El alcalde de un pueblo de Arizona está declarando estado de emergencia por la crisis en la frontera sur.
Gila Bend, un pueblo cercano a la frontera de Arizona con México, tiene una población de apenas 2000 personas.
El alcalde, Chris Riggs, dijo a Fox News que culpa a la administración Biden de transportar a los inmigrantes ilegales en autobuses a su ciudad, señalando que, en particular debido a la actual pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), no tienen los recursos necesarios para hacerse cargo de la afluencia.
«La Patrulla Fronteriza nos hizo saber que iban a dejar a los migrantes que habían sido detenidos durante 72 horas en nuestro pueblo, lo que realmente no entendimos porque no tenemos nada aquí», dijo Riggs a Fox.
«No tenemos organizaciones de beneficencia que puedan ayudar, ni organizaciones no gubernamentales que muchas de las ciudades y pueblos más grandes sí tienen para asistir a estas personas».
Explicó que no han recibido ninguna ayuda federal o estatal, y que los inmigrantes ilegales que son dejados en su ciudad no tienen comida, alojamiento o pruebas de COVID.
El alcalde dijo al medio de comunicación que la delincuencia aumentó en Gila Bend recientemente, con unos 20 inmigrantes ilegales que llegan al pueblo a pie casi a diario.
Riggs dijo que el coste de las pruebas de COVID-19 de dos autobuses llenos de gente a la semana costaría alrededor de 600,000 dólares en un año.
La semana pasada, la Asociación Nacional de Alguaciles afirmó que hasta el 50 por ciento de los inmigrantes ilegales están dando positivo en las pruebas de COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
A principios de este mes, Arizona emprendió acciones legales (pdf) para bloquear la nueva normativa federal sobre inmigración, alegando que ésta tendría consecuencias negativas para el estado.
Las nuevas normas limitarían la capacidad del ICE para detener a algunos inmigrantes ilegales a menos que supongan una amenaza para la seguridad nacional, hayan entrado por la frontera después del 1 de noviembre o hayan cometido delitos graves.
La administración Biden dice que las normas no impiden detener o deportar a las personas, pero los agentes sobre el terreno tendrían que pedir permiso a sus superiores para detener a personas fuera de los casos mencionados.
«Si me preguntan por la opción política más pobre que haya visto en el gobierno, ésta sería una fuerte contendiente», dijo el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, en un comunicado. «Liberar ciegamente a miles de personas, incluyendo a criminales convictos y a aquellos que pueden estar propagando COVID-19 en nuestro estado, es tanto inconcebible como una violación de la ley federal. Esto debe detenerse ahora para evitar una peligrosa crisis humanitaria para los inmigrantes y el pueblo de Arizona».
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