El Departamento de Seguridad Nacional deportó, desde el mes de mayo de este año, a más de 380,000 inmigrantes que intentaron entrar ilegalmente a Estados Unidos, según las autoridades fronterizas.
Las expulsiones realizadas bajo el Título 8 incluyeron a más de 60,000 miembros de unidades familiares, lo que representa una cifra récord para ese periodo de tiempo.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, realizaron decenas de vuelos de expulsión a todo el mundo, incluyendo destinos a Centro y Sudamérica. Adicionalmente, más de 5000 personas procedentes de México fueron devueltas a su país.
Estos cientos de miles de individuos tienen prohibido solicitar la admisión a Estados Unidos por lo menos en los próximos cinco años. También pueden ser sometidos a un posible proceso penal si vuelven a intentar ingresar sin autorización.
Las deportaciones son parte de la estrategia de la administración Biden para gestionar la crisis en la frontera, donde ocurrieron más de 3.2 millones de detenciones de migrantes que intentaron entrar a Estados Unidos de forma ilegal, en el ańo fiscal 2023.
“Continuaremos repatriando a su país de origen a los no ciudadanos que no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, dijo Corey Price, Director Ejecutivo Asociado de Operaciones de Deportación y Control del ICE.
En las últimas semanas, las autoridades enviaron más de 30 vuelos de deportación a diferentes países, luego que octubre iniciaran con los vuelos de deportación hacia Venezuela. La CBP argumenta que esto habría provocado una disminución del 65 por ciento de las detenciones de venezolanos en la frontera suroeste.
La administración Biden “ha liderado la mayor expansión de vías legales en décadas”, dijo la subsecretaria interina de Seguridad Nacional, Kristie Canegallo. Esto incluye programas como el parole humanitario y el Estatus de Protección Temporal (TPS) del que gozan algunos países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros.
La actual administración también eliminó el Título 42, una política de la era Trump que permitía a los solicitantes de asilo esperar el procesamiento de sus solicitudes en México o en sus países de origen. Esto ha permitido la liberación de miles de inmigrantes al interior de Estados Unidos.
A pesar de los esfuerzos del gobierno federal, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha catalogado las cifras como “alarmantes” y atribuyen la situación a las llamadas “políticas de fronteras abiertas”.
«Mayorkas simplemente continúa redoblando sus programas de libertad condicional masiva, incentivando y facilitando la entrada de extranjeros que de otro modo serían inadmisibles a los Estados Unidos a una escala nunca antes vista», señaló en octubre el Comité.
Recientemente, también se encendieron las alarmas por la liberación de más de 7000 Extranjeros con Intereses Especiales (SIA) que ingresaron a Estados Unidos usando la plataforma CBP One. Algunos temen una posible infiltración de terroristas a través de la frontera sur.
Esto ocurre mientras varios congresistas están pidiendo la destitución del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la crítica situación en la frontera.
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