Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron recientemente un proyecto de ley que permitiría al gobierno otorgar subvenciones a «entidades elegibles» para la prueba del virus del PCCh y otras actividades, como el rastreo y monitoreo de individuos infectados. Pero los críticos argumentan que la legislación es inconstitucional.
El 1 de mayo, el Representante Bobby Rush (D-Ill.) presentó el proyecto de ley H.R. 6666, también conocido como “Ley COVID-19 de Pruebas, Alcance y Contacto con Todos (TRACE)”. El proyecto de ley propone la asignación de USD 100,000 millones a organizaciones que podrían proporcionar pruebas y servicios de localización de contactos a través de unidades móviles de salud o en los hogares de las personas.
Las subvenciones se otorgarían a través del secretario de Salud y Servicios Humanos, y a través del director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Las autoridades «pueden otorgar subvenciones a entidades elegibles para realizar pruebas de diagnóstico COVID-19, rastrear y monitorear los contactos de las personas infectadas y apoyar la cuarentena de dichos contactos, a través de unidades móviles de salud; y según sea necesario, evaluar a las personas y brindarles servicios relacionados con las pruebas y la cuarentena en sus residencias», señala el proyecto de ley.
«Increíblemente peligroso»
Los críticos de la legislación propuesta argumentan que el núcleo del proyecto de ley es inconstitucional y un ejemplo de extralimitación del gobierno.
Justin Haskins, director editorial e investigador del Instituto Heartland, un centro de pensamiento sobre libre mercado, dijo que el proyecto de ley plantea preocupaciones acerca de la vigilancia y sería una violación a los derechos de las personas.
«Las disposiciones de rastreo y monitoreo de H.R. 6666 se pueden resumir con una palabra: aterrador», dijo Haskins a The Epoch Times por correo electrónico.
«Darle al gobierno el poder de vigilar a los estadounidenses que no han cometido delitos y que no se sospecha que cometan delitos es increíblemente peligroso, independientemente de las preocupaciones de salud pública», dijo.
Los derechos constitucionales de los estadounidenses no «desaparecen mágicamente» porque la nación está en medio de una pandemia, dijo Haskins, quien también es editor en jefe de Stopping Socialism.
«Nuestros derechos son ‘inalienables’ y eternos», dijo. «Ninguna sociedad libre debería permitir una expansión tan dramática del gobierno».
David Campbell, vicepresidente de la junta del condado de Effingham, Illinois, dijo a The Epoch Times que el dinero en el proyecto de ley propuesto debería utilizarse para ayudar a las pequeñas empresas y a sus empleados a recuperar sus pérdidas por el cierre.
«H.R. El 6666 es claramente una invasión de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses», dijo por correo electrónico. «No puedo recordar ningún otro evento (pandémico o natural) que hubiera requerido que se rastreara o supervisara a un ciudadano de Estados Unidos».
Charlie Kirk, fundador y presidente de la organización conservadora sin fines de lucro, Turning Point USA, calificó la propuesta como «una toma de poder totalitaria» en una publicación reciente en Twitter.
Mientras tanto, James P. Bradley, un republicano que compite en las elecciones del 33º Distrito del Congreso de California, dijo en un comunicado que el proyecto de ley «destruiría por completo nuestras libertades civiles y permitiría una vigilancia masiva».
Bradley reconoció que, si bien existe la necesidad de un «aparato de prueba más robusto para el coronavirus», eso no garantiza la necesidad de «entregar nuestras libertades para hacerlo».
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