NOGALES, Arizona — Los observadores dicen que tomó al ranchero de Arizona George Alan Kelly, de 75 años de edad, solo 15 meses para perder casi todo lo que trabajó: los ahorros de su vida, la casa que era su paraíso, y su buen nombre.
A pesar del empate del jurado, que absolvió a Kelly de los cargos de asesinato en segundo grado y agresión con arma de fuego, su vida está prácticamente arruinada.
«En primer lugar, [el Sr. Kelly] ha perdido mucho dinero», declaró a The Epoch Times la abogada del Sr. Kelly, Kathy Lowthorp, con sede en Texas.
«Tuvo que conseguir una defensa legal. Tuvo que pagar a sus abogados. Tuvo que pagar su fianza», estimada en un millón de dólares, dijo Lowthorp. «Tuvo que permanecer en su propiedad sin armas para protegerse con esta cosa a su alrededor» como condición para su liberación.
«Hablemos de reputación [perdida]», dijo la abogada.
Dijo que el Sr. Kelly y Wanda, su esposa desde hace 54 años, estaban «arraigados en la comunidad», habiendo vivido en su rancho de 170 acres cerca de la frontera entre EE.UU. y México en Nogales, Arizona, durante más de una década.
Ahora están pensando en volver a su estado natal de Carolina del Norte, ya que ya no se sienten seguros en la comunidad donde algunas personas ven al Sr. Kelly como un «intolerante».
Aparte de su juicio nulo, la Sra. Lowthorp dijo que algunos residentes todavía creen que el Sr. Kelly disparó y mató a Gabriel Cuen-Buitimea, de 48 años, un inmigrante ilegal de México, que estaba invadiendo la propiedad de los Kelly el 30 de enero de 2023.
Un jurado de cinco hombres y tres mujeres deliberó durante casi tres días antes de regresar el 22 de abril, incapaz de llegar a un veredicto tras el juicio de un mes en el Tribunal Superior del Condado de Santa Cruz.
El juez Thomas Fink declaró nulo el juicio cuando el jurado regresó, estancado en una votación de 7-1 a favor de la absolución.
«El Sr. Kelly estaba tan asustado que no podía conseguir un jurado justo», dijo la Sra. Lowthorp. «Creo que la gente subestimó el grupo de jurados, y especialmente a este grupo. Sabía que tenía un grupo decente desde el principio».
Kelly decidió no testificar en su defensa y no aceptó la oferta del Estado de cumplir cuatro años en una prisión estatal a cambio de declararse culpable. Se enfrentaba a hasta 22 años de prisión si el jurado lo declaraba culpable de asesinato en segundo grado.
El acusado George Alan Kelly (I) y la abogada defensora Kathy Lowthorp (D) esperan el veredicto del jurado en el Tribunal Superior del Condado de Santa Cruz el 18 de abril de 2024.
La abogada Brenna Larkin, residente en Nogales, fue la abogada de oficio del Sr. Kelly después de que los investigadores del condado le acusaran de asesinato en primer grado.
Sin embargo, a falta de pruebas de premeditación, el estado rebajó la acusación a asesinato en segundo grado, y el Sr. Kelly contrató a la Sra. Larkin para que fuera su principal abogada defensora.
Después de que el juez declarara nulo el juicio, la Sra. Larkin dijo a The Epoch Times que se alegraba de que el estado decidiera no volver a juzgar el caso.
«El Sr. Kelly y su esposa han vivido una pesadilla durante más de un año, y por fin pueden estar tranquilos», dijo la Sra. Larkin. «Fue alentador oír que el jurado solo tenía un reticente a un veredicto de culpabilidad. El resto de los miembros del jurado decidieron declarar inocente al Sr. Kelly».
El 3 de junio, el juez escuchará los argumentos jurídicos para desestimar el caso, con o sin perjuicio.
Si el juez decide desestimar el caso sin perjuicio, el estado no podrá volver a juzgar el caso en una fecha posterior.
«La verdadera justicia en este caso requiere realmente un veredicto de inocencia, porque el Sr. Kelly es inocente», dijo la Sra. Larkin. «Tanto él como su esposa son buenas personas, y el Sr. Kelly nunca disparó a nadie».
La Sra. Larkin dijo que pensaba que el caso de la fiscalía fue «conducido pobremente». Como resultado, es dudoso que alguien sea capaz de averiguar quién mató realmente a la víctima, dijo.
«Aunque esta injusticia para Gabriel y su familia es lamentable, al menos nos complace saber que la injusticia no se agravará convirtiendo en chivo expiatorio a un hombre inocente», declaró Larkin.
