El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que los reclusos federales que fueron liberados anticipadamente debido a la pandemia de COVID-19 pueden permanecer en sus hogares.
La orden del Departamento de Justicia a la Oficina de Prisiones revierte una decisión anterior que habría obligado a muchos a volver a la cárcel.
«Miles de personas en reclusión domiciliaria se han reconectado con sus familias, han encontrado un empleo remunerado y han cumplido las normas», dijo el martes el fiscal general Merrick Garland en una declaración. «A la luz del dictamen de hoy de la Oficina de Asesoría Jurídica, he ordenado que el Departamento inicie un proceso de elaboración de normas para garantizar que el Departamento cumpla con la letra y el espíritu de la Ley CARES».
La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia emitió previamente un dictamen en el que afirma que la Oficina de Prisiones no tiene autoridad jurídica para mantener a los reclusos en sus casas una vez que ha finalizado la emergencia de COVID-19.
«Ejerceremos nuestra autoridad para que no se devuelva innecesariamente a la cárcel a aquellos que han hecho progresos en su rehabilitación y han cumplido las condiciones del confinamiento en casa, y que en interés de la justicia deben tener la oportunidad de continuar su transición hacia la sociedad», añadió Garland. El martes, el fiscal general se reunió con varios reclusos que estaban en confinamiento domiciliario.
Cuando el Congreso aprobó la Ley CARES en 2020, proporcionó al Departamento de Justicia más autoridad para liberar a algunos reclusos federales de niveles menores en confinamiento domiciliario, en un intento de aliviar el hacinamiento y reducir la propagación del COVID-19 en las instalaciones penitenciarias.
En marzo de 2020, el entonces fiscal general William Barr ordenó a la Oficina de Prisiones que ponga en libertad a los reclusos no violentos si cumplían ciertos criterios. Más tarde amplió el alcance de los presos que podrían cumplir los requisitos, diciendo que la Oficina de Prisiones se enfrentaba a una emergencia debido a la pandemia.
En abril de 2021, un funcionario del sindicato de la Oficina de Prisiones, Joe Rojas, dijo a Reuters que los centros penitenciarios federales ya no tienen el personal necesario para supervisar a los miles de presos que fueron puestos en libertad anticipadamente y que estaban programados para volver a la cárcel.
«No tenemos el personal», dijo Rojas, vicepresidente del Consejo de Locales Penitenciarios de la Región del Sudeste, a la agencia de noticias en ese momento. «Ya estamos en el caos como agencia».
Aunque el anuncio del martes da a la agencia federal de prisiones discreción para mantener a los reclusos en casa, no garantiza que todos los enviados a casa puedan calificar. Los presos que violen los términos y condiciones de la agencia podrían ser enviados de vuelta.
La medida de Garland esta semana esencialmente revierte una política de la administración Trump que se inició a principios de este año. El Departamento de Justicia había enviado un memorando en el que se estipulaba que los reclusos que no habían cumplido su condena durante la pandemia de COVID-19 tendrían que volver a la cárcel para hacerlo.
La Oficina «debe volver a enviar a los presos en confinamiento domiciliario a los centros penitenciarios una vez que expire esa autoridad, a menos que sean elegibles para el confinamiento domiciliario», indica un memorando del Departamento de Justicia (pdf) publicado a mediados de enero de 2021, pocos días antes de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo.
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