Padres y compañeros de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa realizaron este viernes una manifestación que terminó en choques con policías y ataques con petardos y cohetes al Campo Militar Número 1.
“Queremos la línea de investigación, (saber) dónde están nuestros hijos, qué fue lo que pasó (…) hasta el día de hoy no sabemos dónde están”, dijo a Efe María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Con pancartas con los rostros de los estudiantes desaparecidos y consignas como “fue el Estado”, “asesinos” y “nos faltan 43”, los estudiantes y familiares aseguraron que a ocho años de los hechos siguen en pie de lucha hasta dar con la verdad.
“Ya son muchos años, la desesperación, la preocupación de nosotros como madres y padres de familia, pues nuestros hijos se fueron a estudiar y a nosotros nos duele porque la indignación(es) que son jóvenes, que su único delito es seguir sus estudios”, acotó Tlatempa Bello.
Los inconformes exigieron que se abran los archivos militares del caso y entregar a los elementos involucrados en la desaparición de los jóvenes, además de que se acabe con las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos.
“Queremos que abran los archivos del Ejército del campo Número Uno porque probablemente puedan estar nuestros hijos aquí y ocultando evidencias, (queremos saber) ¿qué fue lo que realmente pasó?”, insistió.
Tras el mitin, algunos manifestantes lanzaron cohetones y petardos a las instalaciones militares e, incluso, derribaron una de las puertas del Campo Militar Número Uno, mientras los elementos policiacos repelieron las agresiones con piedras y agua.
Desde la semana pasada, familiares y activistas empezaron con las manifestaciones previo al aniversario de la desaparición de los estudiantes.
El miércoles, cientos de personas protestaron también y vandalizaron la Embajada de Israel en México, a cuyo Gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.
Este jueves un juez concedió un amparo provisional a Murillo Karam para protegerlo de su procesamiento por el caso.
El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un «crimen de Estado» con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el crimen de Ayotzinapa a días del octavo aniversario de la desaparición masiva.
El exprocurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la «verdad histórica», una versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
La Comisión de la Verdad y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han rechazado esa «verdad histórica» al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.
Este viernes, López Obrador prometió que no habrá impunidad y se pronunció a favor de que se den a conocer los nombres de las 46 personas que fueron identificadas por la Comisión para la Verdad y la Justicia como participantes en el caso.
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