El régimen chino comete y permite la trata de personas, principalmente sometiendo a las minorías religiosas y étnicas a trabajos forzados, según el último Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El trabajo forzoso en China es tan frecuente —que equivale a una «política o patrón gubernamental»— llevado a cabo por funcionarios del Partido Comunista Chino (PCCh) a todos los niveles, según el informe.
Además, los ciudadanos chinos han sufrido trabajos forzados en los proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, en inglés) en el extranjero debido a la negligencia del régimen a la hora de supervisar la contratación y las condiciones laborales, añadió el informe.
Durante el período reportado —de abril de 2021 a marzo de 2022— China mostró indicadores de trabajo forzado autorizado por el Estado, no cumplió con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas y no hizo esfuerzos serios para combatirla, lo que hizo que el país se ubicara en el nivel más bajo de las naciones, dijo el Departamento de Estado en el informe.
Trabajos forzados en los centros de detención
Los trabajos forzados fomentados por el Estado se producen principalmente en el marco de la campaña de «detención masiva y adoctrinamiento político» del PCCh dirigida contra los uigures y otras minorías musulmanas o turcas en la región china de Xinjiang, según el Departamento de Estado.
Entre las víctimas se encuentran tibetanos, cristianos y miembros de otras minorías étnicas y religiosas reprimidas, como los practicantes de Falun Gong.
El PCCh «subyuga y explota a las poblaciones minoritarias en trabajos forzados en campos de internamiento con el pretexto de combatir el extremismo violento y otros males sociales», señala el informe.
«Las autoridades siguieron ampliando la magnitud de los delitos de tráfico en el país y en el extranjero, incluso perpetrando un genocidio», añadió.
Un tribunal popular independiente, conocido como Tribunal Uigur, dictaminó en diciembre de 2021 que el régimen chino había cometido un genocidio contra los musulmanes étnicos de Xinjiang, mediante una serie de actos represivos que incluían el internamiento masivo, la separación de familias, las esterilizaciones y los trabajos forzados.
Las Naciones Unidas estiman que más de un millón de uigures han sido detenidos en campos de internamiento en Xinjiang.
Estos campos de internamiento están «diseñados para borrar las identidades étnicas y religiosas con el pretexto de la ‘desradicalización'», según el Departamento de Estado.
Los detenidos pueden ser sometidos a trabajos forzados dentro de los campos de internamiento o en fábricas cercanas o externas. Los bienes producidos van desde prendas de vestir hasta productos electrónicos de consumo, mascarillas, componentes de automóviles y decoraciones navideñas, entre muchos otros.
Las empresas nacionales se ven incentivadas a abrir fábricas cerca de los campos de internamiento mediante recortes fiscales y subvenciones, así como a acoger a los detenidos trasladados desde otras provincias, según se indica en el informe.
También se incentiva a las autoridades locales para que lleven a cabo trabajos forzados, ya que se les conceden fondos «por cada recluso que se ve obligado a trabajar en estos lugares por una fracción del salario mínimo o sin ninguna compensación», se lee en el informe.
También se anima a los funcionarios locales a cumplir las cuotas de detención para mantener el sistema en funcionamiento. Lo consiguen realizando detenciones arbitrarias y acusando a las personas de falsos delitos penales o infracciones administrativas, como la violación de la normativa sobre nacimientos. Estos datos fueron extraídos de los documentos oficiales del régimen, según el Departamento de Estado.
Trabajos forzados sin internamiento
Además de ser sometidas a trabajos forzados bajo detención, las víctimas son coaccionadas a realizar trabajos forzados mediante amenazas de internamiento. También se les traslada a fábricas de otras provincias en el marco de programas de «alivio de la pobreza».
China «ha colocado supuestamente a 2.6 millones de miembros de comunidades minoritarias en puestos de trabajo agrícolas y manufactureros dentro de Xinjiang y en todo el país a través de iniciativas de ‘mano de obra excedente’ y ‘transferencia de mano de obra’ patrocinadas por el Estado, con indicadores de trabajo forzoso manifiestos», afirma el informe.
«El gobierno ha transportado al menos a 80,000 de estas personas a otras provincias para que realicen trabajos forzados bajo la apariencia de programas de alivio de la pobreza y de ayuda industrial», añadía.
La trata de personas vinculada a la Franja y la Ruta de China
Al parecer, el régimen chino ha omitido la supervisión de los canales de contratación, las condiciones laborales y los contratos de los proyectos de la BRI, lo que dio lugar a que ciudadanos chinos fueran engañados para trasladarse al extranjero, donde fueron sometidos a trabajos forzados y otros abusos, según el informe.
La BRI —una herramienta para la expansión global del PCCh— financia enormes préstamos a las naciones en desarrollo para la construcción de infraestructuras. Los bancos estatales chinos proporcionan a los países préstamos que, según los expertos, exponen a las naciones al riesgo de cargar con niveles de deuda insostenibles.
Los préstamos se utilizan para pagar a empresas chinas para que construyan infraestructuras, incluyendo el desarrollo de carreteras, puertos, centrales eléctricas, minas, telecomunicaciones o instituciones bancarias. Los ostentosos proyectos se han descrito como parte de la llamada diplomacia de la trampa de la deuda, ya que los préstamos, a menudo impagables, obligan a los países a devolver a China con bienes o tierras.
Los ciudadanos chinos empleados en los proyectos de la BRI en el extranjero han sufrido trabajos forzados en obras financiadas total o parcialmente por Beijing, empresas chinas o ciudadanos chinos, dijo el Departamento de Estado.
Los chinos y «los nacionales del país anfitrión empleados en algunos proyectos de construcción, operaciones mineras y fábricas de la BRI en países de África, Europa, Oriente Medio, Asia, el Pacífico, América Latina y el Caribe experimentan un reclutamiento engañoso en régimen de servidumbre por deudas, embargos o retenciones arbitrarias de salarios, irregularidades en los contratos, confiscación de la documentación de viaje e identidad, horas extraordinarias forzadas y penalizaciones por renunciar», dice el informe.
Tal fue el caso de Li Wei y Mao Chen, dos ciudadanos chinos reclutados para un proyecto rural del BRI en Indonesia, que incluía vuelos, alojamiento, comida y salarios. Sin embargo, una vez en la planta de fundición, se les confiscaron los pasaportes y fueron sometidos a trabajos forzados, trabajando 16 horas al día sin salario, según el informe. Fueron alojados en pequeñas habitaciones, vigilados por guardias armados.
Posteriormente, un subcontratista se hizo cargo de sus contratos, pero sus condiciones laborales no cambiaron. Aunque Li escapó de las instalaciones, Mao siguió siendo sometido a trabajos forzados.
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