El Senado de Texas aprobó el martes un proyecto de ley que permitiría utilizar vales escolares para estudiar en escuelas privadas. La medida ha generado diversas reacciones, pero es importante conocer qué hay detrás de los argumentos.
El proyecto de ley del Programa de Cuentas de Ahorro para la Educación, o ESA, (SB1), otorgaría a las familias 8000 dólares al año para pagar la matrícula escolar y otros gastos educativos como uniformes, libros de texto, tutoría o transporte, entre otras cosas. El proyecto asignaría 500 millones de dólares al programa durante los próximos dos años.
El proyecto, conocido popularmente como «vales escolares», es parte de la propuesta de Libertad en la Educación del gobernador de Texas, Greg Abbott. Según su oficina, la medida pretende expandir las opciones escolares para los estudiantes del estado, además de reforzar el derecho de los padres considerándolos como principales tomadores de decisiones en todo lo que se refiere a sus hijos.
El senador Brandon Creighton (R), creador del proyecto, asegura que este «empodera a los padres y estudiantes», ya que pueden elegir la escuela de su preferencia, ya sean públicas o privadas.
Sin embargo, a pesar de que el proyecto da a los padres la libertad de decidir, algunos de sus críticos han expresado su desacuerdo con el hecho de que se otorgue el dinero de los contribuyentes a escuelas privadas y califican la medida como discriminatoria.
El representante demócrata James Talarico catalogó la propuesta como una estafa. Dijo que los vales escolares desfinanciarían a las escuelas públicas para dar el dinero a las privadas. Además, dijo que estas no tendrían que brindar servicios como el transporte o educación especial. También cuestionó si la ayuda cubriría el costo total de la matrícula.
Talarico dijo que los vales escolares “no son derechos de los padres”, ya que según él, los padres “renuncian a derechos” cuando recurren a las escuelas privadas y que “a diferencia de las juntas escolares públicas, no hay rendición de cuentas, transparencia o democracia” en el sector privado.
Sin embargo, el programa contempla que la Contraloría regule la aplicación del programa. Las instituciones privadas o públicas deberán contar con una certificación que se otorga bajo cumplimiento de estrictos requisitos. Adicionalmente, las escuelas deberán presentar un informe anual del programa incluyendo el número de alumnos incluidos, los resultados de la evaluación del mismo y la cantidad de ahorro en costos, entre otros.
También hay quienes plantean que la medida dejaría en desventaja a las zonas rurales donde hay pocas o ninguna escuela privada.
El Black Caucus del estado se opuso a los vales, argumentando que buscan que el dinero de los contribuyentes vaya a las escuelas públicas que atienden al 96% de los estudiantes. Dice que una de las posibles consecuencias serían salarios más bajos para los profesores.
Sin embargo, el senador Paul Betancourt (R), uno de los partidarios del proyecto, dijo que ya hubo un aumento del 22% en la financiación de las escuelas públicas en el último periodo presupuestario de 2 años y espera que se apruebe otra propuesta para aumentar otros 1200 millones de dólares con otro proyecto de ley (SB2) que se está analizando en el Senado.
Este tipo de programas, denominados de «elección escolar universal», están vigentes en 32 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, según EdChoice. La organización afirma que según varias encuestas, la mayoría de los americanos «apoya la elección de escuela, aunque muchos todavía no conocen el tema. La oposición a la elección de escuela es débil y continúa disminuyendo, especialmente a medida que más personas aprenden cómo funciona».
En estados como Florida, Indiana y Arizona, liderados por los republicanos, este tipo de programas incluso se han ampliado. Son 77 los que están en vigor actualmente en el país, con diferentes modalidades y limitaciones.
Este tipo de programas han recibido cuestionamientos sobre si esta propuesta implicaría desfinanciar a las escuelas públicas o desviar fondos gubernamentales hacia las escuelas privadas, pero los fondos no solo provienen del dinero público, en algunos casos incluyen donaciones privadas, como es el caso de Texas. En estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Utah, los fondos vienen de partidas estatales diferentes a las que financian a las escuelas públicas, según Education Week.
También se dice que benefician desproporcionadamente a las familias que ya tienen los medios para pagar una escuela privada. Hasta ahora, se ha visto que en estados como Arizona y New Hampshire, la mayoría de los beneficiarios no asistían a escuelas públicas anteriormente.
La propuesta de vales escolares de Texas pasará ahora al pleno del Senado para su revisión y falta ver si logrará el apoyo de la Cámara.
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