Quince estados han presentado una demanda contra la Administración Biden y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), impugnando una nueva norma que amplía las prestaciones de cobertura sanitaria en virtud de la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles (ACA, por sus siglas en inglés) a las personas a las que se ha concedido la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Norte el 8 de agosto, la demanda alega que la nueva norma desafía las leyes federales existentes que definen la elegibilidad para los beneficios públicos.
Los estados, representados por sus fiscales generales, argumentan que la norma publicada por CMS en mayo amplía ilegalmente la definición de «legalmente presente» para incluir a los beneficiarios de DACA, haciéndolos así elegibles para la cobertura de seguro de salud subsidiado por el gobierno federal.
«Los extranjeros ilegales no deberían tener un pase libre en nuestro país», dijo en un comunicado el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, quien lidera la coalición de estados. «No deberían recibir beneficios de los contribuyentes cuando llegan, y la Administración Biden-Harris no debería tener un pase libre para violar la ley federal».
Los demandantes sostienen que la norma de los CMS entra en conflicto con la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA, por sus siglas en inglés) de 1996, que restringe las prestaciones públicas federales a ciertas categorías de «extranjeros cualificados».
Según los documentos judiciales, «los extranjeros a los que se les ha concedido la acción diferida bajo DACA no están incluidos en la definición de tales extranjeros calificados».
Los demandantes argumentan que la inclusión de CMS de los beneficiarios de DACA en la categoría de «legalmente presente» contradice las definiciones legales para la elegibilidad de beneficios públicos.
La demanda afirma que la ACA ordena que solo los ciudadanos estadounidenses, nacionales o extranjeros «legalmente presentes» son elegibles para inscribirse en un plan de salud calificado a través de un intercambio subsidiado.
Los demandantes afirman que «los beneficiarios de DACA están, por definición, presentes ilegalmente en Estados Unidos», y por lo tanto no deben ser elegibles para estos beneficios. Afirman que la decisión de CMS es «contraria a la ley y arbitraria y caprichosa».
Además, los demandantes sostienen que la norma impone cargas financieras y administrativas indebidas a los estados, en particular a los que tienen intercambios ACA gestionados por el estado.
Afirman que la ampliación de la cobertura incentiva a las personas en situación irregular a permanecer en Estados Unidos, lo que aumenta la carga fiscal sobre los recursos estatales.
CMS justificó la regla, afirmando que se alinea con los «amplios objetivos de la ACA para aumentar el acceso a la cobertura de salud».
CMS también citó la importancia económica de los beneficiarios de DACA y su porcentaje desproporcionadamente alto de personas sin seguro.
La demanda busca medidas declaratorias y cautelares, solicitando a la corte que anule la regla de CMS e impida su aplicación. Los estados piden que se posponga la norma a la espera de una revisión judicial y que se prohíba a los demandados aplicarla.
Un portavoz de los CMS dijo a The Epoch Times por correo electrónico que la agencia no hace comentarios sobre litigios pendientes.
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