El embajador de Australia ante las Naciones Unidas, James Larsen, pidió al Partido Comunista Chino (PCCh) que respete los derechos humanos en Xinjiang y el Tíbet.
La declaración se hizo en nombre de 15 países, entre ellos Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Lituania, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.
En ella se exponen las múltiples conclusiones realizadas por diversos organismos, incluida una evaluación realizada hace dos años por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que concluyó que en Xinjiang se habían cometido graves violaciones a los derechos humanos y que la detención de uigures y otras minorías predominantemente musulmanas en la provincia “puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad”.
Desde entonces, otros cuatro organismos de la ONU han llegado a conclusiones similares.
Los países señalan que “el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emitió comunicaciones relativas a múltiples casos de detención arbitraria y desapariciones forzadas, y más de 20 titulares de mandatos de procedimientos especiales expresaron su preocupación por las violaciones sistémicas a los derechos humanos en Xinjiang.
Los procedimientos especiales (a veces denominados relatores especiales) son expertos independientes en derechos humanos encargados de investigar, informar y asesorar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Larsen afirma que todos estos informes se basan ampliamente en los propios registros de China, incluidas pruebas en Xinjiang de “detenciones arbitrarias a gran escala, separación de familias, desapariciones forzadas y trabajos forzados, vigilancia sistemática por motivos religiosos y étnicos; restricciones graves e indebidas a la identidad y expresión cultural, religiosa y lingüística; tortura y violencia sexual y de género, incluidos el aborto forzado y la esterilización; y la destrucción de lugares religiosos y culturales”.
En Tíbet, los órganos de tratados de derechos humanos y los relatores especiales de las Naciones Unidas detallaron la detención de tibetanos por la “expresión pacífica de opiniones políticas; restricciones a los viajes; acuerdos laborales coercitivos; separación de niños de sus familias en internados; y erosión de los derechos y libertades lingüísticas, culturales, educativas y religiosas”.
Aunque Beijing ha tenido “muchas oportunidades” para abordar estas preocupaciones, en lugar de ello calificó la evaluación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como “ilegal y nula”.
Los 15 países piden al PCCh que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente tanto en Xinjiang como en el Tíbet, y que aclare urgentemente la suerte y el paradero de los familiares desaparecidos.
“Instamos a China a que cumpla las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido voluntariamente y a que aplique plenamente todas las recomendaciones de la ONU”, dice la declaración.
“La transparencia y la apertura son fundamentales para disipar las preocupaciones, y pedimos a China que permita el acceso amplio y sin restricciones a Xinjiang y al Tíbet a observadores independientes, incluidos los de la ONU, para evaluar la situación de los derechos humanos”.
“Ningún país tiene un historial perfecto en materia de derechos humanos, pero ningún país está por encima de un escrutinio justo a sus obligaciones en materia de derechos humanos”, afirma el informe.
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