«El Sr. Kelly y su esposa han quedado gravemente traumatizados por el trato recibido a lo largo de este caso, y el equipo de la defensa espera que estas buenas personas puedan recuperar sus vidas».
Al principio del caso, Ronald Martinelli, criminólogo forense, ofreció sus servicios gratuitamente al equipo de defensa del Sr. Kelly. El Sr. Martinelli habló con The Epoch Times de la participación de su empresa en casos similares en Texas, pero el del Sr. Kelly le intrigó profesionalmente.
Aquí, dijo, había un hombre que se enfrentaba a graves cargos sin pruebas físicas que demostraran su culpabilidad. Los investigadores nunca encontraron una bala, y los expertos en balística nunca determinaron el tipo exacto de arma o munición que causó la herida mortal de la víctima.
«No había ni una sola persona que pudiera testificar de forma concluyente que Gabriel Buitimea era simplemente un emigrante en busca del sueño americano», dijo el Sr. Martinelli, que se preguntó por qué una persona así necesitaría llevar una radio portátil bidireccional encriptada cuando los investigadores recuperaron su cuerpo tendido boca abajo en la tierra a 116 metros de la casa del rancho de los Kelly.
En una foto del teléfono móvil de la víctima, se la ve con un par de prismáticos de campo de 10 por 50 y una radio de dos vías, mientras lleva botas tácticas y ropa de campo.
«¿Es ese el tipo de equipo y atuendo que llevaría un tipo que está buscando un trabajo de techador en busca del sueño americano; es esa la forma de vestirse como techador?». preguntó el Sr. Martinelli.
El Sr. Martinelli dijo que el caso parecía «motivado políticamente» durante un año electoral para el sheriff del condado, David Hathaway, y el fiscal del condado, George Silva. Michael Jette, el abogado que el condado contrató para ayudar en el procesamiento del acusado, está actualmente buscando el cargo de fiscal del condado de Pima.
«De entrada, sesgo de confirmación con una extrema falta de experiencia por parte de la oficina del sheriff, la oficina de investigación y los fiscales del condado», dijo el Sr. Martinelli a The Epoch Times.
«Esto es todo lo que tenían en el momento de detener al Sr. Kelly: Tenían el aviso previo de disparos y de que él había disparado. Tenían el cadáver, y el cadáver parecía ser víctima de un disparo. Eso es todo», dijo el Sr. Martinelli.
«No tenían testigos [creíbles], ni balística, ni más pruebas balísticas que los cartuchos en el suelo, y ni siquiera tenían los cartuchos en el suelo; ni siquiera los encontraron esa noche».
Aunque los investigadores registraron la propiedad de los Kelly el 30 de enero de 2023, no pudieron localizar pruebas de los cinco hombres armados que el Sr. Kelly afirmó haber visto antes de efectuar disparos de advertencia al aire en su dirección. Los detectives del condado recuperaron el cuerpo de la víctima varias horas después de que el Sr. Kelly llamara por teléfono a la Patrulla Fronteriza para informar de su espantoso descubrimiento mientras controlaba su caballo.
El Sr. Martinelli dijo que cree que la investigación contaminó la escena del crimen al poner el cuerpo de la víctima boca arriba para determinar si seguía vivo.
Los investigadores encontraron la mochila de camuflaje de la víctima parcialmente abierta y con comida, al igual que una riñonera que vieron cerca de la víctima.
El Sr. Martinelli dijo que los investigadores forenses nunca analizaron la mochila para detectar la presencia de residuos de drogas, a pesar de que la víctima tenía pruebas de cannabis metabolizado en su sistema durante las autopsias.
La hora exacta de la muerte de la víctima sigue siendo desconocida.
Los detectives del condado recuperaron 1540 pesos mexicanos (unos 40 dólares estadounidenses) en la cartera del Sr. Cuen-Buitimea. «Ni un solo dólar estadounidense», lo que ya era sospechoso de por sí e indicaba que se trataba de un robo, dijo el Sr. Martinelli.
Daniel Ruiz Ramírez (Varela), inmigrante ilegal hondureño y traficante de drogas convicto, declaró durante el juicio ser el único testigo presencial del tiroteo mortal contra el Sr. Cuen-Buitimea. Dijo al jurado que él y la víctima se dirigían a Phoenix para trabajar como techadores en busca del «sueño americano».
