El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene hasta el próximo jueves para decidir si firma, veta o ignora un proyecto de ley que protege a los proveedores de atención médica de las demandas relacionadas con el COVID-19.
Los legisladores de Florida entregaron el SB 7014 a su escritorio la tarde del 17 de febrero, según un comunicado de su oficina. Bajo la Constitución de Florida, DeSantis tiene siete días para actuar. Si no aborda el proyecto de ley para el jueves, se convertirá en ley, entrando en vigor inmediatamente.
Y eso ha puesto al gobernador republicano en un aprieto, obligándole a elegir entre alinearse con su partido o apaciguar a un creciente número de electores que exigen su veto.
El apoyo a una carta en la que se argumenta por qué debería bloquear el proyecto de ley ha aumentado hasta incluir las firmas de 35 líderes de organizaciones que representan un total combinado de cientos de miles de personas en Florida y otros lugares, dice el autor de la carta, el abogado R. Shawn McBride, del American Freedom Information Institute.
La carta fue entregada personalmente a la oficina de DeSantis el 14 de febrero. La organización actualiza su oficina diariamente sobre el creciente número de personas que piden su veto.
El esfuerzo liderado por los republicanos en el proyecto de ley busca extender una ley que otorga casi inmunidad a los proveedores de atención médica para, entre otras cosas, su tratamiento de COVID-19, siempre y cuando sigan «las normas de salud emitidas por el gobierno en relación con» la enfermedad.
DeSantis ha dicho que se debe permitir a los médicos recetar lo que creen que funciona mejor, y ha dicho que los legisladores de Florida deben hacer una ley que ofrezca protección. No ha comentado el proyecto de ley que tiene en su escritorio y que contradice su posición.
Otros estados están considerando actualmente la posibilidad de permitir el uso de la ivermectina en el tratamiento del COVID-19.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) han emitido directrices del gobierno federal para el tratamiento durante la pandemia. Y esa es la principal razón del alboroto de los opositores.
En su carta, los opositores al proyecto de ley dicen que no se oponen a las protecciones legales para los proveedores de atención médica. Pero quieren que los médicos puedan recetar lo que creen que funciona mejor para cada paciente, en lugar de estar obligados a utilizar los protocolos del gobierno.
Vincular la inmunidad ante las demandas a los tratamientos recomendados por el gobierno significa que los médicos tienen miedo de probar otros medicamentos que podrían salvar vidas, dicen.
Los médicos que se han puesto en contacto con The Epoch Times confirman que cada vez temen más que se les retire la licencia para ejercer la medicina si recetan ivermectina u otros medicamentos que creen que pueden curar a la gente del COVID-19. Algunos dicen que han recibido cartas de mala praxis de proveedores de seguros, amenazando con retirar la cobertura si prescriben tratamientos no recomendados en el tratamiento del COVID-19 por los CDC o los NIH.
Los estudios sobre la seguridad y la eficacia del uso de la ivermectina en el tratamiento del COVID-19 han llevado a que 22 países aprueben total o parcialmente su uso. La ivermectina, que ya es un fármaco aprobado por la FDA para ciertos usos en humanos y animales, se encuentra actualmente en ensayos clínicos en Estados Unidos para su uso en el tratamiento del COVID-19.
En el tratamiento de otras enfermedades y afecciones, los médicos prescriben habitualmente medicamentos aprobados por la Asociación de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés), pero no aprobados para ese uso específico. Esas prescripciones se conocen como usos «no aprobados».
Los fármacos, incluida la ivermectina, recetados como parte de un popular protocolo de tratamiento del COVID-19 ampliamente utilizado por médicos independientes, están aprobados por la FDA y han sido alabados por muchos pacientes recuperados.
Sin embargo, los hospitales de todo el país han luchado contra las familias de los pacientes en los tribunales para evitar su uso.
Los pagos del gobierno federal a los hospitales en virtud de la Ley CARES también están vinculados al cumplimiento de las directrices de tratamiento recomendadas por el gobierno.
Según los opositores al proyecto de ley de Florida, esto podría significar la muerte para muchos, repitiendo las preocupaciones de los médicos que han intervenido en las concentraciones por la libertad médica en todo el país.
«Hace siglos, los hospitales eran lugares que la gente evitaba como la peste», escribió el Dr. Ed Balbona, internista de Jacksonville, en una carta, instando a DeSantis a vetar el proyecto de ley. «Eran los lugares a los que se iba a morir. Hoy en día, la pandemia de Covid ha traído de vuelta este temor a los hospitales».
Balbona testificó en el marco de una demanda presentada por la familia de un paciente de Mayo Clinic que estaba conectado a un respirador artificial y que rogó al hospital que probara otros medicamentos. Dijo al juez que el hombre aún podía salvarse. Los abogados de Mayo Clinic se opusieron enérgicamente al uso de los tratamientos que Balbona recomendaba. El juez falló en contra de la familia, y el hombre falleció.
«Una combinación mortal de codicia, cobardía e ignorancia ha llevado a una atención hospitalaria francamente poco ética. Los hospitales se han reducido a una obediencia sin sentido. Obediencia a las directrices del CDC que saben que no tienen valor. Obediencia a la FDA, que promueve los beneficios de las empresas en lugar del bien público», dijo Balbona.
«Es hora de que los profesionales médicos despierten y protejan a sus pacientes. Es hora de rescatar las protecciones de responsabilidad y votar en contra» de este proyecto de ley, escribió Balbona.
Al hacer presión para persuadir a otros de que voten a favor del proyecto de ley, los líderes republicanos de la Legislatura de Florida argumentaron que proteger a los centros de salud de las demandas relacionadas con el COVID es bueno para los floridanos porque ayudará a esos proveedores médicos a mantenerse financieramente solventes y abiertos en tiempos difíciles.
Florida es uno de los 29 estados del país que han promulgado leyes que protegen a los profesionales médicos de la responsabilidad relacionada con el COVID-19. El gobierno federal instó a los gobernadores de los 50 estados a establecer estas protecciones poco después de que comenzara la pandemia hace casi dos años, según la Asociación Médica Americana.
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