Un rancho ganadero de usos múltiples en la costa de California con propiedad privada frente a la playa está demandando al estado por una nueva ley que otorga a los funcionarios estatales amplios poderes para realizar allanamientos e inspecciones sin orden judicial en la propiedad con la esperanza de obtener acceso público a sus playas en el futuro.
La demanda, citada como Hollister Ranch Owners Association vs. Becerra, fue presentada el mes pasado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Debido a que hace cumplir las leyes del estado, el Fiscal General de California, Xavier Becerra, un demócrata, es nombrado como demandado. «Nos negamos a comentar por ahora», dijo la portavoz de Becerra, Sarah Lovenheim, en un correo electrónico.
Según Pacific Legal Foundation (PLF), el rancho Hollister, en el condado de Santa Bárbara, ha sido un rancho ganadero en funcionamiento durante 150 años y hoy en día produce cerca de 500 millones de kilos de carne vacuna al año. PLF es un bufete de abogados de interés público con sede en Sacramento, California.
La comunidad cerrada consiste en unas 136 parcelas de propiedad privada, algunas de las cuales tienen casas, distribuidas en 56,656 metros cuadrados. Hay alrededor de 100 casas en total en grandes parcelas subdivididas de tierras agrícolas.
La administración del rancho dice que ha restringido cuidadosamente el desarrollo de la propiedad a lo largo de los años «para proteger el medio ambiente existente y el estilo de vida y la cultura rural occidental tradicional, a la vez que se fomenta el acceso estratégico público, educativo y científico», según la denuncia.
El rancho también incluye unos 13,68 kilómetros en la costa del Pacífico, que consiste en playas en gran parte intactas, costas rocosas, riachuelos, acantilados empinados y laderas onduladas. Debido a que la actividad humana en la orilla se mantiene al mínimo, se dice que las pozas de marea en la costa están entre las menos perturbadas de todas en el sur de California, según la demanda.
Pero la administración del rancho y los propietarios están enojados por la AB 1680, una ley de California que entró en vigor el 1 de enero, que otorga a las agencias estatales autoridad ilimitada para entrar y registrar el rancho, incluyendo las casas de los empleados, los graneros y otras estructuras, a voluntad con el fin de poner la tierra privada a disposición del público.
La ley estatal «declara que los funcionarios y agentes de la Comisión Costera de California y otros tres organismos estatales ‘tendrán acceso’ a todas las áreas comunes dentro del rancho con el fin de buscar ‘recursos’ y posibles formas de que el público atraviese las tierras del demandante», según la demanda.
Cualquiera que intente «retrasar» o «impedir» a los funcionarios puede enfrentarse a multas que llegan a un máximo de 22,500 dólares por violación por día, aunque el estatuto «no define lo que constituye una ‘acción’ prohibida que ‘impide’, ‘retrasa’ u ‘obstruye’ la aplicación de un programa de acceso público al Rancho».
PLF argumenta en la demanda que el gobierno no puede autorizar la invasión y los registros de propiedad injustificados, la toma de propiedades sin compensación y las severas sanciones financieras, y que la ley AB 1680 viola la Constitución de Estados Unidos de tres maneras diferentes.
El abogado J. David Breemer, de Pacific Legal Foundation, dijo a The Epoch Times que sus clientes están exasperados por la gran vaguedad y amplitud de la ley AB 1680.
«¿Es una violación continuar deteniendo a alguien en la puerta de la casa para comprobar su identificación?», dijo Breemer. «Nadie lo sabe».
«¿Es una violación a las autoridades mientras caminan por ahí? ¿Nadie sabe qué comportamiento está permitido o no? Presentar una demanda: ¿Es una violación?»
El rancho, añade, no está desafiando el objetivo de acceso público «sino que está desafiando los medios para llegar a la meta como irrazonables y exagerados».
«El Estado ha decidido utilizar un enfoque severo para conseguir lo que quiere en el rancho sin respetar los derechos de propiedad de los propietarios, sus puntos de vista y su forma de vida», dijo Breemer.
Los del rancho «han preservado este lugar en un estado prístino, así que es una bofetada que el estado entre y diga que vamos a entrar y traer al público con nosotros».
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