Una ley recientemente propuesta en Carolina del Sur consideraría ilegal que ciertas instituciones pidieran a una persona su estatus de vacunación contra el COVID-19.
«El gobierno no tiene derecho a obligarle o a decirle que se vacune o amenazarle con su sustento de vida si no lo hace», dijo el representante estatal William Chumley, copatrocinador del proyecto de ley, conocido como H.4848.
Un representante de una entidad pública, privada o sin fines de lucro que cuestione sobre el estatus de vacunación contra el COVID-19 de una persona debe ser multado con más de USD 14,000 o encarcelado por un máximo de un año, o ambas cosas, según el texto del proyecto de ley.
«Carolina del Sur no quería meterse en esta lucha», dijo Chumley a los medios de comunicación locales. «Nos la trajo el gobierno federal».
La legislación se está debatiendo actualmente en un comité de la Cámara estatal.
Los legisladores que promovieron la legislación dijeron que apoyan la iniciativa porque puede servir como baluarte contra la coerción del gobierno.
«Se trata de proteger a las personas de ser forzadas o coaccionadas a vacunarse con el fin de obtener un empleo, admisión a las escuelas o servicios gubernamentales», dijo Wayne Long, representante estatal republicano a Channel 2 News.
«Recibo llamadas de personas literalmente todas las semanas rogándole a la legislatura que tome algún tipo de acción para proteger los derechos de las personas, proteger su privacidad y evitar que sean forzados o coaccionados a recibir una vacuna que francamente no quieren recibir», añadió Long. «E incluso para las personas que se han vacunado, he hablado con muchas de ellas, es realmente un problema de privacidad».
El abogado de derecho laboral de Carolina del Sur, Jeremy Summerlin, dijo a los medios locales que considera que la legislación sería muy difícil de implementar.
«Se pone a los empleadores en una postura imposible», comentó Summerlin. «Se tiene una ley estatal (propuesta) ahora que dice que si se cuestiona sobre eso y se trata de acatar la ley federal, entonces se irá a la cárcel», agregó.
«¿Qué ocurre si le pregunta a su compañero de trabajo sobre su estatus de vacunación y solo están teniendo una conversación?», dijo. «¿Qué pasa si usted es enfermera y le pregunta a una compañera enfermera al respecto? ¿Quieren que la policía local vaya y los arreste por esta ley?»
La legislación propuesta llega dos semanas después de que la Corte Suprema, en una opinión mayoritaria de 6 a 3, bloqueara una norma temporal de emergencia de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) que exigía que los empleados de empresas con 100 o más trabajadores se vacunaran o se sometieran a pruebas semanales. Y el martes, OSHA publicó un anuncio diciendo que retiraría formalmente la regulación el miércoles.
COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
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