Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, el Partido Comunista Chino (PCCh) anunció sanciones a los exfuncionarios de la administración Trump, incluido el exsecretario de Estado Mike Pompeo y el exasesor de seguridad nacional Robert O’Brien, en respuesta a sus políticas duras contra China.
La medida se produjo un día después de que Pompeo declarara la represión del PCCh contra los musulmanes uigures en la región de Xinjiang como un «genocidio».
El régimen chino sancionó a 28 personas el 20 de enero. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores los acusó de «violar gravemente la soberanía de China», y agregó que ellos fueron «responsables» de «una serie de acciones absurdas» que «interrumpieron gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos».
Entre los sancionados se encuentran funcionarios de alto nivel de la administración del expresidente Donald Trump, incluido Pompeo; O’Brien; el exasesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro; el exasesor adjunto de seguridad nacional Matthew Pottinger; el exsecretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar; la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU Kelly Craft; David Stilwell, exsecretario de estado adjunto de la Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico; y Keith Krach, exsubsecretario de estado de Crecimiento Económico, Energía y el Medio Ambiente.
John Bolton, el anterior asesor de seguridad nacional de Trump, y Stephen Bannon, quien anteriormente se desempeñó como jefe de estrategia de Trump en la Casa Blanca, también fueron sancionados.
Los sancionados y sus familiares inmediatos tienen prohibido ingresar a China continental, Hong Kong y Macao, según el portavoz. Las personas y las «empresas e instituciones asociadas» con ellos también tendrán restricciones para hacer negocios con China, agrega el comunicado.
Los exfuncionarios estadounidenses sancionados estuvieron involucrados en la respuesta de la administración Trump hacia las amenazas planteadas por el PCCh. La cual incluyen sanciones contra los funcionarios del PCCh por abusos de derechos en Xinjiang y Hong Kong, prohibir las inversiones estadounidenses en empresas chinas con vínculos con el ejército, y convencer a los aliados de que excluyan al gigante chino de las telecomunicaciones de las redes 5G en todo el mundo por amenazas a la seguridad nacional.
Azar y Krach visitaron Taiwán el año pasado, convirtiéndose en los funcionarios estadounidenses de más alto nivel desde que Estados Unidos cambió las relaciones formales de Taiwán a China en 1979. Craft también debía visitar la isla la semana pasada, pero terminó hablando con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen por teleconferencia tras cancelarse el evento debido a las actividades de transición. Las visitas de alto nivel, así como el compromiso creciente de la administración Trump y la venta de armas a la isla democrática, enfurecieron a Beijing, que ve a Taiwán como parte de su territorio.
En uno de sus actos finales como secretario de Estado, Pompeo declaró que el régimen ha cometido «genocidio y crímenes de lesa humanidad» contra los uigures y otras minorías musulmanas en la región occidental de Xinjiang. La elección de Biden para secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en una audiencia en el Senado el martes que estaba de acuerdo con la designación. También reconoció la grave amenaza que representa el régimen y se comprometió a trabajar con aliados para hacer retroceder a Beijing.
La represión del PCCh en la región, perpetrada a través de su red de campos de internamiento y sistema de vigilancia masiva, ha generado un rechazo internacional. Con el pretexto de combatir el “extremismo”, el régimen ha detenido a más de un millón de habitantes de la región y los ha sometido a esterilización forzada, trabajo forzado, y tortura.
Beijing, que niega las atrocidades, arremetió contra Pompeo durante una conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores el miércoles, llamándolo un «payaso catastrófico», mientras describía la designación como un «pedazo de papel usado».
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