Un proyecto de ley de Florida que pretende proteger la integridad de las elecciones ha sido objeto de desafíos legales inmediatamente después de convertirse en ley.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el jueves el proyecto de ley 90 del Senado, respaldado por los republicanos, que añade salvaguardias a la forma en que la gente vota utilizando los buzones y las boletas de voto por correo. El proyecto de ley ha recibido una fuerte oposición por parte de activistas de los derechos civiles y de algunos demócratas, que argumentan que la medida grava de forma desproporcionada el derecho al voto de los votantes negros y latinos, lo que, según ellos, equivale a una supresión del voto.
Poco después de que se promulgara la ley, varios grupos de defensa del derecho al voto presentaron dos demandas diferentes que pretendían bloquear la aplicación de la ley y declarar que la medida viola la Constitución de Estados Unidos y la ley federal.
Ambas demandas fueron presentadas en un tribunal federal de Tallahassee y afirman que la SB 90 es ilegal porque las «restricciones» no se aplican a todos los votantes de Florida por igual. Las demandas argumentan que la ley fue elaborada de tal manera que crearía obstáculos sustanciales para los votantes de edad avanzada, para los jóvenes y las minorías, así como para los votantes que desean votar por correo.
«La SB 90 es un proyecto de ley que pretende resolver problemas que no existen, que atiende a una peligrosa mentira sobre las elecciones de 2020 que amenaza nuestros valores democráticos más básicos y que, al final, dificulta el voto sin una justificación adecuada para ello», afirmaba una de las demandas (pdf).
Las demandas se referían en particular a las nuevas cláusulas sobre las urnas, como la disponibilidad, la ubicación y la supervisión de las mismas. Los demandantes también se opusieron a las medidas que prohíben que las organizaciones y los voluntarios recojan las boletas de voto ausente, a los requisitos adicionales para volver a solicitar las boletas de voto ausente y a la disposición que prohíbe las actividades de captación en torno a los colegios electorales, incluida la distribución de comida y agua gratuitas.
«En conjunto, estas disposiciones anteriores (…) apuntan a casi todos los aspectos del proceso de votación, y lo hacen sin un propósito legítimo, y mucho menos un interés estatal imperioso que pueda justificar sus restricciones al derecho de voto», alegó una de las demandas.
Una de las demandas fue presentada conjuntamente por el abogado demócrata Marc Elias, de Perkins Coie, en nombre de la Liga de Mujeres Votantes de Florida, el Fondo Black Voters Matter, la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Florida y varios individuos.
Por otro lado, la otra demanda (pdf) fue presentada por el Fondo de Defensa Legal y Educación de la NAACP (LDF), Disability Rights Florida y Common Cause.
El consejero adjunto de la LDF, Zachery Morris, dijo en un comunicado que la ley representa «una reacción directa y rápida a la histórica participación de los votantes negros durante la temporada electoral de 2020».
«Las disposiciones supresivas y discriminatorias de la ley dejan claro que el objetivo de la Legislatura de Florida es erigir obstáculos adicionales para impedir que los votantes de Florida, especialmente los discapacitados, los negros y los latinos, accedan a las urnas. Estas medidas son vergonzosas y no son nuevas. No podemos permitir que los funcionarios electos supriman votos bajo el pretexto de la integridad electoral», dijo Morris.
En respuesta a las demandas, la oficina de DeSantis calificó las reclamaciones como «sin fundamento» y argumentó que «caracterizan groseramente la legislación».
«Gracias a la firma de la ley SB 90 por parte del gobernador, Florida seguirá siendo líder en seguridad electoral, integridad de las boletas y protección de cada voto. Las nuevas reformas electorales de Florida hacen que sea fácil votar legalmente pero difícil hacer trampas. Esperamos derrotar estas reclamaciones infundadas en los tribunales», dijo un portavoz a The Epoch Times en un correo electrónico.
La promulgación de la ley SB 90 de Florida se produce semanas después de que Georgia aprobara una ley similar destinada a proteger la santidad de las urnas. Los demócratas se han opuesto unilateralmente a ambas medidas electorales y sus críticas han llevado a que varias empresas multinacionales como Delta y Coca-Cola —y sus CEO— se hagan eco de esas preocupaciones.
Kemp y varios republicanos han rebatido repetidamente los argumentos demócratas sobre la ley de Georgia, calificando el relato de engañoso. Kemp ha afirmado previamente que «es más fácil votar en Georgia» con la nueva ley «que en Nueva York».
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