El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 3126 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril de 2018 en ese país.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 86 nicaragüenses y 14 extranjeras, fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
De acuerdo con la cartera de Gobernación, las 86 ONG nicaragüenses están en abandono o incumplieron sus obligaciones, entre ellas que no reportaron por períodos de entre 2 y 24 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.
En el caso de las 14 ONG extranjeras, entre ellas 9 de Estados Unidos, fueron disueltas bajo el argumento de que estaban en abandono y llevaban entre 2 y 4 años incumpliendo sus obligaciones.
Del total de ONG ilegalizadas, 3102 lo fueron a partir de marzo de este año, según un informe de 18 organizaciones que denunciaron recientemente en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según ellas, la «extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua».
«Ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad»
A través de una declaración pública, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en San José, condenó «la cancelación arbitraria» de la personalidad jurídica de esas nuevas 100 ONG, entre ellas la Fundación Yo Quiero Ser Feliz, Asociación de Ciegos Unidos de Nicaragua, Asociación de Amigos de la Policía Nacional, Asociación Cristiana Sueños de Dios y Fundación Nicaragüense de Lucha contra la Diabetes.
Según ese organismo humanitario, el propósito del régimen de Ortega «es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad, perseguir a quienes opinan diferente, y establecer un pensamiento único violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
«Continúan atentando contra la libertad y el derecho de asociación de la población nicaragüense. Expresamos nuestra solidaridad con las personas víctimas y beneficiarias de las organizaciones canceladas. Exigimos el cese de la represión», añadió ese Colectivo.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 6000 registradas estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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