Opinión
El 1 de enero, inmigrantes ilegales en California recibieron atención médica gratuita. Esto fue gracias al Proyecto de Ley 133 de la Cámara de Representantes, que el Gobernador Gavin Newsom promulgó en julio de 2021.
Esto supuso un costo adicional de 4 mil millones de dólares al año, ya que se estima que 764,000 inmigrantes ilegales se sumaron a los ya abarrotados registros de los 14.6 millones de californianos en Medi-Cal, el programa estatal similar a Medicare.
Durante la firma, hace casi tres años, Newsom exclamó: «Estamos invirtiendo el superávit histórico de California para lograr cambios transformadores con los que hemos soñado durante mucho tiempo, incluida esta expansión histórica de Medi-Cal para garantizar que miles de californianos indocumentados de edad avanzada, muchos de los cuales han servido en la primera línea durante la pandemia, puedan acceder a servicios críticos de atención sanitaria».
¡Ups! Eso era cuando el estado disfrutaba de un superávit presupuestario de casi 100,000 millones de dólares. Ahora sufre un déficit de 38 mil millones de dólares, según la propuesta presupuestaria de Newsom del 10 de enero . O 58 mil millones de dólares, según el análisis de esa propuesta realizado por Legislative Analyst el 13 de enero.
A continuación, el Proyecto de Ley Senado 277 presentado por la senadora estatal María Elena Durazo (D-Los Ángeles). Este proyecto de ley otorgaría beneficios de desempleo a inmigrantes ilegales. Según el análisis del Comité de Asignaciones de la Cámara. «Este proyecto de ley establece, hasta el 1 de enero de 2027, con la asignación correspondiente por parte de la Legislatura, el Fondo de Trabajadores Excluidos (EWP) administrado por el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) para proporcionar asistencia de ingresos a trabajadores no elegibles para los beneficios del seguro de desempleo (UI)».
Y aquí están los nuevos costos:
• 270.7 millones de dólares para implementar el programa. El dinero de los contribuyentes se destinaría “principalmente al desarrollo de un nuevo sistema de tecnología de la información (TI). El programa UI del EDD es una asociación federal-estatal, y el sistema de TI actual que se financia en gran medida mediante subvenciones federales. Sin embargo, las reglas federales impedirían al EDD utilizar los sistemas existentes para administrar el EWP, lo que requeriría que el EDD estableciera un sistema de TI nuevo e independiente exclusivamente para el EWP”.
• Los costos anuales para ejecutar el sistema de TI “oscilan entre 39.3 y 53.8 millones de dólares”.
• “Los costos continuos de los montos de los beneficios, que van desde 330 millones a 2 mil millones de dólares, pagados a los solicitantes del EWP”.
Pero aquí está el problema. La asistencia sanitaria implica la necesidad de curar a un paciente físico o de administrarle medicamentos o medicina preventiva. Así que hay un límite. Pero dar prestaciones de desempleo a los extranjeros ilegales haría que el sistema EDD sea aún más propicio para el fraude de lo que ya es. Muchos inmigrantes ilegales cotizan ahora al sistema. Pero ¿Cómo sabemos que realmente hacen el trabajo que se les reclama? ¿Qué ocurre si los despide oficialmente, cobran las prestaciones del EDD, pero luego se los vuelve a contratar extraoficialmente para los mismos trabajos? Por definición, «ilegal» implica al menos cierto grado de ilegalidad.
Fraude del EDD
Luego están los problemas de fraude que existen desde hace mucho tiempo en el EDD. Según el Departamento de Trabajo de EE.UU., al 24 de enero, el EDD todavía le debe al gobierno federal 20 mil millones de dólares prestados para pagar el fraude masivo cometido en su sistema durante la crisis de desempleo en 2020 por el COVID-19.
Y en octubre pasado, CalMatters informó sobre el coste para cada empleado de California: «La deuda actual desencadenó un aumento de 21 dólares por empleado que los empleadores deben pagar en impuestos sobre la nómina a partir de este año. Las tasas de los empleadores seguirán aumentando 21 dólares adicionales por empleado cada año hasta que el estado pague la deuda al gobierno federal, por un total de 945 dólares por empleado hasta 2031, según las proyecciones de la Oficina del Analista Legislativo basadas en la tasa media de impuestos del seguro de desempleo estatal.»
El pago del «empleador», por cierto, realmente se financia a través de salarios reducidos de los empleados de la empresa.
Al explicar el proyecto de ley en junio pasado, el sitio web de Durazo sacó descaradamente la “carta racial”: “La SB 227 abordaría una exclusión racista de larga data que ha tenido un impacto económico devastador en las comunidades de inmigrantes, las industrias de California y el bienestar de nuestro estado, particularmente durante tiempos de desastre, como incendios forestales y tormentas invernales históricas. Millones de trabajadores inmigrantes indocumentados trabajan en empleos que ayudan a que California prospere; no pueden acceder a las prestaciones por desempleo cuando pierden su empleo”.
En realidad, si la SB 227 impacta el presupuesto estatal por mil millones de dólares –o tal vez mucho más si el riesgo de fraude del EDD vuelve a surgir– todos, de todas las razas, credos y colores, se verán afectados por los recortes a otros programas estatales, o aumentos de impuestos. Además, también deberían incluirse los beneficios que ya reciben los inmigrantes ilegales, empezando por la ya mencionada atención Medi-Cal, además de la educación gratuita para sus hijos en las escuelas públicas.
Difícil hacer la ley SB 227
El año pasado, se llevaron a cabo numerosas manifestaciones en todo el estado a favor de la SB 227. CBS News del Área de la Bahía informó el 13 de abril: «Un grupo de trabajadores del Área de la Bahía y de todo California se reunieron en el Capitolio del Estado el jueves, instando a los legisladores a aprobar un proyecto de ley para hacer los beneficios de desempleo disponibles para los inmigrantes indocumentados. …
“Después de casi una hora y media, el autobús llegó a Sacramento. Ya estaban reunidos más de 100 trabajadores indocumentados de todo el estado”.
El proyecto de ley no fue aprobado el año pasado, sino que se aplazó hasta 2024. «Probablemente, la acción más temprana que podría tener lugar sería en junio», me dijo Jennifer Richard, jefa de personal de la Sra. Durazo. «Pero la parte más importante sería ver si hay algún tipo de financiamiento en el presupuesto. Y en este momento, eso no parece muy prometedor debido al déficit presupuestario que estamos enfrentando».
Ahí está el problema: el déficit presupuestario de 38,000 o 58,000 millones de dólares. Incluso si la Legislatura aprueba la SB 227, probablemente enfrentaría un veto por parte del gobernador Newsom. De hecho, en 2022 vetó un proyecto de ley similar, el Proyecto de Ley 2847 de la Cámara, debido a preocupaciones presupuestarias.
Como escribí en The Epoch Times el 19 de enero, “Las esperanzas presidenciales de Newsom para 2024 se desvanecen”, él mira hacia 2028. Su mandato como gobernador es limitado, por lo que no tiene que preocuparse por ser reelegido aquí.
Pero tiene que controlar ese déficit presupuestario, o será un pesado lastre colgando de su cuello una vez que deje el cargo en enero de 2027 y apunte al 1600 de la avenida Pennsylvania.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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