En un comunicado de prensa del 25 de enero, la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), dio a conocer las líneas generales de la Ley COMPETES, un proyecto de ley diseñado para aumentar la competitividad estadounidense en los campos STEM y en la fabricación y la extracción tierras raras; sin embargo, el proyecto de ley también permitiría la importación de miles de nuevos refugiados y otros inmigrantes en momentos en que EE.UU. enfrenta una crisis sin precedentes en su frontera sur.
Varias disposiciones de la Ley COMPETES se centran en aumentar la extracción de metales semiconductores y la producción de microchips en Estados Unidos, un área que Estados Unidos ha permitido que el este de Asia domine durante las últimas décadas. En 1990, Estados Unidos produjo alrededor de un tercio de los microchips del mundo; para 2021, ese número se había reducido a solo el 12 por ciento según la Asociación Semiconductor Energy (pdf).
Un aspecto importante de la Ley COMPETES será revitalizar este sector de la economía estadounidense, además de otras áreas en las que Estados Unidos se ha quedado rezagado en los últimos años.
También condenaría y sancionaría a la provincia china occidental de Xinjiang, donde los musulmanes uigures se han enfrentado a una persecución sistémica a manos del Partido Comunista Chino (PCCh).
El PCCh ha utilizado a los uigures como conejillos de Indias para las ambiciones estatales de vigilancia del gobierno central: filas de cámaras de vigilancia se alinean en áreas residenciales, los agentes del PCCh monitorean la actividad y las comunicaciones online de los uigures, y los informantes del gobierno en la región informan sobre los uigures que critican al PCCh.
Los disidentes uigures y otros rivales del PCCh son encarcelados en campos de concentración modernos, donde son obligados a trabajar como esclavos.
Los que tuvieron la suerte de evitar los campos de concentración han visto cómo el PCCh borraba la cultura uigur, enseñando valores aprobados por Beijing en las aulas. Al mismo tiempo, el gobierno central ha inundado la región con chinos Han leales al PCCh, intentando destruir a los uigures al superarlos en número.
El resultado de esto es un ‘genocidio’, dijo el senador Marco Rubio (R-Fla.) durante un discurso en el pleno del Senado en diciembre.
La Ley COMPETES condenaría estos abusos a los derechos humanos, imponiendo nuevas sanciones a la región.
Pelosi dice (en un comunicado) que el proyecto de ley expresa la condena que el Congreso quiere hacer a las atrocidades en curso en Xinjiang. Además, “impondría sanciones basadas en políticas y prácticas de violación sistemática, aborto coercitivo, esterilización forzada o implantación involuntaria de anticonceptivos en Xinjiang”.
Pero el proyecto de ley también aumentaría el flujo de refugiados hacia Estados Unidos en un momento de inmigración ilegal sin precedentes en la frontera sur.
En lugar de trabajar con los estados musulmanes alineados con EE.UU. para reasentar a los refugiados uigures en países más receptivos a los propios antecedentes culturales de los uigures, la Ley COMPETES designaría a los musulmanes uigures como «refugiados de prioridad 2, de especial preocupación humanitaria», aumentando aún más la afluencia de ciudadanos extranjeros a Estados Unidos.
Los uigures no son los únicos que serían elegibles para el reasentamiento como refugiados en el país. También daría a los ciudadanos de Hong Kong el Estatus de Protección Temporal, creando 25,000 nuevas visas para los residentes de Hong Kong.
Si bien estas nuevas visas pueden parecer una protección importante para las personas que enfrentan crisis humanitarias, un representante de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés) advirtió contra una actitud tan simplista y predijo que, en última instancia, las visas dañarían en lugar de ayudar a las personas de la región.
FAIR, una organización no partidista dedicada a reformar las leyes de inmigración para servir mejor a los intereses de los ciudadanos estadounidenses, se ha opuesto en el pasado a una serie de programas que aumentarían la afluencia de ciudadanos extranjeros a Estados Unidos.
Preston Huennekens, Gerente de Relaciones Gubernamentales de FAIR, dijo sobre el proyecto de ley COMPETES: “FAIR apoya los esfuerzos para revitalizar la fabricación y la educación STEM con sede en Estados Unidos, particularmente a la luz de la amenaza de la República Popular China. El fortalecimiento de la fabricación estadounidense y el avance de la investigación científica estadounidense es una causa noble que el Congreso debe abordar”.
“Sin embargo”, continuó Huennekens, “este proyecto de ley comete un error crítico al expandir la inmigración a expensas de los trabajadores estadounidenses”.
Huennekens explicó cómo, lejos de perjudicar al Estado chino, estas nuevas visas servirían a sus intereses.
Un éxodo masivo de ciudadanos disidentes, argumentó Huennekens, “es exactamente lo que quiere el PCCh: Deshacerse de los valientes defensores de la democracia en Hong Kong y consolidar aún más su control sobre la ciudad. Estados Unidos probó este enfoque con Cuba y el resultado fue una fuga de cerebros dedicados a la disidencia anticastristas, lo que le permitió a Castro fortalecer su gobierno comunista en la isla”.
Huennekens señaló que el proyecto de ley también ampliaría la inmigración de otras formas.
“Este proyecto de ley crea una categoría completamente nueva de ‘visas de inversionista’”, explicó. “Ya las tenemos en forma de las controvertidas visas de inversionista de categoría EB-5 y E. FAIR se ha opuesto durante mucho tiempo a estos programas”.
“Sería mejor que el Congreso encontrara formas de alentar y aprovechar las empresas estadounidenses, en lugar de establecer otro programa de ‘visa dorada’ que degrada la ciudadanía estadounidense al relegarla a una cantidad en dólares”.
Bajo la presidencia de Donald Trump, los flujos de inmigrantes y refugiados se redujeron significativamente de acuerdo con la promesa central de la campaña de 2016 del magnate inmobiliario. En 2016, Estados Unidos limitaba a 85,000 la cantidad anual de refugiados admitidos según el Instituto de Política Migratoria; para 2020, Trump había reducido ese límite a solo 18,000 admitidos, con mucho, el nivel más bajo en décadas.
Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden aumentó drásticamente el límite de refugiados. En 2021, el límite se elevó a 62,500 por año; en 2022, Estados Unidos podría aceptar hasta 125,000 refugiados, un nivel que no se llegó a ver, incluso, bajo la presidencia de Barack Obama.
Al mismo tiempo, la administración Biden ha reducido significativamente la aplicación de las leyes de inmigración en la frontera sur, lo que ha llevado a niveles sin precedentes de inmigración ilegal.
Huennekens argumentó que, en medio de la crisis en curso, “no tiene sentido aumentar aún más los niveles de inmigración cuando tenemos una crisis furiosa en nuestra frontera sur y una economía que lucha bajo el peso de la inflación y el COVID-19″.
“Es inconcebible continuar importando decenas de miles de nuevos trabajadores extranjeros cuando los estadounidenses están pasando apuros”, concluyó Huennekens.
Biden se ha enfrentado a una oposición especialmente fuerte de los estados fronterizos por su política de inmigración.
El 28 de enero, una coalición de ocho procuradores presentó una demanda contra el presidente por supuesto abuso al programa de refugiados de Menores Centroamericanos.
Si los demócratas intentan reubicar a miles de ciudadanos extranjeros más en virtud de la Ley COMPETES, Biden podría enfrentarse a una mayor resistencia de los estados, que se sienten cada vez más frustrados con la actitud de laissez-faire de la administración hacia la inmigración.
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