«Este es el trato», dijo el Sr. Martinelli. «La familia [de la víctima] que informó a la oficina del sheriff que tenían un testigo no sabía que el verdadero nombre de Daniel Ruiz Ramírez era Varela. No lo conocían. Otra persona presentó a Varela a la familia Buitimea. Esa persona se llama Juan Carlos Rodríguez», que se identificó como tío de la víctima.
«Daniel Ruiz Ramírez es un contrabandista de drogas. Mintió en el juicio durante la audiencia preliminar —mintió a los detectives, mintió al fiscal—, dijo que se llamaba Ramírez. Descubrimos que se llama Varela. Descubrimos que es un traficante de drogas convicto. Descubrimos que había sido deportado unas 10 veces. Finalmente admitió todo eso en el juicio», dijo Martinelli.
«La cuestión que nadie quiere analizar es cómo el Sr. Rodríguez se puso en contacto con Daniel Ruiz Ramírez y lo conectó con la familia Buitimea. Cómo surgió todo eso».
«Había otro [presunto testigo] que también era un narcotraficante convicto. Se asustó y se fue a la maleza. Nunca le volvieron a coger», dijo el Sr. Martinelli.
Tras revisar las pruebas, Martinelli afirmó que su opinión profesional es que un «grupo de asaltantes» mató a la víctima en otro lugar.
Los rip crews son delincuentes que operan a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, robando dinero, drogas y propiedades a inmigrantes ilegales e incluso al cártel.
«Creemos que un grupo de asaltantes le disparó. Había muchas pruebas de un robo», dijo el Sr. Martinelli. «Fui y miré todas las pruebas de la escena del crimen. Tomé muchas fotografías de la escena del crimen».
Basándose en el alcance y el tipo de enjuiciamiento, el Sr. Martinelli estima que el estado gastó más de 1 millón de dólares para investigar y juzgar al Sr. Kelly.
«Mire todo lo que perdió. Él y su esposa perdieron los ahorros de toda su vida», dijo. «El Sr. Kelly no es el tipo de persona que va a la cárcel. Es una sentencia de muerte para él».
«Lo metieron en la población general. El Sr. Kelly me dijo que cuando estaba en su celda, los presos iban y venían y le decían: ‘Hombre muerto caminando. Hombre muerto caminando’. ¿Qué crees que significa eso? Van a apuñalar a este tipo en la cárcel».
El Sr. Martinelli dijo que los Kelly ya no se sienten seguros en su rancho cerca de Kino Springs a la luz de la cobertura mediática internacional. «¿Cómo puede alguien de unos 70 años recuperarse económicamente de esta parodia?», dijo.
El gobierno mexicano, a través de su oficina consular en Nogales, Arizona, no confirmó los informes de una posible demanda civil por homicidio culposo contra el Sr. Kelly.
Los Kelly declinaron una entrevista con The Epoch Times tras la anulación del juicio.
«No va a conceder más entrevistas. Está harto», dijo Martinelli. «Económicamente, se ha llevado por delante todos sus sueños, todos sus planes».
«Nunca lo superarán, acabe esto como acabe».
El fiscal del condado de Santa Cruz, George Silva, dijo a The Epoch Times que debido a que el caso está pendiente de una audiencia final en el Tribunal Superior, «no vamos a emitir ninguna declaración adicional en este momento». Tampoco quiso hablar del coste económico de la instrucción del caso.
En un comunicado de prensa, el Sr. Silva declaró: «Debido a las circunstancias únicas y los desafíos que rodean al caso Estado vs. George Alan Kelly, la Oficina del Fiscal del Condado de Santa Cruz ha decidido no buscar un nuevo juicio en este asunto».
«Sin embargo, la decisión de nuestra oficina en este caso no debe interpretarse como una posición sobre futuros casos de este tipo. Nuestra oficina está obligada por ley a perseguir los actos delictivos, y nos tomamos en serio el mandato legal.
«Revisaremos los hechos de cada caso a medida que se presenten ante nuestra oficina, y seguiremos persiguiendo todos los actos delictivos que se produzcan dentro de nuestra jurisdicción cuando exista una base fáctica y jurídica para el enjuiciamiento».
La Sra. Lowthorp dijo que el acusado pasó tres semanas en régimen de aislamiento en el calabozo del condado antes de pagar una fianza por su seguridad personal. Duda que el estado pueda presentar pruebas más sólidas incluso si el juez decide desestimar el caso sin perjuicio.
«Míralo de esta manera», dijo Lowthorp. «Todas las pruebas, todas las personas han seguido adelante. El caso es cada vez más difícil de tratar. No creo que encuentren nada que pueda cambiar» el caso
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