Un grupo bipartidista de legisladores en el Senado tiene como objetivo responsabilizar al Partido Comunista Chino de la sustracción forzosa de órganos de presos de conciencia.
La ley S.761, también conocida como Stop Forced Organ Harvesting Act, autoriza al Departamento de Estado a denegar o revocar pasaportes y visas a cualquier persona implicada en la sustracción forzada de órganos. También exige al gobierno una presentación de informes anuales sobre este acto ilícito en países extranjeros para imponer sanciones a quienes faciliten la práctica.
«Cada vez hay más pruebas de que el Partido Comunista Chino ha extraído y sigue extrayendo órganos de (personas pertenecientes a) grupos religiosos perseguidos, presos de conciencia y reclusos», declaró el 9 de marzo el senador republicano Tom Cotton, codirector de la ley junto con el senador demócrata Chris Coons, a través de un comunicado de prensa. «Ya es hora de que Beijing rinda cuenta por estos actos atroces».
Coons, copresidente del Caucus de Derechos Humanos del Senado, describió la sustracción forzada de órganos como «cruel e inmoral», y señaló que a menudo se dirige contra «minorías étnicas y religiosas y algunos de los grupos más vulnerables del mundo».
«Me enorgullece volver a presentar la ley bipartidista Stop Forced Organ Harvesting Act, que facultará al gobierno de Biden para tomar medidas contra quienes practican este crimen despreciable», declaró el senador.
La versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley se dirigió al pleno del Congreso tras ser aprobada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara el 28 de febrero.
El programa estatal de sustracción forzosa de órganos en la China comunista mueve 1000 millones de dólares al año, según las conclusiones del Tribunal Independiente de China, con sede en Londres.
Después de más de un año de investigación, el tribunal llegó en 2019 a la conclusión de que la práctica se ha estado produciendo «a una escala significativa», abasteciéndose principalmente de practicantes de Falun Gong encarcelados. Este grupo religioso, cuyos valores fundamentales son la Verdad, Benevolencia y Tolerancia, así como los ejercicios de meditación, ha sido objeto de una brutal persecución durante los últimos 23 años a manos del Partido Comunista Chino.
El Dr. Torsten Trey, fundador del grupo sin ánimo de lucro Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, ha calificado los abusos a los que se somete a los practicantes de Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, como una forma de «genocidio en frío», descrito como la «destrucción de un grupo que tiene lugar a un ritmo lento y movimientos lentos».
El principal promotor del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, el representante Chris Smith ( R-N.J.), dijo que espera que la legislación pueda impedir que los estadounidenses que acuden al extranjero para someterse a trasplantes de órganos sean cómplices involuntarios de las violaciones de los derechos humanos.
«Cualquiera que reciba un trasplante debe ser muy consciente de su procedencia para asegurarse de que la persona fallecida ofreció voluntariamente su órgano —ya sea un corazón, un hígado o lo que sea— [y] de que efectivamente estaba muerta en el momento del trasplante de órganos», declaró Smith previamente a NTD, medio de comunicación asociado a The Epoch Times.
«Pero en China todo es al revés. Ellos van y eligen y ‘sacrifican’ —como ellos lo llaman— a personas muy sanas y los practicantes de Falun Gong son extraordinariamente sanos debido a sus prácticas religiosas, a su estilo de vida, por lo que se convierten en víctimas del Partido Comunista Chino».
Otros 13 senadores que firmaron el proyecto de ley incluyen a los senadores Marsha Blackburn (R-Tenn.), Cory Booker (D-N.J.), Mike Braun (R-Ind.), John Cornyn (R-Texas), Catherine Cortez-Masto (D-Nev.), Chuck Grassley (R-Iowa), Bill Hagerty (R-Tenn. ), Angus King (I-Maine), James Lankford (R-Okla.), Jeff Merkley (D-Ore.), Marco Rubio (R-Fla.), Thom Tillis (R-N.C.), y Todd Young (R-Ind.).
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