La saga legal sobre el destino de una barrera flotante de 1000 pies en el Río Grande ha entrado en una nueva fase.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el verano pasado el despliegue de una serie de boyas gigantes de color naranja en el río, cerca de Eagle Pass. Como parte de la Operación Estrella Solitaria, la iniciativa emblemática del gobernador republicano destinada a frenar los cruces fronterizos ilegales de México a su estado, las boyas están ancladas al fondo y giran para que la gente no pueda trepar por ellas ni nadar por debajo.
Tras la instalación de la barrera, el gobierno de Biden demandó a Texas exigiendo su retirada. Los abogados de Texas invocaron el derecho constitucional de cada estado a defenderse de una «invasión» —en el caso de Texas, de quienes cruzan ilegalmente el río— pero ese argumento de legítima defensa fue rechazado por el tribunal inferior, al igual que por un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
En su argumentación del miércoles ante el pleno del Quinto Circuito, compuesto por 17 miembros, los abogados de Texas y del Departamento de Justicia de EE. UU. se centraron principalmente en la cuestión de si el muro flotante del Sr. Abbott viola una ley de la era de la Reconstrucción que regula el uso de las vías fluviales.
La ley, denominada Ley de Asignación de Ríos y Puertos de 1899, prohíbe la «creación de obstrucciones… a la capacidad navegable de las aguas» a menos que lo apruebe el Congreso y lo permita el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., entidad responsable del mantenimiento del sistema de vías navegables del país para garantizar el paso seguro de las embarcaciones.
El Río Grande no está sujeto a la ley de 125 años de antigüedad, dijo Texas a la corte, argumentando que el tramo del río es demasiado rocoso y poco profundo para ser razonablemente llamado una «vía navegable».
«Durante la mayor parte de su longitud y gran parte de su historia, el Río Grande ha sido poco más que un arroyo con un excelente publicista», dijo Lanora Pettit, la principal procuradora general adjunta de Texas. «Si EE. UU. tiene razón, cualquier masa de agua se consideraría navegable y, por tanto, sujeta a la jurisdicción federal».
La Sra. Pettit argumentó además que, durante más de un siglo, se había interpretado que la Ley de Apropiación de Ríos y Puertos solo se aplicaba a las vías fluviales que, «en su condición ordinaria o natural, sirve [como] arteria del comercio interestatal a través de la cual se puede realizar o se realiza el comercio o los viajes».
Al parecer, esa interpretación no se ajusta al Río Grande, que «tiene demasiadas rocas y poca agua», argumentó. «La única razón por la que tenemos agua en ese tramo [donde se instalaron las boyas] es por el riego, y la infraestructura de riego solo lo coloca a unas 18 pulgadas de profundidad».
Argumentando en nombre del Departamento de Justicia, el abogado Michael Gray instó a los jueces de circuito a mantener la decisión del juez de distrito de que el Río Grande era históricamente navegable. Señaló el tráfico de transbordadores en la zona en el pasado, así como el uso de lanchas patrulleras por parte de los agentes fronterizos.
«La prueba más destacada es el tráfico de transbordadores, que es expresamente comercio exterior realizado en el río mediante estructuras flotantes, barcos», dijo Gray a la corte. «Ese comercio exterior es suficiente para que la zona entre dentro de las competencias del Congreso… para regular ese comercio».
El Sr. Gray también alegó que el muro flotante, que se esperaba que disuadiera la inmigración ilegal, interfería con los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en el desempeño de sus funciones.
«La Patrulla Fronteriza está en el río básicamente todos los días», dijo, enfatizando que la Patrulla Fronteriza había realizado 249 rescates en el Río Grande entre 2018 y 2023. «Hubo evidencia aquí de que cualquier obstrucción al río, incluida esta obstrucción podría perjudicar los tiempos de respuesta de la Patrulla Fronteriza, ya que la Patrulla Fronteriza realiza rescates en el río».
Los abogados también expusieron brevemente su caso sobre si la barrera flotante cuenta como un medio constitucional para defender a Texas contra una invasión.
«Asumiendo que la cuestión de la invasión no es justiciable, ¿en qué circunstancias puede Estados Unidos frustrar ese intento de autodefensa?», preguntó Gray a la jueza Edith Jones, nombrada por Ronald Reagan.
«Se necesita alguna fuerza hostil organizada», respondió el abogado del DOJ, argumentando que la afluencia de inmigrantes ilegales no es el mismo tipo de «invasión» que los redactores de la Constitución tenían en mente.
«[El argumento del gobierno de Texas] es, una vez que dicen invasión, ‘Podemos hacer lo que queramos durante el tiempo que queramos'», dijo. «No creemos que eso sea correcto».
El Quinto Circuito no indicó cuándo se pronunciaría.
El Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), también se ocupa de otra disputa entre Texas y el gobierno estadounidense. Este caso separado se centra en Shelby Park, un parque público de 47 acres en Eagle Pass que el gobierno federal había estado utilizando como zona de espera para procesar a inmigrantes ilegales.
En enero, los soldados de la Guardia Nacional de Texas desplegados por el Sr. Abbott tomaron el control de Shelby Park, y desde entonces han utilizado barricadas y concertinas para impedir que los agentes de la Patrulla Fronteriza procesen a los inmigrantes en la zona.
«El gobierno federal ha roto el pacto entre Estados Unidos y los estados», dijo el Sr. Abbott después de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. le exigió que concediera a los agentes de la Patrulla Fronteriza el acceso al parque. «En lugar de procesar a los inmigrantes por el delito federal de entrada ilegal, el presidente Biden ha enviado a sus abogados a los tribunales federales para demandar a Texas por tomar medidas para asegurar la frontera».
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