilizados para crear las políticas de confinamiento del COVID-19 resultaron ser muy incorrectos. Lo que descubrió fue que una gran mayoría se basaba en suposiciones falsas y «tendía a sobreestimar los beneficios y subestimar los costos». Le pareció preocupante que políticas como la de los cierres totales se basaran en esos modelos.
«Se construyeron sobre un conjunto de supuestos. Esas suposiciones resultaron ser realmente importantes, y los modelos son muy sensibles a ellas, y resultan ser falsas», dijo Allen, profesor de Economía de Burnaby Mountain en la Universidad Simon Fraser, en una entrevista.
Allen afirma que la mayoría de los primeros estudios de costo-beneficio que revisó no trataban de distinguir entre los cambios obligatorios y los voluntarios en el comportamiento de las personas ante una pandemia. Más bien, se limitaban a suponer un crecimiento exponencial de los casos de infección día tras día hasta alcanzar la inmunidad de grupo.
En un artículo que publicó en abril, en el que recopiló sus conclusiones basándose en una revisión de más de 80 trabajos sobre los efectos de los confinamientos en todo el mundo, Allen concluyó que los cierres pueden ser uno de «los mayores fracasos políticos en tiempos de paz de la historia de Canadá».
Dice que muchos de los estudios realizados al principio de la pandemia daban por sentado que el comportamiento humano solo cambia como resultado de la intervención ordenada por el Estado, como el cierre de escuelas y negocios no esenciales, las órdenes de usar mascarillas y distanciamiento social y las restricciones a las reuniones sociales privadas.
Sin embargo, no tuvieron en cuenta los cambios de comportamiento voluntarios de las personas en respuesta a la amenaza del virus, que tienen un gran impacto en la evaluación de los méritos de una política de confinamiento.
«Los seres humanos tomamos decisiones y respondemos al entorno en el que nos encontramos, [pero] estos primeros modelos no lo tenían en cuenta», dijo Allen. «Si hay un virus cerca, no voy a las tiendas a menudo. Si voy a una tienda, voy a una tienda en la que no me encuentro con tanta gente. Si me encuentro con gente, tiendo a mantener la distancia con ellos. No hacen falta confinamientos para inducir a la gente a comportarse así».
El propio análisis coste-beneficio de Allen se basa en el cálculo de «años de vida salvados», que determina «cuántos años de vida perdidos habrán sido causados por los diversos daños de los confinamientos frente a cuántos años de vida perdidos fueron salvados por los confinamientos».
Según su cálculo de vidas perdidas, las medidas de confinamiento han causado 282 veces más daño que beneficio a la sociedad canadiense a largo plazo, o 282 veces más años de vida perdidos que salvados.
Hoy en día, unos 14 meses después de la pandemia, muchas jurisdicciones de todo Canadá siguen la misma trayectoria política esbozada al principio de la pandemia. Allen lo atribuye a la política.
Dice que, aunque los científicos han descubierto que el virus empieza a mitigarse a los 30 días de una oleada, cuando el número de casos alcanzaría un equilibrio, los políticos suelen atribuirse el mérito de haberlo conseguido con sus medidas de confinamiento.
«Creo que tiene mucho sentido que hagan exactamente lo que hicieron el año pasado», afirma Allen.
«Si fueras un político, dirías: ‘No vamos a cerrar porque no hay diferencia, y en realidad hicimos el equivalente a matar a 600,000 personas este último año'».
No lo harías, dijo, porque «la alternativa es que ellos [los políticos] tienen que admitir que cometieron un error, y que causaron (…) muchas más pérdidas de años de vida de los que salvaron».
Allen lamenta que los medios de comunicación, en su mayor parte, solo transmitieran una parte del debate sobre las restricciones del COVID-19 y no hayan examinado la otra. A ello se suma, según él, que las opiniones contrarias a la respuesta oficial del gobierno suelen ser retiradas de las plataformas de redes sociales.
Dice que ha oído que incluso su propio estudio publicado ha sido censurado por algunos sitios de redes sociales.
«En cierto sentido son plataformas privadas. Pueden hacer lo que quieran. Pero, por otro lado, me entristece que vivamos en un mundo en el que plantear opiniones contrarias se desestima, se ignora o (…) recibe insultos, [y] en cierto modo se cancela», dijo Allen.
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